El Proyecto del Senado 297, propuesto en Puerto Rico, ha generado una ola de críticas entre profesionales de la salud, particularmente por sus implicaciones sobre los derechos reproductivos de adolescentes menores de 15 años.
La doctora Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra, profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y directora del Departamento de Planificación Familiar, levantó la voz de alerta ante lo que considera una legislación “descabellada, no basada en evidencia científica” y que puede traer graves consecuencias sociales y sanitarias.
“Básicamente, esta ley hace que las menores de 14 y 15 años no puedan acceder a servicios de aborto sin el consentimiento de sus padres y las obliga, prácticamente, a la maternidad”, denunció Vale Moreno.
Según la ginecóloga, este tipo de imposición no solo limita la autonomía corporal de las adolescentes, sino que también las empuja a buscar métodos inseguros o clandestinos para terminar un embarazo.
El Proyecto del Senado 297, propuesto por la senadora Joanne Rodríguez Veve, portavoz del partido Proyecto Dignidad, exige el consentimiento de los progenitores para el aborto en menores de edad. Una de las disposiciones más controversiales del proyecto es la que requiere que toda menor de 15 años que se someta a un aborto sea referida obligatoriamente al Departamento de la Familia. Según la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Lydael Vega Otero, esto parte de la premisa equivocada de que todo embarazo en esa etapa es resultado de una agresión sexual.
“Eso provocaría un caos en el Departamento. Se van a llenar de referidos que no tienen justificación. Ya tienen sobre 10,000 casos activos, y este tipo de política lo que haría es desviar recursos que deberían estar dirigidos a situaciones verdaderamente urgentes de maltrato o negligencia”, aseguró Vega Otero.
Vale Moreno también expresó su preocupación por este mandato, ya que podría generar una carga adicional al sistema de servicios sociales, que se encuentra sobrecargado, desviando recursos de casos más críticos de abuso y violencia. Considera que esta medida podría criminalizar innecesariamente a adolescentes que no están involucradas en situaciones de abuso, afectando su privacidad y bienestar emocional.
“Vas a tener querellas que no son reales, lo que va a diluir los esfuerzos para investigar los casos donde verdaderamente hay agresión sexual”, lamentó Vale Moreno.
Vega Otero explicó que, en la práctica, esto también puede generar un trauma institucional para las menores.
“Una joven que cuenta con el respaldo de su madre o de su abuela para tomar una decisión sobre su cuerpo, ahora se va a ver investigada como si estuviera en una situación de riesgo, aunque no haya abuso alguno. ¿Qué mensaje se le está enviando a esa familia que actúa con responsabilidad, con empatía? ¿La vamos a castigar por apoyar a su hija o sobrina?”, cuestionó.
También, llamó la atención sobre la incongruencia del sistema legal y de salud. Mientras que una menor de edad puede continuar un embarazo y convertirse en madre sin que se active ninguna investigación por posible agresión sexual, si decide interrumpirlo, entonces, sí se le presume víctima.
“Es una doble vara. Se penaliza una decisión, pero no la otra. Esa desigualdad es profundamente injusta y revela los prejuicios detrás del proyecto”, precisó.
En Puerto Rico, entre 2017 y 2020, se reportaron 1,955 nacimientos de adolescentes menores de 20 años, según el Informe de Estadísticas Vitales de Nacimientos. A pesar de que la exposición de motivos del PS 297 destaca que hubo 67 terminaciones de embarazo se realizaron en menores de 15 años entre 2018 y 2022, Vale Moreno subrayó que esas cifras son mínimas en comparación con los partos en ese grupo etario.
“La mayoría de estas adolescentes deciden llevar sus embarazos a término, pero, si hay algunas que no quieren hacerlo, ¿por qué obligarlas?”, preguntó.
“No considero alarmante esa cifra. De hecho, evidencia que son casos aislados. Más bien, lo que vemos es una falta de educación sexual formal y accesible en el país, que permita a los jóvenes tomar decisiones informadas sobre su sexualidad”, opinó Vega Otero.
