Las últimas semanas en Puerto Rico han estado marcadas por casos dramáticos de violencia entre familiares, en los cuales tanto niños como adultos han sido asesinados por un ser querido en el contexto del hogar.

Dos de ellos, el niño de 8 años Jeiden Elier Santiago Figueroa en Aguas Buenas y a Dennys Morales Torres, de 34 años, en Villa Alba, fueron ultimados por su padre y padrastro, respectivamente.  

 

Según el comisionado auxiliar de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, el coronel Roberto Rivera, estos no son casos aislados porque los hechos de violencia familiar han incrementado significativamente tras la pandemia, y más aún en estos últimos días. 

«Esto ha ido en aumento. Inclusive los casos de violencia doméstica han tenido un ascenso increíble de la pandemia hacia acá. Esta situación que hemos enfrentado en las pasadas semanas es algo que trastoca los valores y la educación. Cuando vemos casos de hijo matando al padre o padre matando al hijo, vemos cómo la educación se ha ido perdiendo’’, sostuvo en entrevista con Es Mental. 

El teniente asegura que, pese a que se trata de sucesos que se dan en el escenario doméstico y que muchas veces no se quiere denunciar, es importante que los ciudadanos reconozcan la importancia de buscar ayuda. 

«Tenemos que buscar ayuda, cuando no podemos solos, está la Policía, los servicios sociales y ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción)”, indicó. 

«Creo que nos hace falta mucha tolerancia y prudencia. La violencia no es la opción a los problemas. Si comenzamos a ver dónde terminan mis derechos y comienzan los de los otros, creo vamos a tener una sociedad más alentadora y saludable en todos los aspectos’’, expresó.

Los niños los más afectados

Jeiden Elier Santiago Figueroa murió a manos de su padre. (Facebook)

Entre los casos más que más ha consternado a los puertorriqueños se encuentra el del niño Jeiden Elier donde se cuestiona el manejo del caso por la rama judicial ya que le quitó el menor a la madre sin fundamento y lo dejó en manos del padre-victimario pese a que el informe social lo había declarado no apto. 

Durante los primeros seis meses de la cuarentena por COVID-19, un informe  del Centro de Fortalecimiento Familiar (ESCAPE), dio a conocer un incremento, de un 54 por ciento, en las solicitudes de los servicios que proveen ante la violencia infantil.  

“La experiencia manejando situaciones familiares durante este año de pandemia es que, muchos niños y niñas están viviendo lo que podría ser el peor momento de sus vidas en hogares cargados de violencia física y verbal. Al igual que todos, el COVID-19 también les preocupa y les asusta, pero la convivencia en hogares violentos los aterra. Tenemos que detener esta situación. El llamado a protegerlos es de urgencia”, expresó en el informe Yadira Pizarro Quiles, directora ejecutiva de la entidad. 

Cuando estas situaciones incluyen menores o estos son objeto de un patrón de violencia en el hogar, las secuelas físicas y mentales pueden afectar la integridad y el bienestar de estos, de acuerdo con la trabajadora social, Yenaira Figueroa. 

«Todos los seres humanos, incluyendo infantes, niños preescolares hasta adultez, que estén viviendo algún tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones siempre tienen secuelas físicas y emocionales. En las cuales están el desarrollo de patologías de salud mental, incluyendo síndrome de estrés postraumático, depresión mayor severa, ansiedad generalizada y un sinnúmero de situaciones y condiciones de salud mental, adicional de pensamientos suicidas’’, explicó. 

Figueroa destacó que la evidencia científica ha mostrado que, los niños que viven experiencias traumáticas a raíz de las diferentes formas de violencia, sufren cambios en su estructura cerebral. 

«Esto es visible en radiografías. El cerebro está en constante modo de sobrevivir ante las situaciones de peligro que pueden enfrentar en el día a día, así que las consecuencias emocionales y secuelas están ligadas estrictamente a lo físico”, describió.  

Del mismo modo, la trabajadora social apuntó a que todas las personas tienen como responsabilidad denunciar o comunicarse con el Departamento de la Familia ante lo que podría ser una sospecha o el conocimiento de algún caso de maltrato. 

Cuando se trata de un profesional del trabajo social ‘’tiene la responsabilidad ética y legal de informar a la agencia delegada y denunciar el acto criminal’’. 

“Esto es importante mencionarlo, ya que nuestra profesión se rige bajo un código de ética. Adicional a que, como parte de nuestro quehacer profesional, está respetar las leyes y defender los derechos de los niños y las familias’’, aseguró. 

Figueroa coincidió en que la violencia familiar se ha intensificado con la pandemia y que es de suma importancia actuar en defensa de los niños. 

«Exhorto a todo aquel que, observe o sospecho que algún niño o niña de su comunidad o familia esté experimentado maltrato, a que le dé voz a los que piden ser escuchados. Usted puede ser quien salve la vida de un niño o niña. De la misma forma, usted como individuo, lleve a su familia y comunidad a la prevención y busque recursos y diálogos que ayuden a prevenir y educar para la promoción de ambientes seguros para la niñez puertorriqueña’’, concluyó. 

Fallas en el manejo de casos

Desde una mirada legal, el licenciado Edgar Villanueva Rivera indicó que, en los casos de menores, el problema radica en cómo se maneja la estructura del proceso de ley. 

«Por ejemplo, uno radica una 246 (Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores) y el protocolo que se activa es difícil, porque no hay unanimidad en cómo el Departamento de la Familia trabaja esto en todos los casos’’, explicó el abogado.

Según explicó, aunque al presente existen un retos por razones como la falta de recursos y la alta demanda en los casos, es importante apuntar a medidas con soluciones provisionales, sin que necesariamente impliquen consecuencias graves para las partes, hasta que finalmente aclaren los hechos.

Añadió, que otro problema es el hecho de que la pandemia ha provocado que la gente pase más tiempo con sus agresores y ‘’culpar al sistema’’ no debe ser la solución. 

«Hay que reconocer que hay una crisis en el país. Es el deber del gobierno darse cuenta y prevenir eso’’, puntualizó.