En Puerto Rico, el manejo de las emergencias psiquiátricas aún se ve obstaculizado por barreras estructurales y sistémicas. Mientras se reconocen avances importantes, como el desarrollo actual de un certificado para adiestrar al personal de emergencias médicas y diversas campañas educativas, la realidad sigue siendo crítica: falta de personal, intervención policial inadecuada, y un sistema de salud mental fragmentado, que no siempre garantiza la continuidad del tratamiento.
“La emergencia psiquiátrica es una emergencia médica, igual que un infarto o un derrame cerebral. No podemos seguir tratándola con miedo o como si fuera un crimen”, afirmó la doctora Karen Martínez González, psiquiatra y directora del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Las emergencias psiquiátricas son situaciones de salud mental que requieren atención urgente debido a que pueden poner en peligro la vida del paciente o la de otros. Estas emergencias suelen implicar trastornos mentales graves o comportamientos extremos que no se pueden manejar de manera segura sin intervención profesional inmediata.
Algunos ejemplos comunes de emergencias psiquiátricas incluyen intento de suicidio, trastornos psicóticos agudos, trastornos de conducta extrema; descompensación de trastornos psiquiátricos previos, abuso de sustancias, entre otros.
El manejo de estas emergencias generalmente incluye una evaluación clínica rápida, estabilización del paciente y, si es necesario, el ingreso a una unidad psiquiátrica o tratamiento médico especializado.
Países como Estados Unidos, Alemania, Australia, Canadá, Francia, España, México, Reino Unido y Estados Unidos cuentan con un sistema especializado para emergencias psiquiátricas. En este último (y por tanto, también en Puerto Rico), por ejemplo, existe la línea de emergencia 988 (el equivalente al 911 para emergencias de salud mental).
No obstante, aunque muchos países cuentan con servicios de salud mental, hay desigualdades en cuanto a acceso, recursos y cobertura y el archipiélago no es la excepción.
Como explica el doctor Peter J. González González, psicólogo clínico y forense, la isla se enfrenta a la falta de recursos especializados en el área de psiquiatría, especialmente en servicios para niños y adolescentes, pocas salas psiquiátricas y el personal para el manejo de estas.
Esta situación se complica mucho más, según el especialista, en áreas rurales en las cuales los servicios son casi inexistentes y la transportación pública no está disponible los siete días a la semana ni 24 horas.
Además, “no todas las compañías que ofrecen servicios de ambulancias están preparados o dispuestos a transportar una persona con alguna emergencia psiquiátrica”, puntualizó.
Los hospitales de salud física, en ocasiones, tampoco cuentan con áreas o salas diseñadas para atender a pacientes con crisis emocionales y evitar las autolesiones o agresiones, continuó González González.
Mientras que las continuas denegaciones, falta de autorizaciones o el retraso en pagos de algunos planes médicos, se convierten en trabas a la hora de que los hospitales psiquiátricos puedan invertir en sus facilidades, aumentar servicios a pacientes u ofrecer mejores salarios a sus empleados.
Otro problema es que el manejo de estas crisis muchas veces cae en manos de la Policía, una práctica que no siempre es adecuada ni segura.
“Los policías no son profesionales de la salud; son agentes de la ley. Cuando una persona en crisis se enfrenta a una figura armada, eso puede escalar la situación rápidamente. Hay personas que están fuera de la realidad, con trastornos psicóticos, y no pueden entender lo que está ocurriendo. Lo ven como una amenaza”, describió la doctora Martínez González.
Entre el 2014 al 2023, al menos cinco personas murieron en Puerto Rico por el uso de fuerza policial en crisis emocionales, de acuerdo con la investigación El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad, publicado por de la organización Kilómetro 0.
En la actualidad, la Isla se encuentra entre las tres jurisdicciones de Estados Unidos con la mayor incidencia de casos de salud mental.
Para Martínez, esto evidencia una necesidad urgente de reformar la manera en que se responde.
“En muchas ciudades de Estados Unidos ya existen equipos de respuesta en salud mental. Quien llega a la escena no es la Policía, sino personal clínico entrenado para desescalar y contener de forma médica y no punitiva”, señaló.
Inicia diseño de un certificado de emergencias psiquiátricas
Uno de esos modelos ya se está desarrollando localmente. Martínez anunció que el Recinto de Ciencias Médicas, en colaboración con el Centro de Educación Médica, comenzó a diseñar un certificado en manejo de emergencias psiquiátricas para personal de primera respuesta.
“Estamos desarrollando un certificado en manejo de emergencias psiquiátricas o de salud mental para el personal de emergencias médicas. Queremos que, al recibir una llamada sobre una persona con historial psiquiátrico, comprendan que esa intervención debe ser distinta. Estas son técnicas que ya existen y que han sido estudiadas. No hay que inventarlas, solo implementarlas”, aseguró.
Por otro lado, el doctor González recordó que la Policía sigue siendo la intervención primaria en momentos de crisis, por tanto, una posible solución es la especialización por precintos.
“Se deben formar unidades dentro de la Policía dedicadas exclusivamente al manejo de crisis emocionales, acompañadas por psicólogos o trabajadores sociales clínicos. No es realista pensar que un oficial puede pasar de una escena criminal violenta a una intervención psiquiátrica sin apoyo ni preparación”, sostuvo.
Ahora bien, el manejo de emergencias psiquiátricas es un proceso que involucra varios pasos fundamentales, que suelen seguirse en la mayoría de los sistemas de salud. El objetivo principal es estabilizar al paciente, garantizar su seguridad y proporcionar el tratamiento adecuado para la situación.
En una emergencia psiquiátrica se evalúa el riesgo inmediato para el paciente y para otros, y posteriormente se realiza una entrevista para entender el estado mental del paciente, sus antecedentes médicos y psiquiátricos, y cualquier factor que pueda haber contribuido a la crisis (por ejemplo, abuso de sustancias, trastornos previos).
Estableciéndose, siempre, prioridad de intervención y la estabilización de la situación. Por ejemplo, si el paciente está en un estado agitado o violento, se interviene con tratamiento farmacológico.
En situaciones en las que el paciente presenta síntomas físicos graves (como en el caso de sobredosis), se asegura que el paciente reciba atención médica física adecuada.
Asimismo, es esencial la integración de la psicoterapia para ayudar al paciente a lidiar con su crisis emocional.
El apoyo social y familiar también resulta fundamental, especialmente si hay factores de estrés social o familiar que pueden estar contribuyendo a la crisis.
“Hay una percepción errónea de que las personas con trastornos mentales son más violentas. No es cierto. La mayoría de estas crisis no ocurren porque la persona quiera hacer daño, sino porque se siente amenazada”, recalcó la doctora Martínez.
González agregó que el estigma y el discrimen hacia personas con crisis emocionales agravan la situación.
“Debemos continuar normalizando estas conversaciones. Una crisis emocional merece el mismo nivel de atención que una física. Eso también salva vidas”, dijo.
Cada uno recordó que existen iniciativas en marcha que pueden salvar vidas, como la línea 988, disponible 24 horas para personas en crisis.
“Es una herramienta poderosa. La tecnología puede ser nuestra aliada si sabemos usarla bien”, concluyó Martínez.
El llamado es a reconocer que la salud mental no es un lujo ni una segunda prioridad.
“Hay que invertir. Sin presupuesto no se pueden ofrecer mejores salarios, ampliar servicios o capacitar adecuadamente al personal”, finalizó González González.
