Serias irregularidades plagan procesos de protección de menores del Departamento de la Familia en casos de maltrato

Una libra bajo peso fue lo que tomó para separar a Messiah, un menor de dos años, de sus padres por casi dos años, en un proceso que estuvo marcado por múltiples sinsentidos e irregularidades.

“Sin orden del tribunal ni documentos formales, sacaron a mi esposo de la casa y a mi hijo. Yo, en ese momento, me encontraba únicamente en toalla de baño y los policías, diecisiete hombres, me dijeron que si se me caía la toalla, me devolvían a mi hijo, mientras me llamaban nigger en lugar de por mi nombre”, recordó con disgusto Chinyere Osuji, la madre del niño, al detallar las ocho horas en las que la detuvieron en su hogar sin una orden judicial ni un documento que lo justificara.

La traumática separación de Osuji y su hijo Messiah, ocurrida en 2020, no es única relacionada a la falta de cumplimiento de los protocolos establecidos en la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, también conocida como la Ley 246 del Departamento de la Familia (DF), sino parte de un patrón de un sistema gubernamental disfuncional que, en aras de proteger a los menores, termina condenándolos, encontró una investigación de Es Mental. 

En el caso de Messiah, no fue en realidad una libra de diferencia lo que provocó la remoción, sino la falta de conocimiento de una empleada del Programa de Nutrición Complementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) sobre cómo medir el peso de un bebé afroamericano prematuro.  

“Los bebés prematuros tienden a recaer en los porcentajes más bajos de las gráficas de crecimiento. Por esto, es importante evaluar la tasa de crecimiento del menor prematuro en función de su edad ajustada”, establece el Manual de Capacitación Básica del WIC en los casos de que un menor nazca en o antes de las 37 semanas de gestación.

Esto significa que se debe ajustar el peso de un bebé prematuro en base a la edad, lo que consiste en restar el número de semanas prematuras con la edad del menor.

El hijo de Osuji nació a las 37 semanas de gestación, dos semanas antes de las 39 a 40 semanas que se consideran como un embarazo a término completo. Por ende, cuando su madre lo llevó al WIC dos meses después del parto, el peso ajustado, según la edad del bebé, sería equivalente al de un menor con un mes y una semana de vida, en lugar de dos meses.

Cuando su madre intentó indicarle a la profesional del WIC lo que estipula el manual del WIC, su respuesta fue: “No me tienes que explicar esto. Esas estipulaciones no se aplican a nosotros. En Puerto Rico las cosas se hacen de manera diferente”, recordó la madre desalentada.

Este factor no se tomó en cuenta cuando la empleada de WIC, quien hizo el referido de maltrato al DF, pesó a Messiah y lo clasificó como “bajo peso”. 

Pocas horas después, una trabajadora social del DF le tocó la puerta de su casa a Osuji sin haber entrevistado a la empleada del WIC que hizo el referido. Según la madre de Messiah, en el momento de la remoción, la funcionaria del DF no estaba licenciada como trabajadora social y solo tenía una licencia temporera que le había otorgado el DF. Además este era el primer caso de remoción de menores que atendía. 

Osuji, una madre estadounidense que se mudó a Puerto Rico junto a su esposo en el 2019 por razones de empleo, fue visitada por el DF cuatro veces antes de que la agencia tomara custodia de su hijo. 

En marzo 11 del año 2020, la última vez que vinieron a su residencia, el DF llegó acompañado por la Policía y el S.W.A.T. pidiendo custodia del menor. En ese momento, Osuji, quien no habla español, solo había recibido un documento que “no explicaba claramente los argumentos que sostenían el requerir la custodia de su hijo, pues no estaba bien traducido [al inglés]”, afirmó Osuji al comentar que parecía que haber sido traducido por un traductor automático como Google Translate

Osuji no recibió llamadas o correos electrónicos para hablar sobre el tema con oficiales del DF, ni alertarla sobre la remoción. 

