Es el primer confinado en ser admitido en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y este logro demuestra la importancia del derecho a la educación en las cárceles de la Isla y la rehabilitación desde una perspectiva restaurativa y no punitiva.
El caso de Miguel Ángel Nieves Domínguez, un estudiante confinado que cumple una cadena perpetua y quien hoy es la única persona de esta población en comenzar un Juris Doctor, es ejemplo de que si el sistema penitenciario local trabaja la rehabilitación a través de programas de reintegración y de educación, podría promoverse una verdadera reinserción social.
Según la doctora Kalitza Baerga Santini, psicóloga clínica y pasada presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, ofrecer educación a las personas privadas de libertad es de beneficio social, pues al recibir oportunidades educativas, tienen mayores posibilidades de reinsertarse en sus comunidades con una nueva visión de vida y con mejores opciones laborales, reduciendo significativamente las probabilidades de reincidencia.
Aunque todas las formas de educación podrían ser de gran beneficio para esta población, los estudios universitarios se asocian a una disminución en la reincidencia en hasta en un 27 por ciento, detalla la literatura.
Lo conseguido por Nieves Domínguez, de acuerdo con la especialista, es un logro importante para el país, ya que contribuye a romper el ciclo de encarcelamiento y promueve un entorno más seguro y justo para todos.
“El sistema penitenciario tiene dos grandes responsabilidades: la custodia de las personas que cometen delitos y la rehabilitación de estas. Sin embargo, la rehabilitación es un proceso más complejo, debido a que el sistema ha sido concebido, en su mayoría, bajo una perspectiva punitiva”, explicó a Es Mental.
“El enfoque se centra más en el castigo, que en una justicia restaurativa, que no solo beneficia a las víctimas y sus familias, sino también al propio victimario. Este enfoque punitivo ha limitado el desarrollo de programas consistentes y suficientes recursos financieros, lo que ha hecho que las oportunidades de educación y reintegración sean escasas y difíciles de alcanzar”, continuó.
El derecho a la educación en las personas privadas de su libertad está reconocido por organismos internacionales, pero la falta de programas educativos, junto con la ausencia de un enfoque restaurativo, no solo limita el proceso de rehabilitación, sino que también vulnera los derechos fundamentales de estas personas, como el acceso a una educación de calidad y a la salud integral, señaló la doctora.
“Aunque en años recientes se han expandido los programas educativos a más instituciones penitenciarias, históricamente, estos esfuerzos han sido limitados a un número reducido”, recordó.
En Puerto Rico, por ejemplo, la Fundación Felisa Rincón Gautier busca promover la rehabilitación de esta población con programas dirigidos a servicios psicoeducativos. Por esto, desde el 2002 trabajan con hombres y mujeres en las prisiones de la Isla.
Precisamente, Nieves Domínguez ha sido uno de los participantes de los talleres ofrecidos por la fundación, contó la directora ejecutiva, Hilda Rodríguez.
“Cuando él me lo dijo (que fue admitido a Derecho), yo creo que me emocioné tanto como él. Miguel tomó con nosotros talleres, mientras también estudiaba en la universidad”, dijo.
La participación de programas educativos mientras una persona está en la cárcel, aumenta la probabilidad de conseguir empleo una vez salga a libre comunidad. Se estima que, en Estados Unidos, por ejemplo, de 1,000 estudiantes que completan su educación mientras están encarcelados, alrededor de 30 pueden conseguir empleo una vez salen.
Sin embargo, el discrimen y las tasas de desempleo en la Isla cambian este panorama para los ciudadanos boricuas que salen del sistema correccional.
Más allá de la educación: la importancia de derribar los prejuicios
Rodríguez hizo énfasis en que no solo la educación en las cárceles es importante, sino también el entendimiento social y derribar los prejuicios, que en ocasiones limitan las oportunidades laborales y deterioran la calidad de vida.
“Podemos cambiar vidas con la rehabilitación, tenemos que dar esa oportunidad todas las veces que sea necesaria para que tengamos un mejor país. La educación es la llave”, puntualizó Rodríguez.
Finalmente la doctora Baerga Santini reiteró que como país está la responsabilidad de encontrar formas para mejorar la sociedad; respetando los derechos humanos e incluyendo el derecho a la educación y la rehabilitación.
Lo que implica, además, proveer espacios de sanación para las víctimas y sus familias y también para los victimarios, “quienes muchas veces terminan en esa situación debido a factores estructurales”.
“Abandonarlos en las cárceles, sin oportunidades reales de reintegración solo perpetúa el problema que enfrentamos como sociedad. Debemos buscar soluciones que promuevan la justicia restaurativa y una rehabilitación efectiva para todos”, concluyó.
