En muchos de los casos de la Ley 480 -Ley de Salud Mental de Puerto Rico- que el tribunal atiende, se termina declarando a la persona imputada no procesable, luego de un largo proceso, que puede ser hasta de 1 año y medio, explicó Carmen Otero Ferreiras, jueza Administradora Regional de la Región Judicial de Bayamón.
“El caso comienza probablemente con una llamada de ese familiar que tiene la persona descontrolada últimamente y desde hace un tiempo atrás, en muchas ocasiones, mamá, abuela, personas de edad adulta que han estado al cuidado de esa persona; que esa persona se descompensó y que probablemente ya han agotado remedios en el área de salud mental clásica civil y hacen esa llamada. Y cuando hacen esa llamada, ¿quién llega? La Policía”, explicó la jueza.
Para fines de un agente de la Policía, las acciones de un paciente con una condición de salud mental pueden resultar en un delito de agresión, Ley de Armas o un sinnúmero de acciones que podrían parecer delictivas, aseguró Otero Ferreiras.
“Nuestro sistema, en esa primera etapa que la persona va a la sala de investigaciones, salvo que sea una persona con capacidad económica, va a ir sola; porque la Sociedad para Asistencia Legal entra más adelante en el proceso. La persona va a llegar a esa sala de investigaciones sin abogado. Ya tenemos una persona que, probablemente, tiene su padecimiento de salud mental y así lo deja saber el familiar, pero el tribunal lo que tiene ante sí es una persona que agredió al viejito o a la viejita”, contó.
Tras no poder prestar fianza, el imputado ingresaría a la cárcel. En la vista preliminar, el imputado contará con un abogado y es en ese momento que se puede aplicar la Regla 240, para paralizar el proceso en los tribunales, tras el abogado alegar que no puede establecer una conversación abogado-cliente y que el imputado no entiende el proceso ni puede ayudar a su abogado tras padecer de sus capacidades mentales o funcionales, explicó durante la Cumbre de Salud Mental 2025 de la Asociación de Hospitales.
Según datos que proveyó la jueza, el 62% de los casos en los que se aplicó la Regla 240, de Procedimiento Criminal, se declaran no procesables a los imputados.
Mayoría de las personas no procesables no reciben servicios de salud mental
La jueza planteó que, idealmente, luego de determinarse que la persona no es procesable, el paciente de salud mental debería comenzar a recibir servicio de salud mental, pero en la mayoría de los casos la persona no comienza a recibir esta ayuda. Lo que ocurre es que el paciente regresa a la celda, donde esperará porque un perito del tribunal lo evalúe y determine si puede ingresar a una de las dos instituciones hospitalarias disponibles en el país.
A pesar de que en el pasado el sistema judicial contaba con un mayor grupo de psiquiatras y psicólogos forenses, actualmente solo hay 3 peritos forenses para las 13 regiones judiciales en Puerto Rico, aseguró.
La jueza reiteró que el proceso para determinar si la persona es procesable e ingreso a la cárcel o a una institución hospitalaria se repite.
“Este círculo donde se sigue ordenando la evaluación y se sigue celebrando la vista de 240 y se sigue determinando que no está procesable y se sigue ordenando la hospitalización, es el día a día de los tribunales que atienden estos casos en Puerto Rico. Esto pasa todo el tiempo. Esta es la realidad y de esta realidad queremos partir para ver qué otras cosas se pueden ir haciendo en el camino”, insistió Otero Ferreiras.
Así las cosas, el promedio de tiempo transcurrido en algunas estepas de los casos en que se declaró la persona imputada no procesable en un futuro próximo es de un año y cuatro meses.
“Por todos estos eventos traumáticos (refiriéndose a los trámites y vistas en el tribunal) pasaron un año y cuatro meses de la determinación de procesabilidad y no procesabilidad en un futuro próximo, en muchas ocasiones confinados. En un momento dado, va a pasar a uno de los hospitales porque los peritos, para poder llegar a esa determinación, de que no van a adquirir criterios de procesabilidad en un futuro próximo, van a medir cuánto tiempo estuvo en medicamentos o en observación en algunos de los hospitales”, recalcó.
“A veces no es solamente un caso criminal, a veces ha pasado por varias situaciones penales porque el familiar lo que hace es llamar a la Policía. ¿Voy a devolverlo para que vuelva a caer en lo mismo? Ahí es que deberíamos estar todos pensando qué deberíamos estar haciendo; porque probablemente la contestación no es: déjenlo en el hospital, para que no le haga daño a la señora; pero tampoco es: no tiene criterio, suéltenselo a la señora. Tenemos que ver qué alternativas tenemos”, puntualizó.
De igual forma, la jueza alertó que se observan con frecuencia personas que padecen de demencia senil y alzhéimer.
Por su parte, José Massa, vicepresidente de Asuntos Médicos en APS Health, propuso enmendar la Ley de Salud Mental de Puerto Rico.
“Respondemos al llamado de participar en los comités multisectoriales para hacer recomendaciones para enmendar la Ley 408. Partimos de la premisa, y yo creo que esto es un consenso multisectorial, no hay que escribir una ley nueva. La Ley 408 es una ley muy abarcadora, pero ciertamente requiere una actualización, sí requiere que se atiendan varios vahídos”, concluyó Massa.



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