Este proyecto parte de una visión ideológica conservadora, señaló Vega Otero al afirmar que no hay una crisis de abortos en adolescentes en Puerto Rico que justifique esta intervención legislativa.
“No es un problema de salud pública”, afirmó la doctora en Salud Pública destacada por sus proyectos de prevención de conductas de riesgo con jóvenes.
Vale Moreno temió que esta legislación sea un reflejo de tendencias conservadoras importadas desde los Estados Unidos.
“Aquí no se legisla pensando en nuestra realidad social, económica o geográfica. Copiamos leyes mal traducidas sin evaluar su impacto”, aseguró.
A juicio de Vega Otero, la legislación parece desconocer las dinámicas reales que enfrentan las adolescentes puertorriqueñas.
“Muchas jóvenes entre los 15 y los 18 años están en proceso de descubrirse, de experimentar su identidad sexual, de conocer su cuerpo. Es parte de su desarrollo. No podemos convertir eso en un acto punible o problemático”, explicó.
Sostuvo que necesitan acompañamiento, orientación, un adulto de confianza que las escuche, no imposiciones del Estado que limiten su capacidad de decidir.
En consonancia con Vega Otero, otro de los aspectos más problemáticos del proyecto, según Vale Moreno, es que ignora el contexto familiar de muchas de estas adolescentes.
“¿Qué pasa si la madre es la única figura responsable y está pasando por un divorcio o una crisis? Referir el caso al Departamento de la Familia es ponerle un sello de red flag a toda esa familia, sin que necesariamente haya negligencia”, ejemplificó.
El 31 de enero de 2025 se llevó a cabo una vista pública para discutir el proyecto. El PS 297 fue aprobado por el Senado el 3 de febrero y se encuentra en proceso legislativo. El Departamento de Salud y el Departamento de la Familia avalan esta medida, al igual que la Oficina de la Procuradora de la Mujer.
La ginecóloga advirtió que la posible implementación de esta ley ha llevado a que clínicas como la suya dejen de atender menores de 15 años, por temor a represalias legales.
“De esos 67 casos que investigó el Departamento de Justicia, solo dos resultaron ser violaciones. Aun así, se nos trató como si estuviéramos cometiendo delitos”, afirmó.
Confesó que el vacío legal y la ambigüedad del proyecto han sembrado confusión entre proveedores de salud.
“Muchos creen que ya no pueden ofrecer ni siquiera tratamientos para enfermedades de transmisión sexual o cuidado prenatal a menores sin el consentimiento de sus padres. Eso es peligroso para la salud pública”, alertó.
La especialista concluyó que lo más preocupante del PS 297 es que no ofrece alternativas ni soluciones reales para las adolescentes que enfrentan un embarazo no deseado.
“No les da ninguna salida si sus padres no quieren firmar o en casos de que no se pongan de acuerdo en una decisión. Están obligadas a parir. Punto. ¿Y qué pasa con las consecuencias a nivel psicológico, económico y familiar?”, ideó.
En un país donde la educación sexual sigue siendo deficiente y donde muchas adolescentes no conocen ni cómo funciona su ciclo menstrual, Vale Moreno describió a esta ley como un retroceso.
“Aquí no hay una visión de salud pública. Solo una agenda punitiva disfrazada de protección”, concluyó.
A través del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Vega Otero ha expresado su oposición formal a esta legislación, que, según ella, se suma a una serie de intentos recientes por restringir los derechos reproductivos en Puerto Rico. Para Vega Otero, el enfoque correcto no es imponer controles y sospechas sobre las adolescentes, sino reconocer su capacidad de agencia dentro de su proceso de desarrollo.
“Las jóvenes no están solas. Muchas veces tienen adultos responsables a su alrededor. Y si no los tienen, lo que necesitan es un sistema sensible, no punitivo. Lo que no podemos permitir es que se legisle desde el prejuicio”, concluyó Vega Otero.