“Sí tiene que haber una conversación entre el trabajador social y el padre, madre o encargado en el que se explique por qué se está haciendo la remoción. Sin embargo, es más común recibir documentación formal al acudir al tribunal, momento en el que se presenta la petición preparada por la Rama Judicial y la decisión del tribunal”, explicó la abogada Janine Marrero Montalvo al especificar que esto no queda establecido en la Ley 246, sino que es parte de las reglas de procedimiento civil de todos los procedimientos judiciales.

Durante las visitas que le realizaron no se le proveyó documentación justificando la remoción, ni una trabajadora social bilingüe. Nunca se le ofreció explicación para la remoción y la trabajadora social se comunicaba con ella exclusivamente a través de Google Translate, lo que hacía el intercambio complicado y difícil de entender, de acuerdo con su criterio. 

A su vez, la directora de la Administración de Familia y Niños (ADFAN), agencia adscrita al DF, Glenda Gerena Ríos, explicó que no es un requisito que haya un trabajador social bilingüe en cada una de las 10 regiones que componen la agencia.

Sin embargo, dijo que, si la persona necesita ser atendida en otro idioma, se supone que se le asigne un trabajador social o se le cambie a una región donde esté disponible un profesional que los ayude tanto en el manejo de la remoción como en el proceso judicial, para darle acceso a todos los ciudadanos a la misma calidad de servicios. Esto no ocurrió en el caso de Osuji.

“Esto para nosotros no es ningún impedimento”, aseguró Gerena Ríos. Al preguntarle de cuántos trabajadores sociales bilingües dispone el DF, admitió no saber el dato, pero dijo que el DF cuenta con una compañía que suple estos servicios. Prometió enviar la información, pero nunca lo hizo.

Por otro lado, de acuerdo a la medida que reglamenta el proceso de remoción de menores por maltrato, la Ley 246, el trabajador social debe llevar el caso ante un juez 72 horas a partir de la remoción. No obstante, Osuji nunca tuvo esta vista en tribunales y no fue hasta ocho días después de la remoción que le otorgaron una fecha, en clara violación de esta ley. 

El Artículo 42 de la ley también impone un periodo de seis meses, extendible hasta un máximo de doce meses en caso de emergencia, para una vista de disposición en la que se escuchen las partes. A Osuji nunca se le dio la oportunidad para presentar evidencia sobre el error de la empleada de WIC al pesar a su hijo, ni para ofrecer su testimonio sobre lo que ocurrió. 

El caso de Osuji no es uno aislado. Es Mental encontró cuatro casos adicionales en los que el DF incumplió la Ley 246

Es Mental solicitó tanto a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) como al DF la información sobre los casos de remociones de menores, incluyendo la cantidad por año, las razones y cómo culminaron estos casos, pero ninguna de las dos agencias proveyó la información solicitada. 

En el caso de la OAT, la agencia respondió: “No es posible proveer la información según solicitada, ya que no se genera un documento que la compile”, y refirió  la responsabilidad al DF. 

Por su parte, Gerena Ríos dijo a nombre del DF que los casos identificados por Es Mental eran muy pocos como para ser indicativos de que existe un problema e incumplimientos de la ley. Este problema sistémico también fue denunciado por diversos funcionarios y exfuncionarios del sistema entrevistados.

El DF nunca envió la información solicitada sobre todos los casos de remoción que ha manejado la agencia, pese a múltiples seguimientos durante los ocho meses que tuvo para contestar y enviar el requerimiento.

“Hay datos que no podemos compartir, ya que contienen información confidencial que podría poner en riesgo la seguridad de nuestros menores», dijo el encargado de prensa de la entidad gubernamental. Los datos le habían sido solicitados anonimizados, de manera que se salvaguardara la identidad de las partes.

