La calidad de vida de la gente es el mejor termómetro para pasar revista sobre la ejecución de las cuestiones gubernamentales. Y en el primer año de este ciclo de gobierno, tanto a nivel local como federal han asomado escenarios inciertos y retos emergentes, acorde a la percepción de varios expertos en economía y sociología consultados.
A nivel federal, señalaron los múltiples despidos y recortes de fondos que inciden directamente en la población local por la estrecha dependencia tanto en gestiones políticas como presupuestarias. A nivel local, mientras tanto, advirtieron como uno de los principales desafíos las dificultades con el sistema energético, mientras lamentaron la aparente estabilidad de un “falso status quo”.
No obstante, también reconocieron que, siendo apenas el inicio del cuatrienio, urge corregir rumbos y fortalecer la confianza pública mediante políticas y acciones que pongan en el centro al bienestar de la población.
Los efectos en la calidad de vida
“A nivel local lo que ha habido es mucha inacción. Y eso también pasa su factura, sobre todo con un gobierno federal que quiere pasarles la papa caliente a poblaciones vulnerables. Si este gobierno no toma medidas para contrarrestar la autoridad federal, se van a ver bien afectadas poblaciones más frágiles, como mujeres maltratadas, estudiantes, inmigrantes”, opinó el economista José Caraballo Cueto.
A nivel federal, advirtió, han dado paso muchas políticas que han exacerbado la desigualdad. Como ejemplo, advirtió que, en Estados Unidos, bajo la reforma contributiva del “Big Beautiful Bill”, una persona que paga muchos impuestos ahora pagará menos. Mientras, destacó cómo ha aumentado la discriminación contra poblaciones de inmigrantes, a la vez que han recortado fondos de programas claves dentro del tejido social, sobre todo a nivel de educación y organizaciones sin fines de lucro.
“Eso ha hecho que el saldo sea desigual. Los vulnerables están peor y las poblaciones ricas están mejor, luego de esta administración federal”, sostuvo.
El economista se refirió particularmente a la importación regresiva, y advirtió que los más afectados son los más pobres.
Como dato positivo, Caraballo Cueto señaló que con la estrategia del “reshoring” han llegado un grupo de empresas nuevas a Puerto Rico. En marzo la gobernadora Jenniffer González Colón firmó una orden ejecutiva (OE-2025-012) “para establecer e implementar la estrategia de “reshoring” y promoción de inversión para la producción en Puerto Rico”.
“En el área de educación se han recortado fondos a universidades y ahora es más difícil a los estudiantes el pedir préstamos. Para tomar la Beca Pell también hay más trabas. Y (el Departamento de) Educación también perdió fondos federales”, sostuvo.
En el área de salud, mientras tanto, recordó la asignación federal en bloque que se le asignó a Puerto Rico para sostener el Plan Vital hasta el 2027. Resaltó que el qué ocurrirá después de esta fecha ha generado incertidumbre, ya que los fondos federales son el sostén principal de este programa.
Todavía falta
“Tenemos que reconocer que todavía faltan dos a tres años de gobierno, que todavía hay una gestión que no necesariamente ha dado inicio. Creo que hay que mostrar cierto grado de confianza en la administración que se está tratando de establecer. Pero una de las cosas más importantes es que hay que fomentar la confianza del pueblo”, destacó el doctor José Rodríguez, sociólogo y gerontólogo.
Comentó que ha habido muchas críticas por la falta de acción del gobierno o por no tomar los pasos más adecuados, como los dilemas que han surgido con nombramientos del gabinete ejecutivo y que han generado mucha discusión pública.
“Se necesita tener más conexión con las prioridades de los ciudadanos y del país en general”, manifestó.
Resaltó que la meta del gobierno debe ser lograr objetivos conjuntos, no generar ataques internos que debiliten la gestión gubernamental.
A nivel federal, mientras tanto, destacó que hay que reconocer que ha habido un crecimiento económico. Como ejemplo, mencionó el USMCA, acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Méjico y Canadá.
Por otro lado, comentó que los nombramientos que hizo el presidente Donald Trump a tres jueces de la Corte Suprema son cónsonos con su visión conservadora, pero eso mismo provoca que no sean tan objetivos en función de esa ideología.
