Existen los mecanismos y los recursos para evitar que los conflictos humanos que llegan a los tribunales terminen en desgracias violentas, y es un mandato de ley, pero los jueces, fiscales, abogados y ciudadanos los desconocen y no los utilizan.
Tras la tragedia ocurrida en el tribunal de Caguas por una disputa vecinal, comenzaron a hacerse presente las dudas sobre si se pudo haber evitado lo ocurrido y si se llegan a resolver efectivamente estos casos. Ante esto, Es Mental conversó con profesionales especializados en el tema.
Aunque en Puerto Rico existen mecanismos como la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho o Ley Núm 140 y, además, métodos alternos como los Centros de Mediación de Conflictos, que proponen resolver de forma empática y eficiente diferentes controversias, entre las que se encuentran las disputas vecinales que afectan la sana convivencia entre las personas, el doble asesinato de hermanos en un tribunal de Caguas, provoca cuestionamientos sobre la efectividad de llevar estas disputas al aparato judicial.
La Ley 140, en particular, fue creada para que un tribunal municipal pueda tener jurisdicción a la hora de atender y resolver de forma rápida ciertos asuntos, sin la necesidad de un litigio (que suele ser extenso y costoso para muchas personas), explicó la licenciada Mariangeli Mercado Torres, abogada-notaria litigante en el ámbito federal y estatal.
Pero en el caso de que esto no ocurra, por tratarse de controversias que generan mucha pasión por la posesión de propiedades, un hogar o espacio, las partes involucradas necesitan ser escuchadas y establecer un diálogo sobre sus posturas y preocupaciones, y esto podría ser posible a través de la mediación.
“Tú le preguntas a los abuelos, bisabuelos y nuestros padres qué es lo más importante que quieren dejarles a sus hijos y todos te dicen que quieren dejarles un pedazo de tierra, para garantizar un hogar o algo que tiene valor. Imagínate la cantidad de pasión que genera una situación de colindancia”, mencionó el licenciado Jaime Enrique II Cruz Pérez, profesor de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.
En Puerto Rico existen 13 Centros de Mediación de Conflictos en los tribunales, en los que, con la ayuda de un mediador imparcial, se pueden resolver las controversias.
No obstante, el desconocimiento tanto de los ciudadanos, como de los mismos componentes de la esfera judicial, imposibilita que estos centros se vean como un método alterno a la hora de evitar que los problemas lleguen a convertirse en actos de violencia o que atenten contra la integridad de los otros, según el licenciado Cruz Pérez.
“La parte fundamental del proceso de mediación es que se les permita a los participantes ser reconocidos, escuchados y entendidos. En este caso de Caguas, lamentablemente, esto no se dio”, explicó.
Cruz Pérez aseguró que el mediador está entrenando para poner en práctica el diálogo y la conciliación, pero además identificar a tiempo si algunas de las partes necesitan intervención de cualquier tipo, incluyendo asistencia de salud mental.
“Hay un entrenamiento particular sobre violencia doméstica, sobre tipos de violencia e identificar si se necesita algún tipo de profesional, ya sea de salud mental u otro, para que pueda intervenir, de ser necesario”, señaló el profesor.
En momentos en los que hay un incremento en los diagnósticos de salud mental en el País, y sobre todo factores como la economía, la violencia social y los conflictos, representan estresores adicionales para la salud emocional de la ciudadanía. Un proceso judicial también podría repercutir sobre la salud mental.
La frustración y la ira son las emociones más comunes y ciertamente muchas personas no tienen las herramientas para manejarlas, desencadenando, inclusive, comportamientos erráticos y violentos, pero también agresiones, dijo la psicóloga Daniela Trabal Yulfo.
“Por eso es importante la ayuda psicológica, para fortalecer la madurez emocional y la solución de problemas”, aseguró.
La licenciada Mercado Torres reiteró que las herramientas están, pero es necesario que las personas se asesoren con los profesionales correctos.
“Cuando una persona enfrenta un problema legal, debe asesorarse con algún abogado o funcionario de la rama judicial, antes de tomar alguna acción dentro de su conflicto. Así, dependiendo del caso, se le puede referir a una mediación de conflictos, sala especializada, programa bajo una ley especial. Se le designan también trabajadores sociales, procuradores de menores o evaluación médica”, detalló Mercado Torres.
Hizo hincapié que, aunque se creen diferentes leyes y métodos alternos para la solución de conflictos y facilitar la seguridad de las personas, también debe existir la responsabilidad individual de buscar ayuda en relación con la salud mental y fomentar una sociedad más tolerante a través de la inteligencia emocional.
En concordancia con Mercado Torres, el licenciado Cruz Pérez exhortó a las personas y a otros profesionales del Derecho, a la reeducación y lograr la justicia social a través de la promoción de diálogo y métodos alternos.
“Reeduquémonos en esto y así creemos agentes de paz para poder llevar paz a los ciudadanos, nuestras familias y el país”, concluyó el profesor.
