La manera en la que el sistema judicial está configurado para que los acusados sean enjuiciados de manera correcta e imparcial ha causado un rezago en las víctimas del crimen que se refleja a través de la lentitud de los procesos judiciales, incluyendo las vistas en los tribunales. 

Esto ha ocasionado que el sistema judicial de Puerto Rico se torne en un ente doble victimizante.

La manera en la que el sistema trastoca el bienestar emocional y mental de las víctimas del crimen ha salido a luz tras las controversias causadas por el Proyecto del Senado 1590. La medida haría retroactiva, para todas las personas convictas por un jurado no unánime en la isla, la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos vs. Luisana que declaró como inconstitucional los juicios de este tipo en sus estados y territorios.  

Si la medida es aprobada, miles tendrían derecho a solicitar un nuevo juicio.

“En los sistemas de justicia —desde que se somete una denuncia en la Policía— (…) hay funcionarios, abogados, abogadas, personas que con sus prejuicios revictimizan”, mencionó la psicóloga Mercedes Rodríguez López en entrevista con Es Mental.

El proceso judicial ocasiona un dolor mayor en las víctimas que el mismo hecho por el que atravesaron, opinó.

Entre lo que puede ocasionar que una víctima del crimen sea revictimizada durante un proceso judicial es recordar lo traumático de lo que vivió para narrarlo al jurado, fiscales, jueces e, incluso, medios de comunicación, al momento del juicio, expresó Rodríguez López.

La psicóloga, no obstante, mencionó que, así como existen personas del sistema judicial que por medio de sus acciones revictimizan, existen quienes son solidarios, empáticos y respetuosos durante el proceso.

El trabajador social, abogado y catedrático auxiliar del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, Alexis Ramos Rodríguez, explicó que, en ocasiones, el caso en el tribunal “se convierte más en una relación entre el Estado representado por un fiscal versus el abogado defensor de la víctima”. Por lo tanto, “no se le toma en cuenta (a la víctima)”.

La manera en la que el sistema está diseñado para no contemplar a la víctima del crimen como una parte activa del proceso ocasiona que quede atrapada en el proceso judicial, acotó. 

“Lo que pasa en el tribunal es como una pequeña lucha, una pequeña guerra entre el Estado y el acusado”, dijo la activista por derechas humanos y trabajadora social, Leyla Negrón Cintrón.

“El estado lo que quiere es probar que se cometió un delito y que al cometerse ese delito debe poner todo el peso de la ley sobre esa persona para que pague”, añadió.

Luego de haber sido víctima del crimen a raíz del asesinato de su hermana, Negrón Cintrón vivió en carne propia cómo los afectados son “invisibilizados” por el sistema. 

En cuanto a los reclamos entorno a la retroactividad que plantea el Proyecto del Senado 1590 de la autoría del presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, la activista aclaró que no es una guerra entre los acusados y las víctimas del crimen. Es más bien un reclamo para que “los derechos de las víctimas no se sigan pisoteando”.  

Sin embargo, a juicio del abogado y notario, Kenneth Sanabria Domenech, el proyecto no es inconstitucional. Lo que sí tiene es un efecto sobre las víctimas y la prueba cuando se busque probar el juicio debido a que ahora —tal vez— no esté disponible al realizarse nuevamente.

Si una víctima decide impugnar la medida en los tribunales de Puerto Rico, el abogado opinó que no habría un argumento legal que utilizar, sino uno psicológico y emocional. Para que se impugne una ley tiene que haber un argumento de inconstitucionalidad, explicó.

“Cuando surge una nueva norma, una nueva ley o un nuevo argumento que es más beneficioso para el acusado, entonces será esa la que se aplique”, agregó al mencionar que se toma en cuenta la ley que más respete los derechos del acusado. 

Sanabria Domenech anticipó que, si bien es cierto que el sistema judicial de Puerto Rico tiene la capacidad de llevar a cabo los juicios que estarán por verse si se aprueba la medida en el Senado, muchos fiscales no estarán listos porque no tendrán la prueba para probar el caso nuevamente.