La creación de un seguro nacional de salud, declaración de emergencia nacional por salud mental, regulación de la publicidad promotora del uso de sustancias y comportamientos potencialmente adictivos, así como la retención de profesionales especializados en este tema, son algunos de los puntos que los candidatos a la gobernación han presentado en sus propuestas sobre el tema de salud mental.
De cara al evento electoral, que se celebrará este 5 de noviembre, Es Mental resume lo propuesto en las plataformas de Gobierno de los cuatro aspirantes a la gobernación de la Isla, Javier Jiménez, del Proyecto Dignidad; Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático; Juan Dalmau, de la Alianza de País (que conforman el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana); y Jenniffer González, del Partido Nuevo Progresista.
Las propuestas de los candidatos
El candidato de Proyecto Dignidad, Jiménez, propone la creación de un consorcio de instituciones educativas acreditadas en el tema de la salud mental, cuyo fin será la educación y preparación en desarrollo de propuestas y obtención de fondos para investigación sobre el tema.
Además, poner en práctica lo denominado como ‘prevención primaria y secundaria’, con el propósito de mejorar la salud mental y prevenir las adicciones, especialmente en jóvenes, lo que es de particular preocupación para este candidato.
Ante el problema de uso de sustancias, como el alcohol y la marihuana, asegura que se debe transformar la percepción ‘de que estos no son peligrosos ni adictivas’ y, por ello, las personas que por primera vez sean arrestadas por el abuso de sustancias tendrán que ser evaluados por un especialista en psiquiatría o medicina en adición para determinar si deben ingresar en un programa de rehabilitación o someterse a las penas que establezca un tribunal, conforme a la legislación vigente, enfatiza su propuesta.
De igual forma, se realizará una evaluación especializada a todo usuario que se encuentre conduciendo o trabajando bajo la influencia de alcohol o cualquier sustancia adictiva legal o ilegal o en posesión de sustancias controladas (con o sin receta).
“La evaluación se realizará dentro de las primeras 72 horas de la intervención (incluirá toxicología y muestra de aliento), por un equipo interdisciplinario, que incluirá un psiquiatra, un trabajador social u otro profesional de salud mental especializado o con entrenamiento actualizado y experiencia en adicciones. Este equipo determinará si el ofensor presenta un diagnóstico de abuso o dependencia o conductas vinculadas a la venta y el narcotráfico de sustancias controladas”, describe.
De igual manera, hace hincapié en que se renovarán los programas de metadona y buprenorfina con mejores prácticas médicas (basadas en evidencia).
Su proyecto habla, también, sobre la obtención de datos reales o últimos informes relacionados a la salud mental en Puerto Rico, incluyendo la información del Observatorio de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
Para esto, será obligatorio que la agencia, en colaboración de otras instituciones acreditadas en Salud Pública, publiquen los estudios cada dos años.
Finalmente, describe lo que será la expansión del uso de telemedicina y consulta remota, para proporcionar acceso a servicios de salud mental a todos los ciudadanos.
Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, Ortiz, propone que se declare un Estado de Emergencia de Salud Mental para que este asunto de salud pública sea una prioridad y se pueda reformar la ASSMCA.
Reitera, además, que hará posible una alianza entre el Centro Médico y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, para convertir hospitales psiquiátricos en centros de práctica.
Y bajo este mismo asunto, sostiene que se agilizarán los procesos de acreditación de médicos.
“La meta es complementar su salario o beneficios para allegar y/o retener estos profesionales”, señala el documento.
Por otro lado, se implementará el Programa de Salud Comunitaria, para que organizaciones sin fines de lucro trabajen directamente con las comunidades.
De otra parte, Dalmau, de la Alianza, presenta un sistema de salud universal, que se enfocará en abordar el tema de la salud mental.
Esto, con la formulación e implementación de políticas, planes y leyes en el campo de la salud mental. Pero, además, la asignación de fondos para la formación de profesionales de la salud y la contratación de estos, especialmente en el tema de la psiquiatría y la psicología clínica.
Habla también del financiamiento de más internados en psicología clínica, que tengan la calidad requerida y sean competitivos en términos de sus salarios.
Propone la aprobación de legislación dirigida a asegurar los derechos y condiciones laborales de profesionales como, por ejemplo, los trabajadores sociales y terapistas ocupacionales.
Detalla lo que será la creación de la Comisión Nacional para el Estudio de las Adicciones (CNEA), un cuerpo multisectorial y multidisciplinario encargado de revisar la evidencia científica sobre el impacto de la política de control de drogas y recomendará alternativas, desde una perspectiva de salud pública.
“Esta comisión se enfocará en desarrollar una política integrada, que no solo atienda las adicciones a drogas legales e ilegales, sino también las diversas adicciones conductuales”, detalla.
Dalmau promete la contratación de educadores en salud, que junto a los profesionales de la salud mental, estén encargados de realizar estudios de necesidades y diseñar intervenciones educativas adecuadas. Las mismas deben erradicar el estigma hacia la enfermedad mental.
Se compromete a eliminar “el casi monopolio que existe actualmente bajo el Plan Vital por parte de la compañía APS Health Puerto Rico” como proveedor e intermediario de servicios de salud mental, afirma.
Finalmente, sostiene que se promoverá la musicoterapia como una opción terapéutica para trabajar las necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales de un individuo.
La propuesta para manejar el tema de la salud mental de la actual comisionada residente, González, ofrece equipar a ASSMCA con ambulancias especializadas para asegurar el cuidado puntual y adecuado que requieren las personas que sufren de enfermedad mental o puedan sufrir de algún episodio.
El equipo de respuesta incluiría dos enfermeras de salud mental y un paramédico. Lo que, según el documento, minimizará la presencia de la Policía y pondrá a disposición profesionales capacitados para la respuesta de emergencia.
Finalmente, González busca promover que todos los estudiantes de medicina, que se gradúen en Puerto Rico, tengan su residencia en la isla; comprometiéndose a que este médico pueda trabajar en Puerto Rico por los próximos 5 años.
“Si el médico recibe una oferta mejor de algún estado, se verían obligados en pagarle al gobierno local la inversión que se hizo en su carrera de medicina”, enfatiza.