Hasta ocho meses sin ver a sus madres

Desde la remoción de Messiah el 11 de marzo, el DF no le permitió a sus padres visitarlo hasta más de tres meses después. Luego de esta visita, la segunda fue el próximo mes y la tercera fue cinco meses más tarde. Es decir, que los padres pudieron ver a su hijo un total de tres veces durante un periodo de aproximadamente diez meses. Mientras, Es Mental tuvo conocimiento de un segundo caso en el que la madre estuvo separada de la menor, sin visitas por ocho meses. 

Sin embargo, según el Manual sobre la Intervención de Seguridad en el Manejo de Casos en el Servicio de Protección de Menores, provisto por la ADFAN, el menor debe de tener visitas semanales, una o más, con sus figuras paterno- filiales para cumplir con las responsabilidades requeridas durante la intervención, dentro del margen de tiempo de 30 días laborables a partir de la asignación del caso.

En este caso, donde la madre estuvo alejada por meses de su hija, el psicólogo asignado favoreció a la figura paterno filial denominada como maltratante, según el propio tribunal. Incluso, no ejerció ninguna medida para prevenir la manipulación psicológica que el maltratante le estaba haciendo a la menor, ni para evitar los abusos verbales y comentarios de burla que le hacían a la persona entrevistada.

A pesar de que los tribunales determinaron que no hubo maltrato de parte de la persona encargada de la menor, le entregaron la niña a la otra parte, el maltratante, individuo con quien la menor vive hasta este momento, más de cinco años después de la asignación del caso. 

Por otro lado, el Artículo 7 de la Ley 246 establece que el DF tiene la responsabilidad de asegurar condiciones para que se lleve a cabo el ejercicio de los derechos y prevenir que el menor se vea afectado a través de la políticas públicas sobre infancia y adolescencia que implica el proceso de remoción. Asimismo, la legislación sostiene que reunificar a los padres con el menor y preservar la unidad familiar debe de ser la prioridad. 

Ante la negativa del DF de concederle una vista digna para recuperar a su hijo, Osuji recurrió por derecho propio al Tribunal Federal para el Distrito de San Juan con un caso de violación de derechos civiles. Esta fue la única forma en que se le comenzó, un año y medio después de la remoción, se le comenzó a hacer algo de justicia. 

En octubre del año 2021, el juez federal, Raúl Arias Marxuach, celebró una vista y ordenó que Messiah fuese colocado en un hogar de custodia con una familia que hablara en inglés o que se le permitiera estar con un miembro cualificado de la familia del matrimonio.  También le asignó un abogado de oficio, el ex procurador general de Puerto Rico Salvador Antonetti Stutts.

En esa misma vista, luego de que su familia demandara a través de un hábeas corpus por violaciones al debido proceso de ley, se le exigió al DF asignar un trabajador social bilingüe al caso. 

Messiah fue reunificado con su familia el 3 de febrero de 2022. El niño solo habla español, factor que imposibilita su comunicación con sus padres biológicos. 

“En los tribunales federales los casos se mueven con mayor agilidad, pero no todos los padres, madres o encargados tienen la disponibilidad ni los recursos para llevar su caso a los tribunales federales”, afirmó el abogado Antonetti Stutts.

“En Puerto Rico hay una cultura en la que se aceptan los hechos erróneos del Departamento de la Familia”, sostuvo Antonetti Stutts al unirse a los reclamos de las madres entrevistadas para esta investigación.

Mientras, la exprocuradora de Asuntos de Familia en Justicia, Marta Villares Señorís, describió a la Ley 246 como “letra muerta”.

Criticó la falta de atención mediática sobre lo que describió como un “problema sistemático”, pues ante la confidencialidad de los casos de los menores por maltrato, los padres, madres o encargados quedan sin herramientas para comunicar el mal manejo.

Las contradicciones e irregularidades del Departamento de la Familia 

De manera similar, coincidió con la licenciada Marrero Montalvo al afirmar que el DF “siempre” tiene problemas de transportación para llevar al menor a las citas o a las reuniones familiares y escasez de personal. 

