Aunque los datos del Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico apuntan a que la Isla ocupa los primeros lugares del mundo con la mayor proporción de uso de armas de fuego de homicidios en la región de América Latina y que la mismas son el mecanismo principal para cometer los homicidios en el archipiélago, un proyecto sustitutivo de ley buscaría flexibilizar la actual Ley de Armas.
La medida, aprobada el pasado 14 de marzo en una sesión de votación interna de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, propone sustituir los proyectos de la Cámara 575 y 382 con enmiendas al Artículo 2.02, para portar dos armas y no una, como actualmente está y aumentar notablemente la cantidad de armas legales en posesión (de las cinco que aparecen el artículo, se buscarían que fueran 15), explicó a Es Mental el representante del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez Reyes.
“Lo catalogo como un desenfoque legislativo que está totalmente aislado y fuera de contexto de los niveles de violencia que vemos en Puerto Rico«, sostuvo Márquez Reyes al mencionar la noticia sobre un joven de 16 años que murió, precisamente, porque había un arma legal en una casa.
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«Un arma registrada, que estaba accesible y que trágicamente le costó la vida a una persona”, agregó.
El incidente ocurrió la semana pasada en Aibonito y, según el Negociado de la Policía, pudo haberse tratado de una muerte accidental luego de que dos menores encontraran el arma en la coqueta de la casa.
Entre otras enmiendas que preocupan a Márquez Reyes, quien votó en contra durante la sesión interna, se encuentra la que permitiría que una persona, cuya licencia fuera revocada por incurrir a tres violaciones de portación ostentosa, pueda volver a solicitarla.
“Si ha incurrido en tres violaciones podríamos pensar que eso elimina la confianza pública de que sea seguro que esa persona acceda a un arma. Muchas de las enmiendas están hechas a la medida de los sectores que favorecen y participan del negocio de las armas”, sostuvo.
El proyecto sustitutivo también incluye temas como permitir campos de tiro y armerías en zonas cercanas a las escuelas, así como reducir los costos e inspecciones a las armerías.
Sobre este particular el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, dijo que: “más allá del ruido, como alguna gente plantea, es el mensaje de que al lado de un centro educativo tengamos toda una promoción del uso de armas de fuego en Puerto Rico”.
“Yo escuché a unas personas decir públicamente que por oponerme a ese proyecto de ley, estoy del lado de los criminales. Esto es una visión, con la que se cree que con armar la gente y que haya mayor proliferación de armas combatiremos el crimen, que representa vivir en la luna y no reconocer la complejidad de lo que es la criminalidad en Puerto Rico. El tema de la criminalidad es complejo y tiene factores sociales, psicológicos, educativos y económicos’’, puntualizó.
Alarmantes las estadísticas
Y si de realidades sobre el crimen en Puerto Rico se trata, el doctor Diego E. Zavala Zegarra, profesor en la Ponce Health Sciences University y quien, además, dirige el Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico, una herramienta de vigilancia epidemiológica, reconoce que 9 de cada 10 homicidios en el archipiélago ocurren con un arma de fuego.
En el informe del 2017, los datos señalan que el 90 por ciento de los homicidios en hombres ocurren con armas de fuego, mientras que en mujeres es un poco más de 50 por ciento.
“Este problema no es nuevo, pero no se le da prioridad. El enfoque de salud pública que tanto se ha propuesto, en realidad, sigue siendo dirigido a oídos sordos, porque requiere una inversión y compromiso a largo plazo. No es poner más policías en la calle y ya’’, mencionó Zavala Zegarra, quien adelantó que en mayo de este año presentarán una nueva actualización con detalles que sorprenderá sobre la obtención y posesión de las armas y municiones.
Explicó que los ciudadanos más trastocados por homicidios ocasionados con un arma de fuego están entre las edades 15 a 39 años.
“¿Quiénes son los que más están muriendo? Son los jóvenes entre 15 y 39 años con tasas similares a conflictos armados. Si calculamos las tasas de muerte en conflictos armados, son altísimas. Podríamos decir que la población de jóvenes en Puerto Rico se está muriendo por un conflicto armado”, afirmó.
Concluyó opinando que la posesión de armas, legales o ilegales, tiene un lugar entre los factores de riesgo de las muertes violentas en la Isla.
“El arma es como el mosquito. Tenemos muchos mosquitos, nos pica el dengue. Pero si los controlamos, no hay mucho dengue. Pues controlemos las armas. Y si son ilegales, controlemos las municiones”, dijo.
Un reciente informe de Gliffords Law Center clasificó como una “epidemia de violencia armada en Puerto Rico” lo que se vive en el País, especialmente desde el 2020, cuando según sus datos, se registró una tasa de homicidios con armas de fuego ocho veces mayor que en otros 50 territorios de Estados Unidos.
