El año fiscal 2022-2023 rompió récord de condenas por incesto sosteniendo un total de 14 por este delito, según la actualización más reciente de estadísticas del Tribunal de Primera Instancia de la Oficina de Administración de los Tribunales. Este ha sido el número más alto en más de una década, pero la cifra está lejos de revelar la gravedad de este crimen en Puerto Rico.
La revelación del caso de Alexis Alicea Torres en Lajas, individuo acusado de incesto, maltrato de menores y amenaza contra su hija de 13 años, trajo luz a lo que pudiese ser la realidad de muchos menores en Puerto Rico. En este caso, los hechos comenzaron en el 2020, durante la pandemia, y terminaron con el embarazo de una menor de edad.
Esta no es una situación aislada. En junio de este año el Tribunal de Carolina también encontró causa para arresto contra Ángel Palacios, quien enfrentó 15 cargos por alegado incesto contra su hija, cuando esta tenía 6 años. Asimismo, a finales del 2022 el Negociado de la Policía informó que se radicaron cargos por maltrato, actos lascivos e incesto contra Luis Manuel Esquilín Fuentes de 66 años. Esquilín Fuentes cometió este crimen contra su nieta que tenía entre 12 y 13 años durante 2021 y 2022. De manera similar, a finales del 2021 salió publicamente otro caso de incesto en el que Jorge Iván Sánchez Rodríguez, de 47 años, agredió sexualmente a su hija biológica de 25 años, mientras sus nietas jugaban en el exterior.
“Históricamente, sobre todo en el área central, en Puerto Rico ha habido una alta incidencia de incesto. Tal es el caso que llegamos a entrevistar a un fiscal de la región que le atribuyó la renuncia de su cargo a la recurrencia de este crimen”, dijo el investigador de agresión sexual y trata César Rey Hernández al citar una de sus publicaciones sobre el tema. Subrayó que, según su trabajo, esta actividad siempre está disfrazada con intimidación, amenazas y rapto, entre otros tipos de crímenes.
Organizaciones mundiales como el Rape, Abuse and Incest National Network y el diccionario de la Universidad de Oxford, establecen que el incesto consiste en cualquier acto sexual entre familiares. No obstante, la definición de este término varía según el país y la legislación.
En el caso de Puerto Rico, para que un crimen sexual sea categorizado como incesto tiene que implicar una agresión sexual. Es decir, si el hecho no implica penetración anal o vaginal, no es catalogado como incesto, sino como acto lascivo u otras modalidades de delitos sexuales.
Por este motivo, de acuerdo a las estadísticas del Centro de Atención a Víctimas de Violación (CAVV), el incesto es uno de los crímenes sexuales menos comunes, sosteniendo menos del 1% de los casos de tentativa, acto o sospecha identificados en el 2022.
Mientras, según los datos más recientes del Negociado de Seguridad Pública, en 2023 han surgido cinco querellas por incesto contra menores de hasta 15 años. En 2022 y 2021 hubo 8 querellas, en 2020 fueron 9 y en el 2019, 8.
Por su parte, el Departamento de Justicia registró 8 querellas en 2023, 18 en 2022, 12 en 2021, 13 en 2020, y 10 en 2019. Estos últimos datos establecen el inicio de un juicio en el Tribunal de Primera Instancia, pero no necesariamente una convicción. En el caso de las convicciones, Justicia ha logrado 3 en 2023, 10 en 2022, 11 en 2021, 1 en 2020 y 4 en 2019.
Los datos anteriores no coinciden porque no siempre las querellas que se hacen en el Negociado de Seguridad Pública llegan a casos judiciales, aclararon ambas representantes de las agencias gubernamentales. Asimismo, la Policía recopila los datos por víctimas, y Justicia por victimarios.
“No siempre se pueden radicar cargos. Tenemos que tener evidencia para ejercer la convicción, factor que muchas veces no existe. Primero nos encargamos de la salud mental del menor, y muchas veces, después de ofrecer esos servicios. Antes de iniciar un caso criminal, se tiene que atender al menor y confirmar que no esté en peligro de suicidarse o hacerse daño. Si este proceso no se hace bien puede implicar un daño mayor para el menor. Esto retrasa el procesamiento del caso criminal, razón por la que muchas veces los datos de cada año no coinciden con la fecha en la que se cometió el delito o recurrió a la agencia gubernamental. ”, dijo la fiscal Laura Hernández Gutierrez, directora de las Unidades Especializadas de Justicia Violencia Doméstica Delitos Sexuales y Maltrato de menores, al detallar los datos de Justicia.
Según los expertos entrevistados y los datos oficiales, dentro del abanico de delitos sexuales existentes, el depredador principal sigue siendo familiar cercano de la víctima. Tanto la coordinadora de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores a nivel de la Isla, la teniente Simara Torres Ramos, como la fiscal Hernández Gutierrez confirmaron esta declaración.
El investigador y trabajador social Larry Alicea Rodríguez, se lamentó de que la falta de sintonía entre las estadísticas de las agencias gubernamentales impide visibilizar el tema.
“El incesto es el tipo de agresión sexual que regularmente se da en Puerto Rico. No obstante, se requiere un trabajo interagencial con las estadísticas para garantizar una reducción en agresores y víctimas”, dijo al indicar que la inexactitud de los datos obstaculiza la atribución adecuada de fondos, recursos y atención que requiere el tema.
