La comunidad dominicana en Puerto Rico experimenta crisis y miedo ante las redadas y las amenazas latentes de deportaciones, aseguraron expertos entrevistados por Es Mental.
La doctora Yamaris Vázquez García, psicóloga para el Centro de la Mujer Dominicana, afirmó que muchas de las pacientes que atiende en su oficina, aparte de experimentar violencia doméstica, ahora enfrentan procesos de crisis y miedo por las redadas en contra de los inmigrantes.
“Ahora mismo lo que yo estoy observando es un alto nivel de estrés psicológico, tanto en las inmigrantes como en sus familias porque, obviamente, las familias en su país también se preocupan, porque en una gran medida, las familias dependen de ellos (los inmigrantes), que son los que trabajan acá”, aseguró Vázquez García.
“Muchas de estas mujeres trabajan aquí y mantienen a varios de sus hijos en, por ejemplo, República Dominicana. Entonces, pierden todo. No es que solamente deportaron a una persona, sino es que se ve afectada toda la familia. Ahora mismo lo que yo estoy viendo es que tienen trastornos del sueño, ansiedad, incluso trastornos de alimentación”, continuó.
La gobernadora Jenniffer González había manifestado que los dominicanos en Puerto Rico no debían preocuparse por las deportaciones porque “no estamos hablando ni de México ni de Texas”. Sin embargo, el domingo se reportó un operativo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) en Barrio Obrero, Santurce.
Tras la redada, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, dijo en declaraciones escritas: “Entendemos que estos operativos deben conducirse con la sensibilidad que ameritan para aquellas personas indocumentadas que no tienen un historial o investigación criminal en curso. Se nos ha informado que varias de las personas objeto de este operativo son criminales convictos o personas que son objeto de una investigación federal en curso”.
La doctora Migna Rivera García, directora del Programa de Consejería Psicológica de la Universidad Albizu, denunció “abuso de poder sistémico” y que “va en contra de los derechos humanos de las personas”.
“Esas estrategias que, usualmente, las personas tenemos para afrontar dificultades, quedan autodestruidas porque estamos hablando que es el Estado contra usted como persona o contra su familia”, explicó Rivera García.
De igual forma, Lydael Vega Otero, presidenta del CPTPR, expresó por escrito que: “Estas medidas han creado un ambiente de temor y de un trato inhumano al invadir estas comunidades con operativos policiales caracterizados por el uso excesivo de la fuerza, armas y equipos tácticos. Estas acciones no solo son injustas, sino que también constituyen una violación de los derechos fundamentales de estas personas”.
Por su parte, Larry Alicea Rodríguez, expresidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTPR) en entrevista con Es Mental, advirtió que muchas personas que no cuentan con un estatus migratorio actualizado forman parte de una familia que sí tiene su documentación actualizada, por lo que una deportación significa el rompimiento de redes familiares, lo que puede desembocar en crisis y traumas psicológicos para los familias.
Las aportaciones de la comunidad dominicana a la Isla
Por otro lado, Alicea Rodríguez explicó que muchos inmigrantes ocupan un espacio “trascendental” para el funcionamiento de la sociedad y su ausencia puede redundar en falta de servicios esenciales.
“No es que solamente es una comunidad trabajadora, es una comunidad que aporta a la cultura del país, que aporta a la economía y que no es una población que venga aquí a quitarle trabajos a nadie”, apuntó Alicea Rodríguez.
“En muchos casos, estas personas vienen a ocupar labores y trabajos que muchas personas en Puerto Rico no realizan o no están dispuestos a realizar o trabajos que no hay quien los ocupe en Puerto Rico. Muchas de estas personas, sobre todo la migración de mujeres dominicanas, trabajan en tareas de cuidado y asistencia en el hogar en Puerto Rico, que incluye cuidado de la niñez y cuidado de adultos mayores. Sin esos recursos, van a haber espacios totalmente descubiertos de trabajo”, explicó.
“Yo quisiera pensar que el gobierno fue ingenuo, porque el Proyecto 2025 (plan de gobierno de Donald Trump) era claro y el presidente fue claro en decir que iba a tomar como su principal agenda las deportaciones masivas. La gobernadora trató de decir que no nos preocupamos, que eso iba a ser por la frontera de México y ya estamos viendo en Puerto Rico estos tipos de intervenciones. Se espera del gobierno que tome las acciones pertinentes para proteger, no con comunicados de prensa, sino con acciones como varios estados de Estados Unidos ya están tomando acciones específicas”, agregó el expresidente del CPTPR.
En esa misma línea, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, aseguró mediante un comunicado de prensa que ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan colaborará en los operativos y refirió que los ciudadanos con problemas migratorios asistan a la Oficina de Ayuda al Inmigrante.
