La líder comunitaria Nilda Álvarez murió asesinada a solo unas horas de haber compartido en las redes sociales el almuerzo que se había preparado.
Bajo la foto de un plato de salmón en salsa de espárrago, hacía chistes con su foto y decía que pocas veces se cocinaba.
Así lo relató su amiga Gloribel Delgado Esquilín tras enterarse de la terrible noticia de la muerte de Álvarez en su apartamento en Río Piedras.
“Una mujer tan buena con un final tan morboso. ¿Qué país hemos creado? ¿Qué vamos a hacer para revertir semejante veneno? Me duele tanto. Necesitamos un Estado de Emergencia YA. La violencia machista sigue cobrando vidas inocentes”, expresó Delgado Esquilín en un publicación en Facebook, donde también compartió una foto con su amiga fallecida.
La mujer de 64 años fue encontrada sin vida en el cuarto de su apartamento, con heridas en el rostro y ropa enrollada en el cuello. Todavía la Policía investiga el móvil del asesinato y no tiene ningún sospechoso. Sin embargo, se sabe que Álvarez había radicado dos órdenes de protección contra su exesposo en el 2018.
Además de Delgado Esquilín, el hijo de Álvarez, Omar Crespo, y otros familiares y amigos han pedido a través de las redes sociales que su asesinato se esclarezca y se tome acción para evitar más muertes de mujeres. También, sus allegados y organizaciones feministas piden que se active de inmediato un Estado de Emergencia por violencia hacia las mujeres.
Justicia para Nilda y las mujeres
“Con dolor y rabia exigimos justicia para Nilda. Que no queden impunes los crímenes contra las mujeres. Necesitamos cambiar esta sociedad desde la raíz. Nuestras mujeres necesitan cambios estructurales para proteger sus vidas. Un estado de emergencia y educación con perspectiva de género son pasos esenciales”, manifestó Enrique José Fortuño, hijo de la pareja de Álvarez.
Nereida Valentín, especialista en coordinación de programas y medios de comunicación de la organización Coordinadora Paz para la Mujer, aseguró que el Estado no considera los feminicidios como una prioridad, que amerita que se tomen medidas como la declaración de un Estado de Emergencia.
“El caso de Nilda consternó a toda la comunidad, porque no solamente era una mujer activista en su comunidad, sino porque también siempre llevaba la portavocía con las sobrevivientes y víctimas de violencia doméstica, y ella fue una de muchas mujeres que tomaron las medidas que nosotras le indicamos que tomen: solicitó una orden de protección, aunque aún no sabemos quién fue la persona que cometió este crimen, sabemos que ella sí tenía un historial de violencia con su exesposo”, indicó.
El 27 de octubre, la líder comunitaria había cambiado su foto de perfil en Facebook por una con un filtro que leía: “Nacimos para ser libres. No asesinadas”.
Agregó que las mujeres están rompiendo con los ciclos de violencia, pero el Estado no las protege ni les garantiza que las medidas de protección que están tomando vayan a salvar sus vidas.
Dijo que su organización no ha visto cómo ha estado respondiendo la Orden Ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez en octubre para luchar contra la violencia hacia las mujeres, ni han sido convocadas a ningún proceso participativo para darle continuidad a la misma.
Entre los mandatos de esta orden figura la creación de un Comité Multisectorial Contra la Violencia a la Mujer, la tipificación de los feminicidios como un delito y el desarrollo de un protocolo de investigación para atender la muerte de las mujeres.
Valentín sostuvo que ante el dolor que significa para los familiares estas muertes, el Gobierno, al menos, debería garantizar cero impunidad, sin embargo, dijo que “cada vez esta es más débil” el procesamiento de casos.
“Si muchas veces no poder esclarecer los crímenes, los asesinatos, crea como un obstáculo para que la persona (familiares) pueda sanar, imagínate cuando son feminicidios, donde la única razón que existe por la cual eso ocurrió es por el mero hecho de que fuese mujer. Eso provoca que esa herida sea un poco más complicada de sanar”, expresó.
El efecto de la impunidad
Kalitza Baerga, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), sostuvo que “se necesita voluntad para que, además de reconocer que tenemos un problema serio de violencia en contra de las mujeres, el Estado adopte estrategias que han demostrado ser efectivas en otros países”.
