Hawái se convirtió en uno de los territorios que por primera vez en su historia no tiene ni una sola niña en la plantilla de encarcelamiento de su Centro Correccional Juvenil. Eso ha hecho que muchos se pregunten cómo ha sido posible y si se puede aspirar a que otros territorios asociados a la nación estadounidense también lo logren. 

Según la Comisión Estatal de Hawái, tras años promoviendo esfuerzos (basados en reformas y apoyo de organizaciones sin fines lucrativos) que se enfocan en cambiar los métodos tradicionales por alternativas a favor de la salud mental de la niñez y que dejan de un lado la recriminación por parte del estado, en la actualidad ven resultados favorables con cero niñas encarceladas. 

De acuerdo con el abogado abolicionista Diego Alcalá, existen otras jurisdicciones de los Estados Unidos que han intentado lograr condiciones no punitivas para los niños y jóvenes por las repercusiones, hoy evidenciadas, que representan estos escenarios para su salud emocional e integridad.

De hecho, en un documento publicado por el licenciado con especialidad en derechos humanos, llamado De-car-ce-lar — Parte Il, expone que un 95 por ciento de los jóvenes que se enfrentan al sistema judicial no cometen delitos violentos. Muestra, asimismo, que del 2016 al 2017 en Puerto Rico solo un 5 por ciento fue procesado por faltas administrativas (como es reconocido ante el derecho) relacionadas a crímenes violentos y un 12 por ciento por crímenes de propiedad, como la apropiación ilegal, escalamiento o Ley de Protección de Vehículos. 

Muy contrario Hawái, y del otro lado, tenemos los métodos punitivos tradicionales empleados en la Isla, presentados en investigaciones de los principales rotativos en Puerto Rico. 

“En Puerto Rico llevamos 28 años en un caso federal en donde se le ha demandado a la Administración de Juveniles por las horribles condiciones de viviendas que los niños experimentan. Hay una negligencia crasa de parte del estado. Allá dentro se han documentado casos en los cuales niños se agreden por la falta de supervisión adecuada, múltiples eventos con niños con problemas de salud mental no tienen seguimiento de sus citas y condiciones en las que han intentado suicidarse’’, aseguró a Es Mental

Recientemente y con la finalidad de reformar el sistema de justicia juvenil de la Isla, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 344, radicado desde la oficina del senador independiente José A. “Chaco” Vargas Vidot, para enmendar la Ley de Menores y las Reglas de Procedimientos para Asuntos de Menores, que se acojan estrategias de rehabilitación y que exista una edad mínima de 13 años para procesar por faltas a los menores.

La ley, además, establece la mediación como método alterno para la solución de conflictos, por lo que, de ahora en adelante, con la ayuda de un facilitador imparcial, las partes involucradas en un conflicto podrán alcanzar acuerdos que pongan fin a un problema, a través de conversaciones que minimicen los estigmas y traumas de los procedimientos judiciales.  

En expresiones escritas Vargas Vidot señaló que las restricciones físicas o encadenamientos a los que se someten muchos menores en custodia son humillantes, estigmatizantes y contrarios a los objetivos de rehabilitación

“Ante eso la ley prohíbe el uso de restricciones mecánicas (cadenas y esposas) en los procedimientos de menores y regula los criterios para determinar los momentos en lo que se utilizarán de forma excepcional”, dijo. 

Por otra parte, el psicólogo clínico comunitario, Eduardo Lugo Hernández, apuntó a que el modelo punitivo se extiende a las escuelas del País y para ello es necesario recordar cómo la Policía de Puerto Rico podría intervenir con los niños en los planteles. 

“Hay asuntos escolares que antes se manejaban en la comunidad escolar, hoy día tenemos a la Policía interviniendo con menores de escuela elemental. Esto nos debe preocupar y ocupar a todos y todas. La escuela se convierte en extensión del modelo carcelario afectando, irónicamente, el sentido de seguridad de nuestra niñez”, dijo.

“Hay que mirar modelos alternativos para el beneficio de nuestra niñez, juventud y la sociedad en general. Lo que pasa en Hawái es uno de esos ejemplos. Lo que falta es el interés del gobierno de hacer las cosas de manera distinta. Es un asunto de humanidad y derechos de la niñez urgente”, puntualizó. 

Alcalá mencionó que al igual que Hawái, en el Condado de Fairfax de Virginia existía una visión muy diferente en relación con cómo se debía manejar el caso de niños y jóvenes ante la ley, evitando que estos fueran encarcelados. 

“Inclusive había una presunción de que no se iban a meter presos y cuando sí iban, las cárceles no se parecían a las nuestras, eran espacios distintos a lo que tú te imaginas que es la cárcel en Puerto Rico, que es calabozo”, concluyó. 

De los 2 millones de niños y adolescentes arrestados cada año en los Estados Unidos, entre un 65 a 70 por ciento padece alguna condición de salud mental, de acuerdo a documentos de la National Conference of State Legislatures.