Más de una tercera parte de la población adulta en Puerto Rico enfrenta inseguridad alimentaria y son las comunidades empobrecidas, mujeres negras, niños y adultos mayores los más afectados. La falta de políticas públicas efectivas y las fallas del sistema alimentario agravan la crisis, según un nuevo informe de la organización Taller Salud.
En un esfuerzo por visibilizar y atender una de las crisis sociales más urgentes y persistentes del país, Taller Salud presentó “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico”, en el cual se identifica una combinación peligrosa de factores que agudizan la inseguridad alimentaria en el archipiélago. Entre los que destacan la alta dependencia de alimentos importados, los precios elevados de alimentos frescos, poca disponibilidad de productos agroecológicos y la carencia de supermercados en las zonas en las que se obtuvieron los datos y la creciente vulnerabilidad que existe ante desastres naturales y fallos en el sistema eléctrico.
Este análisis está basado en datos recopilados directamente en las comunidades de Salinas, San Germán y Loíza. Especialmente entre vecinos que acuden por alimentos a comedores comunitarios.
En Loíza, por ejemplo, un 93 por ciento de las personas encuestadas aseguraron no conseguir sus alimentos en los colmados que hay en lugar, pues en este municipio no existe un supermercado como tal, más bien, las personas tienen que salir para completar su canasta básica. La falta de transporte también se convierte en otro problema.
Otros hallazgos claves del informe subrayan que más de la mitad de los participantes (50.6 por ciento) solo comen dos veces al día y un 14.9 por ciento hacen una sola comida diaria.
Asimismo, hasta un 63.2 por ciento de las personas encuestadas recibe el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y un 47 por ciento vive con dos o más condiciones crónicas, como diabetes, hipertensión, asma.
La mayoría de las personas afectadas se identifican como mujeres negras o afrodescendientes, en núcleos familiares pequeños.
“Hemos escuchado madres hablando de que tienen que dejar de comer para, entonces, darle el bocado a sus hijos. Prácticamente el PAN no les dura hasta la tercera semana y la forma de rendirlo es quedarse sin comer”, describió María Villegas Pizarro, organizadora comunitaria de Taller Salud.
Villegas Pizarro dijo que los adultos mayores y encamados también son el rostro de la inseguridad alimentaria, ya que muchos dependen de vecinos que van a buscar alimentos para ellos.
“A las personas que dicen que en Puerto Rico no hay carencias alimentarias, yo les digo que el hambre en Puerto Rico es real. Aquí en Loíza hay gente que solo hace una comida al día y depende del comedor comunitario para alimentarse”, enfatizó.
El rostro de la inseguridad alimentaria
Por su parte, Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud, reiteró que la inseguridad alimentaria no es una estadística abstracta. Tiene el rostro de una madre que deja de comer para alimentar a sus hijos, de un adulto mayor que depende de productos procesados porque es lo único accesible o de una comunidad entera que no puede conservar alimentos por falta de energía eléctrica.
“Este informe es un llamado urgente a transformar nuestro sistema alimentario con políticas públicas valientes y acciones desde las comunidades”, sostuvo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que el problema global del hambre y la inseguridad alimentaria ha mostrado un aumento alarmante desde 2015. Esto se ha convertido, según la organición, en una tendencia exacerbada a raíz de una combinación de factores que incluyen la pandemia, los conflictos, el cambio climático y la profundización de las desigualdades.
Indican que el mundo ha vuelto a niveles de hambre no vistos desde 2005 y los precios de los alimentos siguen siendo más altos en más países que en el período 2015-2019.
En la Isla, las barreras más comunes identificadas por Taller Salud incluyen los altos costos de alimentos frescos y baja disponibilidad local, dietas pobres en nutrientes, con alto consumo de productos procesados, la falta de transporte público y recursos económicos y la crisis climática (interrupciones eléctricas frecuentes y prolongadas comprometen la conservación de alimentos y los eventos atmosféricos impactan las cosechas locales).
“El llamado es a conocer la comunidad, escuchar a la gente. Queremos que este informe se comparta, que llegue a más personas. Queremos que la gente en Puerto Rico no pase hambre”, puntualizó Villegas Pizarro.
El informe “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico” es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo diverso de investigadoras y miembros del Comité de Seguridad Alimentaria de Loíza, con el respaldo de Hispanic Federation, Center for Disaster Philanthropy, Robert Wood Johnson Foundation, el Maria Fund y GlobalGiving Foundation.
“Desde Taller Salud apostamos a soluciones que nacen desde la equidad de género, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de nuestras comunidades. La alimentación digna no es un lujo. Es un derecho que hay que hacer valer con urgencia”, compartió por su parte Lourdes Inoa Monegro, directora asociada de Taller Salud.
El informe propone medidas tanto para el gobierno como para el sector comunitario, entre ellas:
- Implementar con urgencia la Encuesta de Seguridad Alimentaria según la Ley 26 de 2022.
- Proteger tierras agrícolas y desarrollar infraestructura local de distribución.
- Crear un plan de emergencia alimentaria con un enfoque de equidad.
- Fortalecer redes de comedores comunitarios y apoyar liderazgos femeninos.
- Promover la autogestión y la capacitación agroalimentaria en las comunidades.