Sin embargo, Alicea Rodríguez al hablar de incesto se refiere a cualquier tipo de tocamiento sexual entre familiares, tal como indica el diccionario. La diferencia entre la definición de incesto según el diccionario de Oxford y organizaciones mundiales, y lo que el Código Penal tipifica como incesto también implica otro obstáculo estadístico. Como se mencionó anteriormente, el diccionario especifica que se trata de cualquier tipo de tocamiento sexual entre familiares. Mientras, el Código Penal indica que tiene que existir penetración para que sea incesto. Por ende, en muchas instancias se clasifica como acto lascivo u otros tipos de crimenes sexuales, en lugar de como incesto. Este factor lo hace pasar por desapercibido en muchas instancias, afectando lo que es la tasa de incesto en el país.
“Los profesionales que redactan la ley, no tienen el bagaje necesario para describir la totalidad de fenómenos como el incesto”, criticó el experto al resaltar que esta discrepancia en cuanto a significado es otro motivo por el que este fenómeno no recibe la atención necesaria.
“En Puerto Rico hay mucha criminalidad oculta en cuanto a estos delitos. Las estadísticas no podemos decir que son exactas. Hay personas que no están interesadas en procesar a sus familiares, a pesar de ser abusadas desde los seis o siete años”, estableció la teniente Torres Ramos. Mencionó que hay también cuidadores principales que no le creen a la víctima, razón por la que no se ejerce la querella o se retrasa el proceso de denuncia y la convicción, expresó la teniente.
En consonancia con las declaraciones de la teniente, Hernández Gutiérrez agregó que hay un factor de soledad, ya que no siempre la familia apoya al menor que quiere declarar en un caso. Si el agresor es el sostén económico de la familia, pueden ver al caso judicial como una desgracia o inconveniencia para la familia. Asimismo, ha visto como muchos abuelos se olvidan de sus nietos y protegen a sus hijos, que son los delincuentes. Explicó que en muchas instancias las personas tampoco quieren que los medios saquen los casos a la luz, pues estos revelan datos como el nombre del agresor que ayudan a miembros de su comunidad a identificarlos como víctimas.
De acuerdo con la ginecóloga forense, subespecializada en medicina pediátrica y adolescente, Linda Laras García, cuando se identifica a una víctima de violanción existen dos vías de atención. La primera modalidad es en las salas de emergencia, siete días después del crimen. La segunda consiste en un servicio ambulatorio en lugares como el Centro de Salud y Justicia, espacio donde Laras García atiende a los y las sobrevivientes luego de los siete días iniciales.
En consonancia con Rey Hernández, según la experiencia profesional de Laras García, en la mayor parte de los casos atendidos en el Centro, los victimarios son familiares. De acuerdo con los datos del Centro de Salud y Justicia, en 2022 el 59% de los casos atendidos fueron protagonizados por agresores que eran padres biológicos, padrastros y otros familiares de la víctima. En el mismo año, el Centro atendió a 172 personas víctimas de delitos sexuales, 142 de estos siendo contra menores de edad.
De manera similar, tanto la psicóloga licenciada especializada en víctimas de abuso sexual Yizara González Figueroa, como la trabajadora social Ananis Mari Pabón y el trabajo de Alicea Rodríguez coincidieron con la experta. El trabajo investigativo realizado en 2005 por Alicea Rodríguez indicó que en el 75% de los 409 casos estudiados los agresores eran familiares directos de la víctima.
Las declaraciones anteriormente explicadas quedan respaldadas por los datos de la Policía. Estos números indican que desde el 2020 la mayor parte de los delitos sexuales fueron cometidos por padres, padrastros u otros familiares. En 2022 la cifra de familiares figuró un 52% de los opresores. Hasta junio 30 de este año, hubo menos agresores familiares que no-familiares, sosteniendo una diferencia de 12 delitos.
Por su parte, durante el 2022, el CAVV registró que un 40.0% de los casos abiertos consistían en un familiar. La directora del CAVV, Rebecca Ward, destacó que, en las circunstancias en las que el agresor era familiar, mayormente se trata del padre biológico, el padrastro o miembros de la familia política del menor.
“Ahora hay más consciencia sobre la ilegalidad del proceso, pero todavía en las entrevistas que hacemos hemos visto a abuelos, adoptivos y naturales, que tienen relaciones sexuales con sus nietos”, advirtió Rey Hernández.
Ward agregó que el incesto es el menos reportado porque se trata de un crimen muy difícilmente reportable, al tratarse de menores de edad. En estos casos, indicó que los depredadores se aprovechan de la confianza o de las situaciones de respeto para aprovecharse del menor.
Hay muchos familiares que permiten estos actos o lo usan como un acto temerario o de disciplina, indicó la trabajadora social Mari Pabón. Agregó que también es común que suceda el incesto con familiares envejecientes encamados, no solo con menores.
De hecho, según la experiencia de Mari Pabón, en numerosas instancias es el mismo agresor quien lleva al menor a buscar ayuda profesional. “Muchas veces este piensa que puede atender sus propias carencias a través de ayudar al menor. Vienen con quejas de que no les hacen casos o no los respetan, entonces, cuando entrevistamos al menor reluce que hay un patrón de violencia sexual”, destacó.
Por este motivo, la ginecóloga Laras García reiteró la importancia de que los profesionales de salud para identificar a víctimas de crímenes sexuales. “Todos los menores por ley tienen que ir al médico”, puntualizó.
Apuntó que la dificultad principal es que el doctor lo que tiene es de 10 a 15 minutos por paciente. Asimismo, hay muchos menores que entran a la sala de atención médica con su padre, madre o encargado, sujeto que puede ser el mismo agresor o que puede estar protegiendo a un agresor. Esto impide el poder establecer una relación adecuada con el menor, concluyó. Por este motivo, Laras García entendió esencial el adiestramiento de todo profesional de salud para identificar a víctimas de delitos sexuales.
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