El 55% de los niños y jóvenes en Puerto Rico, o cerca de 297,526 menores, viven bajo condiciones de pobreza, reveló el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ).
El dato surge del Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico 2023, un análisis y herramienta del IDJ que lleva en pie diez años y provee datos extensos sobre los 78 municipios para evaluar la calidad de vida de la niñez y juventud de cero a 17 años en Puerto Rico. Cubre 27 factores en las áreas de economía, familia, educación, salud y seguridad. Contrario a los estudios anteriormente disponibles, este posibilita la comparación de la Isla entre las jurisdicciones de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los 78 municipios del archipiélago puertorriqueño.
“Se observa un progreso limitado en las mejoras de las condiciones de vida de los menores en Puerto Rico”, aseguró la analista de la indagación, Valerie Blakely.
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“Hay soluciones, el reto es saber si estamos dispuestos a encaminarlas”, estableció la directora de la investigación, María Enchautegui, al establecer que el Gobierno de la Isla es responsable de atender las carencias de la juventud actual y ofrecerle mayor estabilidad económica a los cuidadores principales. Asimismo, prometió que el IDJ velará por el cumplimiento de la Ley 84 para que reduzca la pobreza infantil a la mitad en los próximos diez años.
El estudio también evidenció que cinco de cada diez menores entre los 3 a 4 años no están matriculados en educación escolar.
Uno de cada dos niños en edad temprana y de bajos ingresos no está participando de la asistencia del gobierno de cuido y educación preescolar, a pesar de los beneficios que estos suponen para su desarrollo integral, indicó la gerente de las estadísticas del Instituto, Caridad Arroyo.
“Hace falta fortalecer las dinámicas de cuido y educación preescolar”, dijo Arroyo, teniendo presente que hay un consenso a nivel gubernamental que ha confirmado esta necesidad y las consecuencias de esta carencia, que es multigeneracional.
Asimismo, las panelistas recordaron que en Puerto Rico 51 mil niños en las edades de cero a cuatro años viven en situaciones de precariedad económica, viviendo en núcleos familiares cuyo ingresos alcanzan un máximo de tan solo 30% por encima de los niveles de pobreza del Censo.
“Hay una gran brecha por recorrer para tener más acceso y que las familias puedan tener estabilidad socioeconómica”, lamentó Arroyo.
Por otro lado, la indagación expuso que desde 2011 hasta 2021 hubo una disminución en el número de núcleos familiares con menores donde uno o ambos padres están fuera de la fuerza laboral. Reveló que los pueblos con más menores cuyos padres están sin empleo son Guánica, Adjuntas, Naranjito, Las Marías y Florida. A pesar de esta disminución, Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción menos favorable en este aspecto en comparación al resto de los estados.
A esto, Arroyo subrayó la relación entre la capacidad de los cuidadores principales poder reinsertarse o mantenerse en el campo laboral y el desarrollo de habilidades socio cognitivas de cada menor. “Existen estudios científicos que respaldan que el cerebro se desarrolla mejor en entornos seguros y libres de estresores”, confirmó la experta.
La investigación también encontró que el pueblo de Naranjito ocupa la posición de peores condiciones socioeconómicas, con una mediana de ingreso de $11,396 anuales, seguido por Mayagüez que sostiene una de $11,643. A estos les siguen los municipios de Florida, Comerío y Aguadilla.
De manera similar, los cinco municipios con el mayor número de menores bajo los niveles de pobreza son Vieques con un 86%, Lajas con 81%, Maricao y Adjuntas con 78%, y Florida con un 77%.
Sostuvo que el 61% de las familias reciben el beneficio del programa de asistencia nutricional (PAN), posicionando a la Isla como la jurisdicción con el mayor número de receptores de esta ayuda. Los municipios con mayor necesidad del PAN son Guánica, donde un 84% de su población recibe esta ayuda y Ciales con un 74%. A estos les siguen Jayuya, Lajas y Yabuco.
Por otro lado , se redujo de 18% a 8% la cantidad de madres entre 15 a 50 años que dieron a luz sin tener un diploma de 4to año. Incluso, bajó significativamente la tasa de nacimiento entre adolescentes entre los 15 a 18 años. Específicamente, en 2011 eran 52 por cada 1000 habitantes y en 2021 fueron 13.
Enchautegui propuso una serie de iniciativas que pudieran resultar en las mejoras de estos hallazgos. Indicó que la creación de empleos a través de la expansión de los empleos subsidiados por el gobierno para jóvenes y encargados, u ofrecer un crédito tributario de oportunidades de trabajo local. También, planteó el desarrollo de destrezas a través de adiestramientos laborales y facilitar la obtención de diplomas de escuela superior y grados asociados.
Sugirió remover barreras al empleo como acceso universal a servicios de desarrollo temprano a los menores de 0 a 5 años, ampliación de programas de horario extendido para niños de 5 a 17 años en edad escolar, o implementar modelos de dos generaciones para toda la familia en las escuelas públicas.
Sugirió ofrecer mayor seguridad económica y apoyo al trabajo, es decir, asegurar, aumentar y promocionar el crédito por trabajo. Es decir, que el gobierno le devuelva dinero a los trabajadores con salarios bajos. También, mencionó la posibilidad de expandir el Child Tax Credit (CTC) a familias con niños de 1 y 2 años, formando programas universales de transferencias directas para las familias con niños.
Por su parte, el IDJ prometió continuar velando por el cumplimiento de la ley 84, seguir investigando la necesidad y el acceso a cuidos y publicar los resultados de una encuesta que revela cuáles son las barreras al empleo que enfrentan las familias por la caída abrupta de los beneficios.