El doctor Rodríguez también resaltó que muchos argumentaron la respuesta inicial de Trump a la pandemia de COVID-19. Además, señaló el efecto de sus políticas migratorias, entre estas, de separación de familiares, falta de respeto a minorías y menoscabo a sus derechos. En Puerto Rico, advirtió, también se han visto estas implicaciones con intervenciones federales en comunidades de muchos residentes dominicanos que han causado múltiples arrestos, incluso en personas con su documentación legal al día.
El riesgo de la dependencia
La dependencia de la política pública local al flujo de dinero federal limita la movilidad que pueda tener el gobierno estatal. Y la Junta de Supervisión Fiscal completa ese cuadro de restricción local, advirtió el sociólogo César Rey.
“En Estados Unidos, la política de Trump ha sido un retroceso a los derechos humanos y civiles, donde desgraciadamente los sectores más necesitados han sido excluidos de apoyo, por ejemplo, a nivel educativo”, dijo.
Fondos ligados a la movilidad social, reiteró, han sido reducidos o recortados.
“Eso tiene unos efectos nefastos en el contrato social, provocando un empobrecimiento significativo en sectores de la población más pobre. Y la clase media ha venido a menos también, y eso tiene ramificaciones de todo tipo, como de qué profesiones el gobierno (federal) va a seguir auspiciando con becas y cuáles no”, dijo.
Además, advirtió la política fiscal de recortes a empleados públicos federales, y señaló que muchos luego podrían terminar en búsqueda de ayudas sociales. Por otra parte, comentó que las políticas federales de exclusión y discrimen contra minorías han generado un clima de deterioro del contrato social.
“Lo que hay es un deterioro de la calidad de vida, un sentido de persecución, un limitar a la sociedad de su crecimiento. Revistas como “The Economist” están hablando del receso de Estados Unidos y las obsesiones de una política pública de improvisación y capricho”, indicó Rey.
El sociólogo advirtió que esas acciones generan unas repercusiones en Puerto Rico.
“Aquí se ha mantenido un status quo artificial en el impacto que puedan tener esos recortes y políticas fiscales en Puerto Rico”, comentó.
Mencionó, como ejemplo, que los recortes de fondos federales al Departamento de Educación pueden impactar negativamente a los estudiantes, especialmente a los de Educación Especial, una población que estimó en sobre 135,000 estudiantes.
De igual forma, dijo, el dinero federal que alimenta a gran parte de la infraestructura local, especialmente la que atiende a los más vulnerables, está siendo amenazado.
“Un país donde más de la mitad recibe algún tipo de subsidio del estado o federal para mantenerse al día, en términos de la pobreza, es un problema en potencia. Es un retrato de pobreza significativo”, sostuvo.
Destacó que casi el 60% de los estudiantes de escuela pública viven bajo niveles de pobreza, que el margen es aún mayor (68%) en los menores de seis años y que hay pueblos, como Las Marías, donde el 80% de sus residentes viven bajo niveles de indigencia.
“Esto tiene muchas ramificaciones. Ahora no se ha visto este daño de manera muy radical, pero proyecta tener unos efectos en el próximo año”, indicó.
Por otra parte, se refirió a la emigración masiva.
“El éxito de un país se mide en base a la cantidad de emigrantes, es un medidor, un índice bien importante. Y aquí en los últimos cinco años ha habido emigraciones significativas, de unos 400 mil (habitantes). La pregunta que habría que ver es cuántos han regresado y el estatus y calidad de vida de ellos. Hemos perdido, no este último año, una cantidad de profesionales significativa, como especialistas en salud”, dijo.
Mientras, el sociólogo se refirió al reto energético como uno de supervivencia.
“Puerto Rico tiene una crisis significativa. La expectativa que se creó por todos los partidos (políticos en las elecciones generales) era que (Luma) se tenía que ir al otro día, y eso no ha ocurrido porque tiene que haber unos procesos”, dijo.
Otro reto que mencionó fue la corrupción, particularmente en los nombramientos por “amiguismos políticos”.
“Eso deteriora la moral pública, lo más preocupante, la falta de confianza en el servicio público y de interés en participar. Se cataloga que todos son corruptos, y no es así”, lamentó.
