Como miembro de una institución religiosa Camila Rodríguez escuchó una y otra vez que el “sexo era un pecado” y que el solo hecho de considerar métodos anticonceptivos lacerarían su reputación como mujer “casta” en la búsqueda de una salvación, así que al enterarse de que estaba embarazada, con 19 años, fue como si le hubiesen derramado un balde de agua congelada encima.

Estaba desorientada, perdida, atemorizada, pues aquella joven sabía que no estaría lista para convertirse en madre a tan corta edad y mucho menos que su gran sueño de culminar sus estudios en ingeniería se acabase. 

Así que, con apoyo de sus padres, Rodríguez eligió un aborto, del cual rápidamente se repuso sin complicaciones mayores.

Pero el estigma por parte de los propios miembros de su iglesia, las humillaciones y el rechazo fueron las verdaderas implicaciones de la situación. 

“En la iglesia a mí me asignaron una consejera, que no tenía ningún grado de psicología, para restaurarme de mi ‘pecado’. Ellos estaban tratando de hacerme sentir que estaba sucia y dañada”, contó a Es Mental la mujer de 33 años. 

Como Rodríguez muchas son las mujeres que se enfrentan a los prejuicios sociales impuestos por ideas conservadoras y en contra de la evidencia científica y de salud. Pensamientos y posturas que posteriormente se convierten en acciones que podrían coartar derechos y atentar contra la integridad de una mujer. 

Tal es el caso de la restricción del derecho a un aborto seguro, que no solo expone la salud de niñas, jóvenes y mujeres tras acudir a procedimientos en el clandestinaje, sino que estas barreras podrían repercutir también en la salud mental de estas, según la Asociación Americana de Psicología.

La entidad destaca que la investigación psicológica, que se ha realizado por décadas, demuestra que las mujeres a las que se les niega el aborto tienen más probabilidad de experimentar niveles más altos de ansiedad y menor satisfacción con la vida. 

Los estudios también sugieren que agregar barreras para acceder a los servicios de aborto puede elevar los síntomas de estrés y depresión.

Además, que un embarazo no deseado podría aumentar el riesgo de violencia interpersonal, con manifestaciones visibles a través del maltrato infantil. 

“Específicamente, la ciencia psicológica sugiere que la imposibilidad de obtener un aborto aumenta el riesgo de abuso doméstico entre quienes se ven obligados a permanecer en contacto con parejas violentas, poniéndolos a ellos y a sus hijos en riesgo”, señala el presidente de la Asociación Americana de Psicología, Frank C. Worrell. 

En entrevista con Es Mental, la presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la doctora Migna L. Rivera García, sostuvo que las investigaciones están disponibles, y estas evidencian las implicaciones psicológicas y sociales que representa el no poder tener un acceso seguro al aborto.

“En la medida en que las mujeres están en una maternidad forzada tenemos hogares inestables y situaciones que pueden repercutir en el maltrato de menores y negligencia, porque están en un hogar en el que el cuidador o cuidadora no planificó su llegada y esto trae un sinnúmero de limitaciones, como  son las situaciones emocionales y económicas”, sostuvo.

Rivera García dijo que toda mujer tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo y vida.

“Esa es la parte que reiteramos de ver el derecho al aborto, que es uno de los derechos reproductivos más controversiales, como lo que es, un derecho humano y reconocemos el mismo”, puntualizó.  

En los pasados meses y a través de una carta abierta, la Asociación presentó sus puntos para no endosar el proyecto del Senado 693.

Entre estos, se destacaba que no hay datos empíricos que demuestran cómo la terminación de embarazos muestra un problema de salud pública. 

“Al limitar y/o restringir el acceso a este tipo de prácticas médicas se desata la posibilidad de exponer a la persona gestante a un sinnúmero de repercusiones sociales y económicas que contribuyan a un deterioro innecesario de su estado emocional, económico, familiar y laboral”.

De igual forma, sostenían que “el proyecto va en contra de la resolución del caso Planned Parenthood vs Casey 505 U.S. 833 (1992), del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, en el que se establece que los argumentos morales no pueden ir por encima del derecho de la mujer a escoger lo que sucederá con su cuerpo”.