En un País donde nos hartamos diciendo que ‘la juventud es el futuro’, hay tantas maneras en las que el Gobierno está violentando a la niñez, y la pobreza infantil es una de estas violencias”, estableció el director ejecutivo de la organización Impacto Juventud, Eduardo Antonio Lugo Hernández, al subrayar la importancia de fiscalizar, no solo el trabajo que haga la Comisión para Erradicar la Pobreza Infantil que implica la aprobación de la “Ley de Política Pública de Puerto Rico para la Erradicación de la Pobreza Infantil”, sino que cómo la legislatura y el gobernador de turno asuman sus recomendaciones.

El psicólogo clínico comunitario justificó su preocupación al lamentarse sobre otras comisiones establecidas anteriormente por política pública que realizan informes sobre temas puntuales; sin embargo, el gobierno no necesariamente les hace caso.

La medida legislativa, también conocida como el Proyecto del Senado 293, fue aprobada el pasado 2 de enero, e implica la creación de una Comisión con el fin de desarrollar estrategias para reducir la pobreza infantil en Puerto Rico.

Lugo Hernández sostuvo que la falta de estudios en Puerto Rico sobre la juventud imposibilita estudiar la pobreza infantil y su impacto en los jóvenes de manera amplia. Explicó que, junto a esta medida legislativa, se deben asignar fondos para hacer investigaciones y desarrollar intervenciones relacionadas con la juventud y la niñez.

A su vez, el economista Julio César Hernández Correa coincidió con Lugo Hernández al describir el que no le ofrezcan carácter de ley a los informes ni a los planes que se crean como “la principal deficiencia” de la medida. 

Criticó que la redacción de la ley no menciona que se le hayan asignado fondos, pues comentó que se le delegó a la Comisión una serie de responsabilidades que requieren dinero. 

Por otro lado, la directora de abogacía del Instituto de Desarrollo de la Juventud, Carmen Rodríguez Arroyo, también mostró preocupación en el manejo de los informes que desarrolle la Comisión. “Tenemos que estar vigilantes y atentos a que tal como establece la medida, se sienten en la mesa estos componentes y que desarrollen ese plan de trabajo”, afirmó. 

Mientras, destacó que la aprobación del proyecto hace a Puerto Rico una de las primeras jurisdicciones que cuenta con un plan para reducir la pobreza infantil. 

Comentó que este es “un primer paso”, y que, aunque con el mismo no se vaya a resolver la pobreza infantil, es importante que, a través de estas medidas, se reconozca como un problema, pues indica un compromiso.

Asimismo, Lugo Hernández coincidió con la licenciada al comentar que hay otros factores que afectan la efectividad de esta ley como el aumento del costo de la luz, agua y peaje. Se lamentó de que el salario mínimo no es suficiente para recompensar los otros aumentos anteriormente mencionados.

¿Qué establece la ley?

La Comisión establecida por la ley tiene como propósito disminuir la pobreza infantil en la Isla por un 50%. 

La misma queda vigente por 10 años y será multisectorial y estará compuesta de miembros del Departamento de la Familia, Educación, Trabajo y Recursos Humanos, Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario de Gobernación, o la persona designada por éste, un miembro del Colegio de Profesionales del Trabajo social, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, entre otros.

En el caso de Rodríguez Arroyo, aplaudió que la Comisión fuese una multisectorial, pues entiende que es una característica cónsona con la naturaleza de la pobreza.

Según Lugo Hernández, establecer la Comisión por 10 años es de los detalles de mayor peso, pues matiza que no depende del cuatrienio actual. 

Sin embargo, César Hernández indicó que, si el manejo de esta Comisión pasa de gobernador a gobernador, no queda garantizado que todos manejen a la misma de la misma manera ni contemplen las mismas estrategias, lo que pudiese interferir con el propósito de la legislación.

De manera similar, el también catedrático asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Lugo Hernández expresó aprobación por la representación comunitaria que garantiza la ley sobre los informes. Detalló la importancia de entender cómo las personas viven la pobreza y qué opinan sobre las estrategias planteadas.

El impacto de pobreza infantil en Puerto Rico

Actualmente 6 de cada 10 niños viven bajo pobreza. Sin embargo, existen municipios donde 8 de cada 10 menores viven bajo pobreza, como lo es en el caso de Vieques, donde el 83% de los menores viven de esta forma, recordó Lugo Hernández.

La pobreza infantil comienza desde el cuidado perinatal, detalló al matizar que las gestantes que viven en condiciones de pobreza tienen acceso a servicios de salud de menor calidad y a peor nutrición, ambos aspectos que pudiesen afectar el desarrollo del feto. 

Por otro lado, explicó que en Puerto Rico no todos los niños tienen acceso a tres comidas diarias. Asimismo, las personas que viven bajo pobreza, de tener acceso a las mismas, no siempre es la más saludable, lo que afecta el desarrollo del cerebro. 

Entonces, ese niño no tiene acceso a una educación, servicios de salud y espacios de entretenimiento de calidad, es más susceptible a vivir en espacios menos seguros, que se involucren en actividades delictivas y obtengan trabajos con menor remuneración, comentó el psicólogo clínico comunitario. 

Mientras, Hernández Correa comentó que, si una persona está en pobreza a largo plazo, el Gobierno pierde un salario mínimo que pudiese entrar en la economía. 

Entonces, no es solamente se debe de considerar lo que le cuesta a las personas asalariadas que pagan impuestos, sino que el dinero que no entra por la falta de participación laboral. 

Añadió que los niños que viven bajo pobreza son más probables a no terminar sus estudios ni obtener un bachillerato y cada grado universitario menos que tiene una persona significa una pérdida de desde $5 mil hasta $10 mil en ingresos para, no solo el individuo y su núcleo familiar, sino que para el gobierno.