Existen múltiples razones por las cuales vivir en una colonia como Puerto Rico repercute adversamente en el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Entre las áreas más afectadas bajo el sistema colonial que impera en la Isla por los pasados 527 años, están la salud, la educación, la vivienda y la economía. Este panorama, a su vez, afecta, entre otras cosas, la salud mental de los puertorriqueños, quienes han tenido que sobrellevar la desigualdad con respecto al Estado dominante: Estados Unidos.

“Con respecto a ese estado de derecho en Puerto Rico, relacionado a la salud y a la salud mental nos coloca en un punto bien crítico porque precisamente son los servicios y la calidad de los mismos lo que se ve en este momento violentado”, sostuvo la doctora Migda L. Rivera García durante la conferencia “En el vaivén del gobierno federal y local: el coloniaje y la salud mental”, ofrecida en la Convención anual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR).

Esta situación viola los derechos humanos de los puertorriqueños, según la profesora universitaria.

“La colonia se caracteriza por no tener un gobierno propio; se encuentra en una situación de desigualdad; la administración y la responsabilidad conciernen al Estado que la domina, sus habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos administrativos”.

-Pablo González- Casanova

La también coordinadora del Comité Ad Hoc de Salud Mental y Coloniaje de la APPR aseguró que las políticas de salud y servicios se ven afectados por la toma de decisiones en los Estados Unidos, producto del coloniaje.

“Entre ese vaivén  de ambos gobiernos, el federal y el local, los servicios de salud están expuestos con lo que tiene que ver a la toma de decisiones sobre las políticas públicas que se toman en el Congreso de Estados Unidos y el Gobierno federal, porque esas regulaciones que se realizan sobre los dineros que van a recibir las personas en Puerto Rico se ven en esa toma de decisiones allá y no llegan los recursos a Puerto Rico”, explicó en relación a los fondos para el sistema de salud.

La experta sostuvo para los autores Marc Joffe y Jesse Martínez, quienes han investigado la crisis fiscal de la Isla, el trato de los Estados Unidos a Puerto Rico no es igual que al resto de los estados y existen medidas legislativas federales que contribuyen a la debacle económica que atraviesa Puerto Rico, como lo son la exclusión del Capítulo 9 de Rentas Internas, la eliminación de un límite a la deuda impuesta y los impedimentos a  la entrada de buques comerciales internacionales  y la obligación usar el transporte mercantil de Estados Unidos por las Leyes de Cabotaje, entre otros.

“Eso crea una limitación y un panorama de mucho control de parte de Estados Unidos”, sostuvo.

A su vez, aseguró que la política de privatización de los servicios esenciales en la Isla ha sido nefasta para las personas más vulnerables.

“La imposición de la Ley Promesa nos trae unas condiciones de un Gobierno paralelo, desde mi punto de vista, donde hay un sentido de administración por parte de los (locales) que administran la colonia, pero realmente tenemos un gobierno paralelo que está mirando, supervisando y examinando todas las decisiones que está tomando el Gobierno local”, manifestó sobre el estatuto impuesto por el Congreso para controlar las finanzas del gobierno de Puerto Rico a través de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Mencionó que “está claro que el gobierno federal está por encima del gobierno local”, como estipula el caso insular Sánchez Valle vs Commonwealth of Puerto Rico, en el que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que Puerto Rico no tiene soberanía jurídica. 

Los procesos de privatización de los recursos de salud, el desempleo, los bajos salarios, el cierre de las escuelas, la reducción en las pensiones, entre otras, empobrece cada vez a los individuos y a los grupos, dijo durante la conferencia. También, mencionó que la JCF tiene un rol designado para imponer medidas de austeridad “porque la deuda tiene que atenderse, pero eso va en contra de nuestra gente”. 

Detalló algunas portadas de periódicos que muestran las prácticas neoliberales del gobierno de Puerto Rico, entre ellas la venta de corporaciones públicas en la década de los 90, la reducción del gobierno y el debilitamiento de las leyes laborales, la crisis fiscal, contratos de gobierno a donantes de partidos políticos, y la limitación de los derechos civiles y humanos, entre otras.

Rivera García mencionó que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido que indicadores sociales como el género, el origen étnico, la educación, el nivel de ingreso y la condición laboral como factores que influencian la salud del ser humano”. Las inequidades en la salud se diferencian entre los diferentes grupos sociales. Es decir, a menor nivel socioeconómico, mayor inequidad en los servicios de salud, mencionó la doctora.

Rivera García sostuvo que desde la psicología se debe tener un compromiso para la discusión crítica para problematizar, debatir y buscar consensos y proponer prácticas interventoras descolonizadoras y acciones de impacto político en beneficio de la gente.

“La psicología puertorriqueña tiene el reto de enfrentar los problemas nacionales y contextualizar en los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos”, puntualizó.