“No se investiga ni supervisa adecuadamente estos hogares. Igual que hay veces que no hacen nada cuando sí hay abuso y otras veces remueven niños o niñas sin haber investigado a fondo”, dijo Villares Señorís.

Detalló que, según su experiencia profesional, el DF puede remover a un niño por ausentismo, sin embargo, termina el año y no lo matriculan en un programa escolar. Además, según dijo,  toman custodia de  niños con necesidades especiales y no los llevan a hogares que tengan los recursos necesarios ni el personal especializado para poder atenderlo, y remueven a niños con condiciones de salud mental a quienes no les dan servicios psicológicos. Agregó que los niños se quedan desatendidos y, como consecuencia, quedan sin saber lo que está pasando en el proceso de remoción.

Comentó que las citas con los psicólogos se tardan en ser asignadas y que no dan citas de emergencia, sino que dentro de un mes. Resaltó que las citas de seguimiento son al otro mes y, como consecuencia, no es un tratamiento efectivo ni contínuo. 

Describió al ente gubernamental como “burocrático” al detallar que hay otros aspectos que son más importantes que el bienestar del menor.

“Si en Puerto Rico fueran más rigurosos con lo que es el maltrato, no hubiese tanto maltrato”, concluyó Villares Señorís.

Mientras, el Artículo 7 de la ley también establece que las agencias y municipios del Gobierno de Puerto Rico deben prestar atención “prioritaria” a las situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional que advengan a su conocimiento. 

Esta no fue la experiencia del tercer caso estudiado donde la familiar de una menor, removida de su hogar por abuso sexual de parte de la pareja de su madre, quedó desatendida por la trabajadora social asignada. 

“La trabajadora social se ausentó tantas veces a las vistas en tribunales que no sabría decirte un número”, afirmó la persona que ahora tiene custodia de la menor, quien pidió que se protegiera su identidad, confesó que la trabajadora social asignada no estuvo presente ni en el momento de la remoción. Por su parte, Gerena Ríos afirmó que para llevar a cabo un juicio tiene que estar presente el trabajador social, pues “sin esta persona no hay caso”. 

De manera similar, por petición del DF, la custodio llevó a la menor a una evaluación con un ginecólogo para evidenciar el abuso, cita en la que el salubrista la confundió con la trabajadora social, pues sostenía que la empleada del DF era quien debía haber acompañado a la menor a la visita médica. Sin embargo, la trabajadora social se ausentó también a esta cita.

En esta visita médica, se hizo la examinación según las exigencias detalladas por el DF, especificó la encargada de la menor. La evaluación se le hizo en el área del himen, para cotejar si estaba intacto, ignorando que el abuso sexual fue anal, se lamentó la familiar de la menor al subrayar la “falta de diligencia” del DF con su caso.

De manera similar, la trabajadora social falló al coordinar las visitas paterno filiales de la menor, pues nunca se comunicó con la persona en custodia de la menor para calendarizarlas. 

“Yo no quiero que el tribunal después piense que estoy incumpliendo con la ley, yo ya dije que estoy disponible para visitas con la madre de la menor, pero la trabajadora social no me ha contactado”, resaltó con ansiedad.

La trabajadora social tampoco entregó a tiempo el informe social solicitado por el tribunal. De hecho, según la persona entrevistada, el día en el que tenía que entregarlo se ausentó a la vista y el juez la mandó a buscar para que luego de tres horas llegara a la sala a confirmar que no lo había hecho. 

Cuando completó el informe, la trabajadora social no incluyó que la madre de la menor sabía del abuso sexual desde el 2019 y el caso se vio en 2020, ni que la misma erró al no pedir una órden de protección para la menor, lo que la pudiese categorizar como “cómplice del crimen”, dijo una familiar entrevistada.  

En este caso, el DF también incumplió con el Artículo 66 de la Ley 246, pues no determinó con o sin lugar a la órden de protección peticionada por la familiar con custodia actual de la menor dentro de los cinco días que establece la medida legislativa.

