A pesar de que catalogaron como una victoria la declaración de estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico emitida por el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, las organizaciones feministas garantizaron que fiscalizarán y supervisarán su cumplimiento.

La orden ejecutiva se logró 793 días después de la protesta que se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2018 para que se tomaran acciones contundentes contra la violencia de género.

 

Publicidad

El estado de emergencia se decretó tras la negativa de los gobernadores Ricardo Roselló Nevares y Wanda Vázquez Garced.

“El gobernador de Puerto Rico, su gabinete y todas las personas que estén en el comité que va a estar trabajando directamente con el tema, tienen una gran responsabilidad y el ojo del pueblo está sobre ellos”, expresó Zoán Tanis Dávila Roldán, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción en entrevista con Es Mental.

“Si ellos reconocieron que había un problema, aceptaron que la violencia de género se tiene que atender de manera urgente en el país, y declararon este estado de emergencia, les corresponde trabajar al nivel de este estado de emergencia”, añadió.

La portavoz mencionó que los informes mensuales del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de Violencia de Género (mejor conocido como P.A.R.E.), creado por medio de la orden ejecutiva, serán cruciales para conocer los siguientes pasos. La secretaria de la Familia, Carmen Ana González, presidirá este Comité.

La abogada y directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amarilis Pagán Jiménez, mencionó que la orden ejecutiva no acogió todas las propuestas de las organizaciones feministas. Entre ellas, que tengan mayor representación en el comité, que se atiendan los asesinatos de las mujeres trans (transfeminicidios), que se defina el término legal feminicidio y que se eduque con perspectiva de género.

Las propuestas que no se incorporaron en la orden ejecutiva las impulsarán a través del comité, acotó.

La abogada recordó que la Orden Ejecutiva 2021-013 conservará todas aquellas disposiciones de la Orden Ejecutiva 2020-078 de la exgobernadora Vázquez Garced que no contradigan las disposiciones de la aprobada por el gobernador Pierluisi Urrutia. Esta última que se firmó el 26 de octubre de 2020 declaró como prioridad la lucha contra la violencia de género en el gobierno. Esto significa que existe la posibilidad de que las disposiciones sobre la educación con perspectiva de género en la orden anterior se sumen a la actual, según la abogada.

“Esta orden ejecutiva contiene cosas que no son nuevas, que seguramente si miras atrás como miro yo, hay cosas que se han hecho antes y que de momento no se ejecutan”, expresó.

La importancia de la orden ejecutiva, de acuerdo con Ada Álvarez Conde, exdirectora de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado, es que reconoce la existencia de un problema nacional que se debe resolver con urgencia.

Igualmente, explicó que la ley debe aprobarse tras un proceso de vistas en la Legislatura mientras que la orden ejecutiva es una acción expedita de parte del mandatario.

“Si me preguntan por qué la emergencia es importante, es para que haya rendición de cuentas, porque tiene que haberla para todo”, acotó la también ex legisladora municipal.

Lo más importante luego de haberse firmado la orden ejecutiva, coincidieron las entrevistadas, es el informe que entregue el comité al gobernador.

¿Qué dice la orden ejecutiva?

Entre las disposiciones más relevantes de la orden ejecutiva se encuentra la designación de un funcionario público como oficial de complimiento que responderá directamente al gobernador. Su objetivo será velar que lo propuesto se cumpla al pie de la letra.

La orden crea un programa de seguimiento bajo el Departamento de Seguridad Pública con el que visitarán y llamarán a todas y a todos los que tengan una orden de alejamiento.

Igual se procurará el desarrollo de una aplicación móvil para que las víctimas soliciten ayuda a través de un mensaje, en caso de emergencia. La herramienta la desarrollará el Servicio Puertorriqueño de Innovación y de Tecnología. Del mismo modo, se buscarán alternativas en búsqueda de mejorar el trámite, el seguimiento y la recopilación tanto de quejas como de estadísticas.

La orden ejecutiva también ordena la implementación del protocolo para atender a mujeres desaparecidas (conocido como “ALERTA ROSA”), así como una campaña mediática sobre su uso. 

Fondos para la OPM

Esta semana, La Fortaleza comunicó a través de un comunicado de prensa que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) recibirá $654 mil para combatir la violencia de género. 

Según se informó en un comunicado de prensa, los fondos destinados a la OPM se dividen en $200 mil para nómina y costos relacionados y en $454 mil para gastos operacionales. Con este dinero la agencia podrá reclutar empleados, implementar campañas educativas enfocadas en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, adquirir equipos tecnológicos y contratar servicios profesionales para hacer valer las leyes que protegen a las mujeres, en particular aquellas vinculadas al hostigamiento sexual y que establecen protocolos sobre la violencia doméstica, incluyendo en el lugar de empleo.