Los niños y adolescentes con condiciones psiquiátricas severas tendrán que seguir esperando a que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) reabra su hospital.

Hace más cinco meses, la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de Adolescentes (UHPA) y la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de Niños (UHPN) -únicas instituciones públicas de su tipo en Puerto Rico- cerraron por déficit presupuestario y falta de fondos recurrentes, que atribuyeron a problemas de pago de las aseguradoras contratadas bajo el Plan de Salud del Gobierno, según una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). ASSMCA había dicho que esperaba reabrir al menos la unidad estabilizadora en diciembre, pero la agencia informó a Es Mental que ha tenido que posponer la reapertura, la que ahora se planifica para febrero de 2022.

“ASSMCA asignó unos $600,000 en fondos federales para la reapertura de la sala estabilizadora pediátrica del HURRA (Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau). Esta área comenzará a brindar servicios a partir de febrero 2022. Asimismo, realizamos una petición presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que en el próximo año fiscal (julio de 2022) se asignen fondos estatales que sean destinados al hospital para poder abrir permanentemente las otras áreas de servicios. No obstante, anticipándonos a los múltiples escenarios que podrían darse, trabajamos varias propuestas para externalizar los servicios y que un ente privado administre el hospital mediante una alianza público-privada. De igual forma, creamos alianzas con varios municipios  para mejorar la planta física de la institución y que se encuentre en condiciones óptimas al momento de su reapertura”, explicó el administrador de ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo.  

Rodríguez Mateo también indicó que la Administración de Seguros de Salud (ASES) se encargó recientemente de que todos los contratos de las aseguradoras cumplan con cubrir el tiempo máximo de hospitalización para pacientes con condiciones mentales agudas, una de las razones principales que provocó el cierre de estas instituciones.

Sin embargo, dijo que el dinero que devengarán ambas instituciones no es suficiente para cubrir sus gastos operacionales, pues hay fondos restringidos por reglamentaciones federales únicamente para tratamiento y no operaciones generales.

La situación económica que atravesaron estas unidades, que necesitan al menos $2 millones anuales para sus operaciones, llevó a la clausura y a que sean organizaciones privadas las que ofrezcan los servicios.

“Cuando se dio el cierre se había identificado que había un gasto de $2 millones y el recobro (de la aseguradora) era de solo $700,000”, explicó.

La ley federal de Medicaid establece que las aseguradoras tienen que cubrir hasta 15 días de hospitalizaciones de menores, pero los contratos en la Isla, en específico con la aseguradora APS, se mantuvieron en siete días requeridos. Eso menguó los ingresos por años y se desconoce si existe alguna opción de auditoría o investigación sobre ese asunto contra las aseguradoras.

Rodríguez Mateo explicó que “los servicios que se dan en los hospitales tienen que ser sufragados con fondos estatales. El gobernador anunció que con fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, en inglés) se asignaron $15 millones para los próximos tres años para poder auxiliar la operación de los hospitales psiquiátricos y para poder ampliar los servicios residenciales que tenemos para los pacientes que salen del hospital, pero necesitan todavía cuidados de salud mental en espacios menos restrictivos”, comentó Rodríguez Mateo.

Con fondos federales de una propuesta que sometieron y fue aprobada en octubre van a poder reabrir la sala estabilizadora. Con fondos ARPA y estatales tratarán de trabajar la parte de hospitalización, pero continúan con el análisis de gastos porque “sabemos que los costos en salud han ido aumentando, el salario mínimo aumentó y eso afecta la nómina, y el gasto por consumo energético ha ido aumentando”.

Al contar con un número final de los fondos necesarios, esperan “sentarnos con la Asamblea Legislativa para identificar fondos recurrentes” y no solo asignaciones que no se repitan, según Rodríguez Mateo.

Por su parte, la coordinadora de Niños y Adolescentes de ASSMCA, Wilmayra Villafañe, adelantó a Es Mental que “ya todos estos procesos de planificación se encuentran activos”. La agencia tenía la intención de poder ofrecer estos servicios en los meses de diciembre a enero, aunque limitados a estabilización, no hospitalizaciones. También aclaró que siguen ofreciendo 21 diferentes servicios ambulatorios alrededor de la Isla para menores y adultos.

Pero, para el doctor Mario González, expresidente de la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, es preocupante que no haya un sitio público para atender pacientes de esas edades. 

Al cerrar se perdieron sobre 20 camas para hospitalizaciones y “ahora mismo lo único que hay disponible es (el hospital) San Jorge que entiendo que tiene 20 a 22 camas entre adolescentes y niños. Los servicios para esa población están bien limitados”. Esto significa, según el psiquiatra, que los menores de 12 años solo contarían con alrededor de 10 camas en toda la Isla.

Además, dijo que “al manejar la pandemia con todas las secuelas, cada vez nos estamos dando cuenta que esto está afectando la salud mental de todo el mundo. Se ha dado esta tormenta perfecta entre la necesidad de servicios versus que ya no están disponibles”. 

González afirmó a Es Mental que ha tenido la experiencia de tener pacientes que necesitan hospitalización, pero no hay camas en las instituciones.

Sostuvo, además, que reabrir la sala estabilizadora ayuda, “pero mi preocupación es ¿y si necesitan hospitalización a dónde los vamos a enviar? La sala estabilizadora va a dar la ayuda y a canalizar. Sí, alivia, pero no resuelve el problema”.

“Eso de que no hay dinero recurrente levanta banderas verdad porque si desde el punto de vista de salud pública se entiende que la salud mental es uno de los retos principales de nuestra población, cómo es posible que no se dé prioridad a brindarles servicios a la gente. Es bien lamentable”, precisó González.