La corrupción no solo lacera la economía de un país, además trastoca la confianza en las instituciones y la percepción que se tiene sobre éstas y abona al deterioro de los servicios, de acuerdo con el catedrático del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Ángel Viera Tirado.
“La corrupción afecta la percepción que se tiene de las instituciones del país. Esto es importante para las posibilidades de desarrollo económico. Por ejemplo, los empresarios no tienen las reglas de juego claras al verse expuestos a esta situación. También puede crear un clima económico nocivo al entenderse que basta con detectar a funcionarios corruptos con el fin de lograr ventajas indebidas para algún empresario. Además, desalienta la inversión externa, ya que las empresas extranjeras pueden entender que no hay garantías para el establecimiento de compañías que pueden ayudar a mejorar el clima económico”, explicó Viera Tirado.
Y sobre esto último expuesto por el profesor, la administradora de la Administración de Servicios General (ASG) y principal oficial de compras del gobierno local, Karla G. Mercado Rivera, en entrevista con WKAQ 580, había apuntado que la “gente seria” no quiere hacer negocios en Puerto Rico debido a la corrupción rampante que existe en la Isla.
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“Ha sido una lucha constante y drenante y estamos pasando el costo de lo que no se ve de la corrupción’’, dijo en referencia a el porqué las compañías “serias” no desean ofrecer sus servicios al Gobierno.
Pero un clima económico deteriorado no es lo único entre las implicaciones de la corrupción, ya que además tiene sus repercusiones sobre la sociedad, señaló el catedrático asociado de Sociología e Historia de la Universidad Interamericana, Salomón Barrientos Batres.
Una de estas repercusiones es la merma de la confianza por parte de los ciudadanos, quienes son defraudados por estas prácticas. Pero, además, la pérdida de recursos, los cuales terminan en manos privadas y afectan la disponibilidad de medios para atender las necesidades básicas de la población.
“Sobre todo, aquella que es presa de la carencia de medios de subsistencia mínimos y necesarios. Pensemos en nuestra juventud, es penoso ver cómo una Isla que tiene recursos para apoyarlos con becas locales o una mejor oferta académica en la Universidad de Puerto Rico, el dinero se esté utilizando para apoyar a incumbentes corruptos, proveyéndoles de medios económicos para que hagan campaña política a favor de una insignia en particular o como, de igual manera, se adquieren bienes a sobreprecio para beneficiar a determinados grupos económicos”, manifestó.
Sostuvo, asimismo, que “se hace necesario tomar conciencia que toda práctica corrupta tiene efectos directos en la salud emocional e incluso espiritual de la población”, pues esta pérdida de confianza en la administración pública provoca lo que en sociología se conoce como anomia social.
“Es decir, esa sensación de inseguridad que se experimenta en la sociedad, cuando los cambios en las prácticas de vida, como la normalización de la corrupción, debilitan e, incluso, eliminan las normas sociales que otrora nos aseguraban la esperanza de formas de vida mejores, apoyadas en una gestión pública honesta y acorde con las necesidades de la ciudadanía”, dijo.
Viera coincidió con esto al expresar que el “Estado de Derecho se debilita significativamente ante los ojos de la población”, porque no se confía en que el Gobierno pueda atender efectivamente el problema.
Comentó que es importante que la ciudadanía sea más exigente respecto al uso que se le da a los fondos públicos “que pertenecen a todos”.
“Urge la educación cívica que permite a los ciudadanos participar más en los procesos de gestión presupuestaria. Se deben crear mecanismos que permitan dicha participación institucional. En última instancia, los malos gobiernos son un reflejo de una ciudadanía desinformada y desinteresada en estos procesos”, sostuvo.
Por su parte, Barrientos Batres, indicó que en Puerto Rico pareciera que se está perdiendo la batalla contra la corrupción, puesto que se ha llegado a normalizar la situación.
“Sobre todo cuando vemos que nuestros políticos ya no sienten la menor vergüenza por estos hechos y se atreven a transar y aceptarlas en sus correligionarios con tal de no perder el control de puestos y regiones geográficas como las alcaldías, sobre todo, si estas son grandes, pero también en la legislatura e incluso, en la misma gobernación. La batalla pareciera ser ahora, cómo sin renunciar a las prácticas de corrupción, los políticos pueden desligarse de las mismas, sin afectar a sus compañeros de partido, aún y a costa del bienestar de nuestra sociedad”, mencionó.
A esto le sumó también la “ceguera política” de muchas personas, “quienes con tal de ver a su insignia ganar en una elección, deciden seguir votando por los mismos políticos que han tenido repetidas prácticas de corrupción”.
“Aquí también hay que señalar que este tipo de participación en las urnas electorales es también una forma de corrupción, pues el imperativo ético del bien común se pone en segundo plano para avanzar la causa política”, puntualizó el doctor.
