Los adultos mayores no solo son los más vulnerables biológicamente en la pandemia del COVID-19 que vive el planeta, sino que además son muchos más vulnerables emocionalmente por el gran impacto que tienen en sus vidas las medidas de aislamiento social y las noticias sobre la forma en que se está teniendo que manejar la emergencia cuando el sistema de salud de un país o ciudad excede su capacidad.

Son ellas y ellos los primeros en línea para no acceder a recursos como ventiladores, en el momento en que el que los enfermos han excedido la disponibilidad de recursos en Europa y Estados Unidos.

En Puerto Rico, el impacto es particularmente patente por la gran cantidad de personas que exceden los 60 años, y que viven solas, sin una red familiar de apoyo debido a la migración de la generación de relevo por la recesión económica y el huracán María, coincidieron expertas entrevistadas por Es Mental al expresar gran preocupación por este sector. Paradójicamente, el aislamiento social diseñado para proteger sus vidas ante la potencial letalidad de un contagio con COVID-19, puede poner sus vidas en riesgo por desnutrición, el agravamiento de sus co-morbilidades, y la tristeza extrema. 

Las medidas, que comenzaron el 15 de marzo e incluyen restricción en la salida de las residencias solo para servicios esenciales como compra de alimentos y emergencias médicas, fueron extendidas con mayores restricciones a partir de ayer y por el momento durarán hasta el 12 de abril.

“La desesperanza ha estado presente y está presente dentro del distanciamiento social”, sostuvo la Dra. Minerva Gómez Ramos, gerontóloga y consultora de hogares de cuido prolongado.

El impacto emocional del miedo y del cambio en la rutina, que afecta a todos los ciudadanos en esta emergencia de salud pública, es mayor en el caso de los más viejos. Según explicó Gómez Ramos, para los adultos mayores la rutina es muy importante y cambios que pueden parecer pequeños, como dejar de cuidar a los nietos o perder la independencia al no poder salir a caminar o ir al supermercado, por ejemplo, tiene un enorme impacto anímico, y tras dos semanas de toque de queda y aislamiento social, ya es palpable.

La Dra. Carmen Delia Sánchez, Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, sostuvo que al presente se estima que en Puerto Rico hay alrededor de 900,000 personas mayores de 60 años y que la mayoría de ellas vive sola o en pareja (posiblemente con otro adulto mayor), por lo que es imperativo ayudarlas a suplir sus necesidades básicas durante las medidas de aislamiento social impuestas en el país para combatir el COVID-19. Según dijo, solo el 2% de los adultos mayores vive en hogares de cuido dónde tienen asistencia para sus necesidades. Los demás dependen de familiares, en el caso en que los tengan disponibles, o de la comunidad.

“El distanciamiento social los ‘vulnerabiliza’ porque en estos momentos, si (la persona de edad avanzada) está viviendo sola, ¿quién va a salir a hacer la compra? No los están ayudando mucho”, sentenció Sánchez sobre las iniciativas tomadas por el Estado hasta la fecha.

A raíz de la emergencia del COVID-19, la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada ha obtenido $3.7 millones en fondos federales para nutrición de este sector, y ha hecho compras para un mes, las que serán distribuidas a través de los municipios y los centros privados. Indicó que esperan impactar a más de 18,000 personas de mayor edad con esta iniciativa, pero reconoció que aún quedará buena parte de la población desprovista. Anticipó que vendrán ayudas adicionales, e indicó que las mismas serán distribuidas a través de los municipios y los centros de apoyo que asisten a la agencia que solo cuenta con unos 130 empleados.

“Hay mucha gente con necesidad”, sostuvo Sánchez quien indicó que cualquier miembro de la población que necesite alimentos debe de comunicarse con su municipio para que le orienten sobre cómo obtener su compra.

Ante esta esta realidad, la Dra. Gómez Ramos sostuvo que el apoyo de los familiares y de la comunidad, en el caso de los adultos mayores que viven solos, es vital. Indicó que se debe  estar particularmente pendiente a señales de tristeza, angustia y agobio, y opinó que hay urgencia de establecer un task force social, al igual que se estableció un task force médico para lidiar con el impacto del COVID-19.

“Durante el huracán María, en los temblores, vimos la precariedad en la que viven estos adultos mayores. Viven solos”, puntualizó.

Señaló además que es necesario crear una línea telefónica especializada para este segmento de la población, que no tiene acceso a internet o no sabe usarlo efectivamente. Dijo que aunque existe la línea PAS de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, las personas que responden no conocen las realidades de lo que es vivir en la tercera edad en Puerto Rico. 

“Son los más pobres y en su mayoría esa red de apoyo familiar no está presente. La generación de relevo está en peligro de extinción”, apuntó.

El pedido urgente para la creación de este task force social fue enviado el 21 de marzo a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por un grupo de organizaciones profesionales y sin fines de lucro convocado por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, y aún no han obtenido respuesta, dijo a Es Mental la presidenta de la organización, Mabel López Otero. Según dijo, comenzaron en el grupo 20 organizaciones y al presente ya suman 57 dada la inminente preocupación que tienen en torno a la exclusión de las medidas de asistencia social en el plan del gobierno para lidiar con la pandemia.

“Son tantos asuntos que se le escapó al Estado en su plan. Todo ha sido la mirada física y médica, que no está mal, pero deja al margen todos los asuntos sociales que son muchos”, afirmó López Otero.

Las mayores preocupaciones sociales en cuanto al sostenimiento de la población de edad avanzada durante el encierro con motivo del COVID-19 tienen que ver con la sostenibilidad alimentaria, el cuido, los problemas de diversidad funcional -incluyendo limitaciones de movilidad física y mental-, y la violencia intrafamiliar.

Indicó que la psiquiatra Dra. Karen Martínez, directora de Psiquiatría del RCM y miembro del Task force COVID-19 del gobierno ha estado en comunicación con el grupo y ha sido vocal en plantear que el asunto social se tiene que atender, pero el grupo aún no ha recibido una respuesta de la Gobernadora.