Más que un tema sobre higiene, la menstruación es un asunto de salud que tiene implicaciones físicas y emocionales en la vida de muchas mujeres y personas menstruantes. 

Considerando esto, diversos países han impulsado medidas para que, en términos laborales, las mujeres y personas menstruantes tengan derecho a bajas por menstruaciones incapacitantes. 

En el Senado de Puerto Rico recientemente se debate el proyecto 1052, de la autoría de los senadores Ana Irma Rivera Lassen, Gretchen Hau Irizarry y Rafael Bernabe Riefkohl, el cual propone reconocer la menstruación como un tema de salud y con ello una licencia paga de tres días, al igual que se ha hecho en otros países.  

“La gente dice: “Ay, pero, entonces, se acumulan”. No es acumulable, no se pueden sumar a los días póstumos. Eso es una falacia que andan diciendo”, expuso Rivera Lassen en entrevista con Es Mental. 

Agregó, de igual forma, que: “es un reconocimiento de que no se debe discriminar por razón de sexo”.

La gente dice que hay montones de otras licencias y lo cierto es que todas estas están disponibles para todas las personas que no tienen menstruación. Así que el decir que las mujeres y personas menstruantes tienen que tomar de esos días hace que se reduzca (solo por la situación de menstruación) del disfrute de esos otros días que todo el mundo tiene, eso es discriminación por razón de sexo”, aseguró la licenciada. 

España se convirtió recientemente en el primer país europeo en crear una licencia médica para mujeres que viven menstruaciones dolorosas o incapacitantes. 

Para Diana E Betancur Toro, investigadora con formación en psicología industrial organizacional y fundadora de la organización Lluvia Roja, que aboga por la justicia menstrual, el proyecto 1052 representa un adelanto en materia de derechos humanos y menstruales y pondría sobre la mesa la existencia de la injusticia menstrual que se experimenta cotidianamente.

Dijo que una manera de ejemplificar esta injusticia podría ser el escenario laboral en el que una persona tiene una menstruación dolorosa e incapacitante y se ve en la obligación de utilizar sus días por enfermedad, vacaciones u otra licencia.

“No solo se trata de descontar días de algún lugar que tenga disponible, sino que se puede traducir en mujeres y personas que menstrúan descansando menos, ya que al ausentarse por menstruaciones dolorosas, se les retiran días de vacaciones o se quedan sin ellas”, expuso Betancur. 

Recordó que la menstruación tiene un impacto directo en la salud mental de las personas que menstrúan y a medida que no exista conciencia sobre ello, acompañamiento e infraestructuras que les permita gestionarla de forma digna, aún en el 2023 el tema menstrual seguirá siendo tabú.

Un tabú que tiene muchas consecuencias y que da paso a narrativas desinformadas, señaló. 

Se hace urgente pasar de la verborrea ‘del costo económico para los patronos’ a ocuparnos del costo físico y psicosocial que tiene la menstruación en la vida de las mujeres y personas que menstrúan”, puntualizó. 

Para el abogado laboral, Jaime Sanabria, este proyecto no tiene explicaciones precisas de por qué una carga tan onerosa, como lo son tres días, debe pasarse al patrono, ya que tampoco identifica una fuente alterna para mantener o pagar dicha licencia. 

Muchas PYMES (pequeña y mediana empresa) no tienen la capacidad ni la fluidez económica para solventar una carga de esa naturaleza”, sostuvo el licenciado.

Apuntó, de igual forma, que si se busca abordar la igualdad de género en el tema laboral, este proyecto lograría lo contrario, pues pondría en desventaja a la mujer trabajadora.

“Cuando lo comparas con las personas que no menstrúan, te das cuenta que hay una población que va a estar trabajando solo 10 meses al año, mientras que otra 12 meses al año”, subrayó. 

Mencionó que esta licencia resulta redundante, ya que en el ordenamiento jurídico laboral ahora mismo existen otras alternativas para que las personas menstruantes puedan utilizar ante una situación en la cual se les imposibilite trabajar.

“Como la ley federal The Americans with Disabilities Act o ADA, que contempla acomodo razonable para ciertas situaciones específicas en las que una persona esté imposibilitada a trabajar por razón de una condición. En esta misma línea tienes la Ley 44, que es la ley criolla y también contempla acomodo razonable y, asimismo, la Ley Sinot”, dijo. 

Reconociendo las situaciones que viven las mujeres y personas menstruantes, Sanabria expuso que se pueden buscar otras opciones a favor de estas, pero no meramente poner la responsabilidad sobre los patronos.

“Si estudias el tema de las licencias reconocidas en otras jurisdicciones, como el más reciente caso de España, te das cuenta que no la pagan los patrones, sino la solventa el estado. ¿Por qué entonces, si se quiere legislar sobre esto, no se crea un fondo similar al del desempleo?”,  concluyó.