Si bien es cierto que la opinión de todo menor es importante durante un proceso  de tutela legal, establecer una edad mínima para que pueda dar su opinión resulta problemático porque no toma en cuenta que el desarrollo de la madurez emocional, moral y cognitiva puede variar de persona en persona.

En eso coincidieron expertos entrevistados por Es Mental al analizar el artículo 133 del nuevo Código Civil de Puerto Rico, firmado por la primera ejecutiva, Wanda Vázquez Garced, el 1 de junio. 

El artículo establece que todo niño de 10 años o más podrá opinar sobre el nombramiento del tutor. El tribunal tiene la discreción de nombrar a la persona que el menor prefiera si es la idónea y está capacitada para sobrellevar la responsabilidad.

La trabajadora social-clínica y directora del Instituto de Terapia Familiar, Rita Córdova Campos, opinó que “lo mismo que aplica a un niño de 10 años puede aplicar a uno de ocho”.

“Si de lo que se trata es de la seguridad y el bienestar del niño, el de seis te va a poder decir: ‘mira lo que pasa es que esa persona que tú estás nombrando para tutor es la misma persona que me pone a trabajar y me explota”, explicó.

La trabajadora social indicó que no existe literatura científica que compruebe que los niños de 10 años o más pueden formularse una opinión que pueda ser tomada en cuenta en el tribunal.

Por el contrario, a los 10 años el menor no está del todo maduro ni tiene el juicio necesario para tomar una decisión adecuada, mencionó. Esto ocasiona que se torne complejo para el menor evaluar las acciones y las consecuencias de lo que puedan opinar ante un juez.

La psicóloga clínica especializada en psicología forense y perinatal, Julimar Saez Colón opinó que “más allá de la edad, siempre debemos tener en cuenta que buscamos el mejor bienestar de los menores”. “Limitar las edades es una navaja de doble filo”.

La psicóloga clínica esbozó que considerar la opinión del menor es importante, pero es necesario entrevistar de manera exhaustiva y evaluar sus expresiones para descubrir a qué se deben.

Para entender cómo funciona la madurez en los menores, Saez Colón explicó que se tienen que tomar en cuenta tres tipos de madurez: la cognitiva, la emocional y la moral. Luego de los 10 años, los niños comienzan a desarrollar de manera orgánica estas tres en mira de ser más objetivos y racionales. El modo en el que lo logran es a través de las ganancias de cada relación. Es decir, de los regaños o recompensas. Por eso es que el desarrollo de cada uno puede variar según cada persona.

La psicóloga clínica ejemplificó que es importante que durante todo proceso judicial se tome en cuenta que el menor no siempre apuntará a la persona que mejor capacitada esté para cuidarlo, sino al que le ofrezca mayores comodidades, indicó.

El abogado familiar, Bryan S. Gil Ramos, explicó que el artículo recién insertado en el Código Civil ha causado confusión porque puede interpretarse de diversas maneras.

La razón por la que el nuevo Código Civil de Puerto Rico tiene la edad mínima de 10 años, explicó, es porque ese es el “número mágico” que el tribunal estableció para que los menores puedan ser escuchados durante los procesos de familia. Es un artículo que no existía en la versión antigua.

Por ejemplo, la edad de 10 años es utilizada para que el menor consienta cuando va a ser adoptado durante el proceso judicial en corte, según el artículo 584 del Código Civil de Puerto Rico.

El abogado opinó que los arquitectos del documento extrapolaron el requisito de los casos de adopción a los de tutela porque el menor renuncia a menos derechos que al ser adoptado.

Igual enfatizó que el tribunal “tiene la puerta abierta” a tomar en consideración o no el artículo según la particularidad del caso. 

“Si hay algo que a mí me preocupa de todo ese artículo es la fórmula matemática de 10 años”, opinó el abogado familiar. “Yo entiendo con toda honestidad que no debería existir tal cosa como un ‘número mágico’ que determine cuándo el menor tiene la capacidad de opinar”.

La trabajadora social y la psicóloga clínica coincidieron, entretanto, en que la inserción del artículo 133 coloca sobre relieve la importancia de que se incluyan procesos clínicos durante los procesos judiciales, máxime cuando inciden con el bienestar de los menores.