En los últimos años se han dado grandes avances a favor de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico, sin embargo, todavía queda mucho por hacer.
Algunos de estos avances se han dado tanto en legislación como jurisprudencia local y algunos de parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, indicó Osvaldo Burgos Pérez, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), quien a su vez recalcó que Puerto Rico no puede depender de las decisiones federales para proteger a la comunidad.
Mencionó que, aunque hubo cambios legales como lo es la aprobación del matrimonio igualitario, a pesar de la legislación federal, la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico no goza del cumplimiento de todas sus estipulaciones.
Ha surgido la necesidad de litigar casos con el fin de resolver o aclarar aspectos relacionados a los derechos de familia, como los de filiación. Específicamente, la afiliación de hijos cuando nacen en una familia LGBTTIQ+, pues no se reconocían como hijos del cónyuge en los registros demográficos, destacó.
Comentó que dentro de los otros derechos más recientes se ha obtenido la ley de adopción. A partir del 2018 se permitió que personas de la comunidad LGBTTIQ+ pudiesen adoptar, aunque no estuviesen casadas, explicó.
Igualmente, agregó que han habido cambios significativos en cuanto al cambio de sexo y nombre en los certificados de nacimiento.
Criticó que, aunque desde el 2013 existen leyes en Puerto Rico en contra del discrimen hacia esta comunidad, esta legislación se ve limitada al no incluir algunos ámbitos como lo es el laboral y social, pues “una ley no cambia actitudes”.
Asimismo, detalló que el Gobierno ha comenzado a adoptar políticas a favor de la aceptación de la comunidad, su inclusión y atención, por ejemplo, en la Policía.
A su vez, el director de Waves Ahead Puerto Rico, Wilferdo Labiosa Santiago, sostuvo que hubo avances en el aspecto académico, pues opinó que han surgido más estudios sobre la comunidad y los procesos educativos en la formación de los profesionales.
Agregó que en lugares académicos y cosmopolitas, como en Ponce, San Juan y Mayagüez, se ha acogido el lenguaje inclusivo con mayor auge, pero lamentó de que no son ajustes practicados por los medios de comunicación.
“Si lo usan es circunstancial por tener que entrevistar a personas de la comunidad. Incluso, quizás no nos invitan de nuevo porque usamos este lenguaje”, dijo.
Por otro lado, subrayó la importancia de la elección de dos personas LGBTTIQ+ en el Gobierno: el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, y en el Senado, Ana Irma Rivera Lasén. Destacó que ambas personas, aunque sí divulgaron que eran de la comunidad, no era parte de su plataforma.
Dijo que, actualmente, hay más visibilidad de los negocios de las comunidades LGBTTIQ+ y como consecuencia más divulgación de sus servicios y espacios.
“Antes si no tenías dinero para poner un anuncio, solo se compartía información sobre estos espacios entre la comunidad que representaba, por ende, entre la comunidad LGBT”, justificó.
Situación actual y lo que falta por hacer
El abogado Burgos Pérez resaltó la Carta de Derechos de las personas LGBTTIQ+, la que actualmente está siendo discutida.
Comentó que este sería un paso de avance porque protegería a la comunidad y su vulnerabilidad a prejuicio y discrimen.
De ser aprobada, todas las políticas públicas, las legislaciones propuestas y las decisiones tomadas por representantes del Gobierno tendrán que adherirse a lo que establece la misma, exaltó.
Ampliaría las protecciones antidiscrimen a todas esas áreas que no fuesen laborales y se establecería que el discrimen puede consistir en un rechazo real o percibido, concluyó.
Por su parte, Labiosa Santiago destacó que la aprobación de esta medida no solamente establecería cuáles deben de ser los derechos de esta comunidad, sino las repercusiones de de que una persona actúe en contra de ella. Adelantó que la decisión en cuanto a esta medida, se estaría dando luego del verano, de septiembre en adelante, decisión que describió como estratégica.
Sin embargo, ambas fuentes entrevistadas mencionaron que, a pesar de la formulación de medidas legislativas a favor de los derechos de esta comunidad, aún se percibe mucha resistencia de parte de los representantes del Gobierno ya sea por fundamentalismo o por principios religiosos.
Por su parte, Burgos Pérez apuntó al rechazo de parte de representantes del Gobierno al mencionar medidas legislativas no atendidas por algunos de los cuerpos, como lo es el caso del Proyecto del Senado 136, que quedó detenido en la Cámara de Representantes.
Asimismo, convocó un proceso de resistencia para que no se pierdan los derechos de intimidad, como lo es Roe vs Wade. Alertó que si este fundamento se retira, si se elimina el derecho de las personas para decidir sobre su cuerpo, se pondría en peligro la libertad y la permisibilidad del matrimonio igualitario y las relaciones del mismo sexo.
Finalmente, Labiosa Santiago mencionó que los cambios han sido pocos y escasos. Desde los huracanes Irma y María ha habido una alta incidencia de depresión y ansiedad en el adulto mayor por el aislamiento y rechazo en la comunidad puertorriqueña, destacó al hablar de su experiencia trabajando con esta comunidad.
“En lugar de dar pasos hacia delante, la comunidad ha respondido con homofobia y transfobia”, se lamentó al explicar que, como consecuencia, han ocurrido homicidios en contra de esta comunidad, específicamente hacia la población transgénero.