La ley estipula que se debe ofrecer atención inmediata de salud mental a los menores en las situaciones donde existe maltrato. La menor de este caso fue evaluada por primera vez con un experto de salud mental once meses después de la asignación del caso. 

Otra madre que ha denunciado las irregularidades en el sistema fue la publicista e influencer, Andrea De Castro , quien publicó su historia a través de un vídeo desde su Instagram. En publicación  denunció que el juez Orlando Avilés Santiago del Tribunal de Aguadilla, no quiso atender una querella por maltrato que radicó en septiembre del 2021 luego de que su hijo le confesara que su padre lo maltrataba física y emocionalmente. 

Solicitó una orden de protección que no le fue concedida, fue en alzada y le fue denegada nuevamente. El tribunal le pidió que entregara el menor a su padre el 9 de mayo del año 2022.

El día después de hacer la primera querella por maltrato, el Departamento de la Familia vino a la casa de De Castro, hablaron con ella y con su menor de ocho años. Esta fue la única vez que un trabajador social habló con el hijo de De Castro, pues luego de emitir la querella, al caso de De Castro se le asignó otro trabajador social que no conoce a su hijo, sostuvo De Castro. 

“Habían completado las entrevistas con el padre, más de cuatro veces han hablado con papá, y el trabajador social nunca ha conocido a mi hijo ni lo ha entrevistado”, admitió entre lágrimas la madre al suplicar ayuda para su menor.

A través del juicio, la madre trajo como testigos a la trabajadora social que inicialmente había entrevistado al menor, quien confirmó la existencia de maltrato a través de un informe; a agentes de la Policía de Moca y una psicóloga forense que aseguró que los hechos denunciados por el menor sí ocurrieron.

Contrario a lo establecido en la ley que establece que en cualquier procedimiento “el menor tendrá derecho a ser escuchado”, durante el transcurso del juicio el juez Orlando Avilés Santiago no ha escuchado a su hijo ni una vez, denunció. 

La publicación de De Castro, y una posterior entrevista con el locutor, comediante e influencer Jorge Pabón “El Molusco” dejaron un efecto fuerte eco en las redes, denuncias de otros padres, madres y encargados. 

“Gracias Andrea por ser la voz de muchas mujeres que están pasando por la misma situación. Tengo amigas y familiares y no han sido escuchadas con la dignidad y el respeto que se merecen. Buscan ayuda y asistencia del Gobierno, pero quedan desamparadas”, comentó una de las personas de la audiencia. 

Causas del incumplimiento de la ley para la protección de menores

Según la abogada Marrero Montalvo, hay distintos factores que contribuyen al incumplimiento de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.  

Comentó que el DF tiene una falta de personal de trabajadores sociales y de conductores. 

Gerena Ríos dijo que es de conocimiento público que hay una carencia de profesionales de trabajo social, pero que el DF está atendiendo esta situación a través de distintas estrategias. Comentó que actualmente tienen 890 trabajadores sociales y la meta a corto plazo es llegar a 200 más para poder atender las necesidades.

Sin embargo, Marrero Montalvo destacó otras problemáticas como la negligencia de parte de algunos tribunales de las regiones judiciales para cumplir con el término que provee la ley para celebrar las vistas de seguimiento. 

“Actualmente, existen casos en los que las vistas en tribunales se dan cada seis meses, a pesar de que la Ley 246 exige que se den, al menos, cada tres”, afirmó. 

Detalló que hay una falta de disponibilidad del servicio, problema que no es únicamente atribuible al DF porque se supone que el gobierno central y Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) tengan más recursos disponibles.

Asimismo, subrayó que los problemas con los psicólogos son provocados por el problema principal que es la falta de recursos que afecta todos los aspectos del proceso de remociones de menores por delitos de maltrato.


*Cualquier persona que se identifique con esta experiencia o con los hallazgos de esta investigación publicada por Es Mental, puede comunicarse de manera anónima con los datos de su caso a info@esmental.com.