Los pacientes con trastornos severos de salud mental y sus familiares enfrentan serios escollos para encaminar su tratamiento, los que entorpecen y afectan sus posibilidades de manejo adecuado y rehabilitación. Entre estos, falta de acceso a información, tabúes, escasez de servicios y trabas por parte de los planes médicos para costear los tratamientos.
“El problema es tanto social, como sistemático”, dijo la psicóloga clínica y actual presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), Patricia Landers Santiago al comentar sobre las luchas principales que enfrentan las familias con trastornos severos. Apuntó que, a pesar de que generalmente se piensa que las opciones alternativas al plan del Gobierno sean mejores, la mayoría de los obstáculos que enfrenta esta población son vistos tanto en el ámbito público como privado.
Primeramente, mencionó a la falta de educación o acceso a información sobre lo que son los trastornos de salud mental, las señales de alerta de estos y cómo apoyar a las personas afectadas por estas condiciones y a sus cuidadores.
“A veces reconocer estos factores de riesgo es difícil y muchas veces se debe a la falta de conocimiento y los tabúes relacionados a lo que es la salud mental”, reconoció la psicóloga clínica y escolar, factor con el que coincidió la pasada presidenta de la APPR, Migna Rivera García.
Por su parte, la doctora Karen Martínez González, directora de la Escuela de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), añadió que existe una necesidad urgente por servicios de rehabilitación. Explicó que en la Isla existe un sistema de servicios de salud mental basado en el surgimiento de crisis o fijado en asegurar que la persona no sea un riesgo para ella misma o para otros. Sin embargo, opinó que hay escasos recursos para evitar el deterioro o lidiar con los daños.
“Se trata de una situación que si no se trabaja a tiempo y no hay un trabajo de prevención al deterioro, la persona puede llegar a perder su capacidad para funcionar de manera independiente, lo que requiere cuidado médico diario”, expuso Martínez González.
Por este motivo, entiende que deben haber servicios que puedan identificar estas condiciones cuando están comenzando para poder intervenir y prevenir los efectos del mal manejo de estas.
Cuando surgen estas señales de alerta, muchas familias, no conocen el diagnóstico, no saben identificar lo que está ocurriendo, no tienen la educación necesaria para saber cómo manejarlo y tampoco saben si es crónico. Consecuentemente, no saben a dónde ir para conseguir los servicios específicos para trabajar con la situación y evitar el deterioro, aseguró la también psiquiatra de niños y adolescentes Martínez González.
Alertó que si no se dan las intervenciones necesarias, los pacientes con trastornos severos pasan a depender de un familiar o cuidador que se dedique a él o ella. Esto puede provocar un burnout o el deterioro del cuidador. De manera subsiguiente, sin cuidador, la persona cae a ser responsabilidad del estado.
De manera similar, Rivera García comentó que hay una falta de recursos de apoyo para quienes no gocen de un cuidador. “Mientras sean menores o adolescentes hay personas que se encargan de ellos, pero mucha de la población adulta no necesariamente tienen estos recursos de apoyo”, sostuvo.
El segundo factor mencionado por Landers Santiago fue la carencia del acceso a los servicios necesarios para atender todas las necesidades de las personas con estas condiciones. Por su parte, Rivera García, añadió que la fuga constante de profesionales en salud mental provoca una carencia de recursos.
Citó al informe de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) sobre los servicios de APS, que confirma la crisis de salud mental. Los participantes de este informe confesaron que, según su propia experiencia, consideraban que para recibir servicios de salud mental y un buen turno tenían que despertarse sumamente temprano y, aún así, criticaron a los servicios que reciben describiéndolos como limitados.
Estableció que el informe repite que el número de profesionales de salud obviamente no da abasto para cubrir la demanda. Como resultado, los encuestados afirmaron concebir a los servicios disponibles como muy rápidos y automáticos, sin empatía ni coordinación.
Mientras, el informe señala que hay una falta de psicólogos y psicólogas, específicamente en el área central del país. Resaltó que de los municipios de la región central y noreste, 32 no tienen psiquiatras, 15 no tienen psicólogos y los servicios están prestados por telemedicina. Determinó que estos factores afectan la calidad de la atención y el tratamiento médico prestado, poniendo en mayor vulnerabilidad a este sector.
Como tercer punto, Landers Santiago apuntó a las aseguradoras y los planes médicos. Por un lado, argumentó que el plan vital provisto por el Gobierno limita los servicios. Justificó su planteamiento resaltando que muchos profesionales no lo aceptan. Por encima de esto, las citas son distantes así que el seguimiento no es constante. Se hace casi imposible proveer un servicio consistente que cumpla con las pautas y la línea de tiempo recomendados por las entidades de salud mental.
Rivera García agregó que la APPR realizó una encuesta para conocer la situación laboral de los psicólogos. El análisis encontró que un 85% de los profesionales de salud mental entrevistados no trabajan con el plan del Gobierno porque hay bajas tarifas y establecieron que no es fácil unirse a la red de estos proveedores.
Por otro lado, Landers Santiago detalló que un alto porcentaje de profesionales están dejando de ser proveedores de los planes privados por las tarifas tan bajas y por la tardanza de los pagos. Consideró que ninguna de las dos opciones, privada o pública, asegura acceso a los servicios necesarios para familias con condiciones de salud mental severas.
“Muchas veces incluso las aseguradoras quieren determinar el tratamiento”, lamentó Landers Santiago al considerar que se trata siempre de una empresa que busca hacer dinero, pero no siempre el medicamento o tratamiento menos costoso es el más adecuado. Puntualizó que en la salud mental específicamente, hay personas que, a pesar de tener las mismas condiciones, no pueden tener el mismo tratamiento.
Mientras, Martínez González opinó que otro factor que debe de ser considerado al hablar de las luchas de este sector es la carencia de tratamientos basados en evidencia y los gastos económicos que suponen los servicios de salud mental.“Los planes médicos cubren lo básico, pero siempre hay gastos adicionales como transporte, deducibles y tratamientos adicionales”, criticó.
