Al menos cinco personas han muerto en Puerto Rico, entre el 2014 al 2023, por el uso de fuerza policial mientras atravesaban crisis emocionales, reveló un reciente informe de la organización Kilómetro 0.
Pese a que el archipiélago se encuentra entre las tres jurisdicciones de Estados Unidos con la mayor incidencia de casos de salud mental, las intervenciones por crisis no necesariamente están siendo llevadas a cabo por salubristas y/o especialistas en el tema una vez se llama al 911.
En la investigación El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad, se evidencia las circunstancias en que ocurren las intervenciones y detalla cómo una emergencia de salud mental o uso problemático de sustancias en la Isla puede convertirse en un peligro más para la persona en crisis y su familia.
Cinco por ciento de las muertes por uso de fuerza fueron de personas que atravesaban crisis emocionales, precisa el estudio. Uno de estos casos fue el de Anthony Maldonado Avilés, en el 2019; un joven jayuyano con epilepsia, quien murió tras recibir varios disparos de la Policía. Su madre llamó pidiendo ayuda, ya que enfrentaba una crisis emocional.
Por otro parte, en el 2015, Jeremías José Fret Maldonado, perdió su vida tras recibir descargas de un dispositivo de control, por un sargento y su compañero agente, en medio de una crisis de salud mental.
«A través de los procesos de análisis e investigación que hemos llevado a cabo entendemos que la Policía no es un ente capacitado ni capacitable para este tipo de intervención. Estamos abogando para que se lleve a cabo una infraestructura que permita que quienes atiendan las situaciones en crisis sean capacitados en áreas de la salud o salubristas, como psicólogos, trabajadores sociales y personas adiestradas para esto», explicó Adli Cordero, coordinadora de la campaña.
Actualmente hay 32 municipios sin psicólogos y sin psiquiatras, siendo las regiones central y noroeste del país las más afectadas, detalla el proyecto.
Mensualmente, la línea PAS atiende alrededor de 35,000 llamadas y según la Coalición por la Salud Mental uno de cada cuatro adultos en Puerto Rico padece un trastorno de salud mental.
Kilómetro 0 reitera que las crisis emocionales no son crímenes y menciona también el caso de Ana Julia, (nombre ficticio para proteger la identidad del paciente), de 26 años a quien luego de encerrarse en el baño de su hogar buscando refugio de la Policía, que se disponía a trasladarla a un hospital psiquiátrico, se le disparó (desnuda) en dos ocasiones con un dispositivo de descarga eléctrica.
«Surge también de la necesidad de plantear e imaginar que hubiera sido si las personas que tenían su crisis de salud mental hubiesen estado acompañadas por un personal capacitado. Probablemente la historia sería otra. Muchas fueron muertes bajo custodia de la Policía«, detalló Cordero.
«Nos preguntamos por qué esto sucede, tenemos una respuesta. La policía no es la institución adecuada para manejar el tema de la salud mental. Está entrenada para identificar un peligro en cualquier ciudadano. Actúan con comandos verbales y esperan que los ciudadanos respondan a estos«, continuó.
La historia de Shannet Colón también tiene presencia en este informe, pues la joven de 23 años era paciente de salud mental y ante la negligencia del manejo de su caso, murió en el Centro de Rehabilitación de Mujeres de Bayamón, bajo custodia del Departamento de Corrección.
De acuerdo con el doctor Orlando De Jesús, psicólogo clínico, el rol de un profesional de la salud mental es vital en situaciones de crisis emocionales, ya que son capacitados para proveer intervenciones basadas en evidencia y herramientas que puedan estabilizar al individuo.
«Nosotros pudiésemos evitar que la crisis salga de proporciones y ocurran consecuencias en contra de las personas que están experimentan la crisis u otras involucradas», afirmó De Jesús.
Un diálogo empático, proveer un espacio seguro (dentro de lo tensa que pudiera resultar la situación) y el entendimiento de las necesidades de la persona son elementos esenciales a la hora de accionar. Sin la necesidad del uso de fuerza o medidas punitivas, recordó.
Los especialistas son, además, encargados de derribar los prejuicios y narrativas vinculadas al tema de la salud mental, las cuales, en ocasiones, tienen como descripción «que (estas personas) son locas, violentas por naturaleza, delincuentes y que solo razonan por la fuerza«, dijo el doctor.
Aunque la Ley 408 se dispone a ser utilizada cuando un paciente presenta conductas en las que puedan causarse daño físico inmediato a sí, a otros o la propiedad (cuando la severidad de los síntomas y signos así lo indiquen) las intervenciones no deben convertirse en escenarios violentos o protagonizadas por brutalidad policial.
La psicóloga Nelmaris Hernández, quien adiestra en medidas protectivas (métodos para manejar crisis no violentas), explicó que, aunque un paciente pueda mostrarse violento bajo sus crisis, se pueden implementar diversas técnicas para poder estabilizarlo.
Y que la misma la Ley 408 aboga para que el paciente no se exponga a abuso mientras es estabilizado.
«Si tú utilizas taser en una persona con problemas cardíacos y no conoces eso, le afectará. Por tratarse de eventos que son súbitos, uno trata de hacer preguntas. Esto es parte del llamado apaciguamiento«, describió la licenciada sobre lo que estipula la ley.
«Tu propósito como profesional siempre debe ser salvaguardar la vida de la persona», puntualizó.
Incluso, dijo que el después de estos acontecimientos podría provocar trastorno de estrés agudo, estrés postraumático y/o ansiedad en el paciente, por miedo a que se repita el evento.
En Puerto Rico, para el 2022, la policía tuvo alrededor de 722 casos de uso de fuerza, 132 de estos fueron hacia personas en crisis de salud mental, contó Cordero a Es Mental.
“En la isla, el uso de dispositivos de descarga eléctrica se usa casi el doble que en Estados Unidos. Es bien doloroso ver cómo esto se sigue replicando sin impunidad y estamos muy pendientes de cuáles son las medidas que se van a estar implementando”, finalizó.
El 62 por ciento de las 50 jurisdicciones más grandes en Estados Unidos ha creado al menos un programa de manejo de crisis sin intervención de la Policía desde el año 2020, precisa El tercer castigo: entre la irracionalidad y la peligrosidad.