También, se necesita voluntad para declarar un Estado de Emergencia y el Gobierno debe ofrecer los recursos necesarios a las organizaciones que trabajan para erradicar la violencia de género, agregó.
“El Estado debe asumir una postura de prevención de violencia, educando desde una perspectiva de género en las escuelas y en las agencias”, recomendó.
La psicóloga clínica indicó que la APPR ha sugerido varias acciones para combatir la violencia de género, entre ellas una educación abarcadora y comprensiva con perspectiva de género sobre equidad y sexualidad, campañas para ofrecer estrategias de crianza no sexistas, tomar medidas efectivas para reducir la pobreza y el desempleo, y desarrollar política pública para regular las instituciones sociales y los medios de comunicación que fomenten la visión jerarquizada del hombre sobre la mujer y la violencia de género.
Otras recomendaciones son: recabar el compromiso de todos los sectores para denunciar y visibilizar el problema de violencia de género como un asunto social que debe de erradicarse y consultar las entidades que trabajan con violencia de género, y los y las profesionales de la psicología para, en conjunto, colaborar con la Procuradora de las Mujeres en el desarrollo de medidas efectivas para la prevención y acción que redunden en erradicar la violencia de género.
Sobre la impunidad en los casos de violencia contra la mujer, Baerga manifestó que ésta afecta a toda la sociedad.
“La persona que comete la falta sabe que puede quedar por la libre, por lo que no hay un disuasivo al no hacerse valer la ley ni los derechos de la víctima. Por otro lado, la sociedad en general y los familiares de víctimas pueden experimentar la angustia de saber que no hay justicia, que nadie se hace responsable”, explicó.
Agregó que todos pueden experimentar un sentido de desamparo ante un sistema inoperante que con su inacción pareciera como si la vida de las mujeres valiera menos.
“La impunidad aumenta y normaliza la violencia y la violación de los derechos humanos, y minimiza la reparación de un daño”, puntualizó.
Piden acción directa al nuevo Gobierno
En 46 semanas, 44 mujeres han sido asesinadas en Puerto Rico, según la licenciada Amárilis Pagán Jiménez, directora ejecutiva de Proyecto Matria.
Ante este panorama de violencia, la abogada exhortó al gobernador electo, Pedro Pierluisi, a incluir este tema durante las vistas de transición, ya que para poder decretar el Estado de Emergencia al que se comprometió, debe conocer en detalle lo que ya se ha hecho sobre el tema o lo que jamás se llevó a cabo o se hizo de manera deficiente.
“También será importante que tenga los elementos para analizar las inversiones que su Gobierno deberá asignar al abordar este terrible problema”, indicó en declaraciones escritas.
Matria pide el desarrollo de planes de acción centrados en adelantar la equidad hacia las mujeres.
“Todos los estudios sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los de la Organización Mundial de la Salud, señalan la equidad como el mejor antídoto a la violencia de género. Y la equidad no es una cosa abstracta. Requiere educación, inversión gubernamental en campañas, estrategias de desarrollo económico con perspectiva de género y verdadero acceso a servicios de salud, vivienda y alimentación. No solo para las mujeres, para el país”, dijo Pagán.
Según la directora ejecutiva de Matria, la Orden Ejecutiva firmada por la Gobernadora el mes pasado se quedó corta y fue tardía porque los dirigentes que ha tenido el País, incluyendo a la incumbente, “no han sido capaces de entender que tienen que hacer cambios profundos a todos los niveles”, y no le han dado prioridad al tema.
Dijo que prevenir la violencia “requiere una transformación en el pensamiento de quienes gobiernan, hacer análisis sobre el rol que le tocaría jugar a todas las agencias, desarrollar políticas públicas claras y luego tener el valor de implementarlas y ser capaces de sentarse a trabajar planes nacionales con las organizaciones que realmente son expertas en el tema”.
“No entendemos por qué se sigue improvisando cuando hay modelos de base científica que dan soluciones a esto. La única explicación que podemos dar, con honestidad, es que las funcionarias y funcionarios electos hasta el presente piensan y toman decisiones como las personas que luego asesinan a las mujeres. Eso ya tiene que transformarse para el bienestar de todas y todos”, dijo la abogada.
