Puerto Rico recibirá $100 millones en compensación económica para el manejo de la crisis de opioides, pero su uso preocupa a quienes han vivido en carne propia la pérdida de un ser querido por el abuso de sustancias.
Este es el caso de la consejera profesional y madre de un joven que falleció de una sobredosis de opioides en el 2017, Elba J. Guzmán.
“Aparte de la emoción porque viene dinero, hay que saber cómo y para qué se va a utilizar ese dinero y cómo se va a medir su efectividad. Entiendo que se deben establecer unas guías precisas y hay que legislar para que esos fondos no se desvíen, pues ya conoces la realidad de nuestro País y la corrupción rampante”, comentó.
Ante la peligrosidad de los opioides, desde hace tres años la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), en representación del gobierno local, inició un proceso de litigio y negociaciones contra empresas y farmacéuticas tras “promover” el uso de opioides. Este pasado lunes el proceso legal llegó a su fin.
Fue el mismo Departamento de Justicia que dio a conocer que, a partir de abril, la isla recibirá $100 millones en compensación económica, que “permitirá costear servicios de prevención y tratamiento contra la adicción en las comunidades afectadas por la crisis de opioides”, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Guzmán destacó que los esfuerzos actuales y públicos continúan enfocándose en prevención de forma superficial y no necesariamente en herramientas relacionadas al tratamiento.
“Cuando la persona va a buscar el tratamiento vemos que no hay camas en los lugares. Que la burocracia hace que estas personas estén esperando dos o tres semanas para conseguir un lugar. Muchos hospitales han cerrado y algunos hasta han perdido sus acreditaciones. Ese dinero ayudaría mucho, siempre y cuando se legisle y se establezcan guías claras”, puntualizó.
Por su parte, el psiquiatra Arnaldo Cruz Igartua, especialista en adicciones, mencionó que en Estados Unidos se ha dado el caso de que el dinero ganado por demandas a las tabacaleras, como responsables de muertes por el consumo de tabaco, no se ha invertido en combatir las adicciones. De igual forma, abogó por la equidad en servicios para las familias.
“En Puerto Rico no hay equidad en servicios para las adicciones. En salud mental, en general, solamente un 64 por ciento recibe algún tipo de tratamiento. Cuando hablamos de adicciones de sustancias, solamente un 47 por ciento. En caso de alcohol, solamente un 30 por ciento recibió el tratamiento especializado. Y cuando hablamos de cualquier tipo de trastorno de adicción (leve y severo), un ocho por ciento«, afirmó.
Fiscalizarán los fondos
En expresiones escritas a este medio, el senador José Vargas Vidot aseguró que a través de la Resolución Conjunta del Senado 220 se buscará que los fondos se usen únicamente para las iniciativas que proponen mitigar la crisis y aquellos esfuerzos de prevención sobre salud mental.
«Aquí lo importante es que el dinero que se reciba se use responsablemente para prevención y para aplacar la crisis de opioides. Por eso, la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que presido, radicó la Resolución Conjunta del Senado 210 para apuntar a ASSMCA como manejador y fiscalizador de todos los fondos que lleguen al gobierno central, agencias y municipios de Puerto Rico por motivo de las demandas radicadas contra compañías y farmacéuticas por el rol que cumplieron en la proliferación de la crisis de opioides en la Isla”, sostuvo.
Agregó que todavía “no se han concertado esfuerzos uniformes para que los fondos que lleguen se usen para esas cosas específicamente”, por lo que la falta de uniformidad sobre el uso de los fondos, “podría provocar que se usen para otros fines”.
“Nuestra Comisión se encuentra en el proceso de recibir memoriales en cuanto a la resolución conjunta y en el desarrollo de un informe sobre la medida que esperamos presentar la próxima semana. Nuestra meta es que el Senado la atienda y se apruebe antes de abril, que es cuando Puerto Rico comenzará a recibir ese dinero”, concluyó.
Alarmante las cifras de muertes por opioides
Tanto en Estados Unidos como Puerto Rico la epidemia por abuso de sustancias continúa cobrando la vida de ciudadanos y de forma acelerada, con datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que señalan 136 muertes diarias por causa del abuso de opioides recetados e ilegales.
De forma local, y según información de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), solamente en el 2020 se reportaron 534 sobredosis por opioides en Puerto Rico. No obstante, los números actualizados son más alarmantes e incluyen asimismo otras adicciones como el alcoholismo y tabaquismo, explicó Cruz Igartua.
De acuerdo con el doctor, los CDC y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de los Estados Unidos, registran de 25 a 70 mil fallecimientos anuales por abuso de drogas, siendo las llamadas “legales” las responsables de matar hasta seis veces más.
“Sabemos que en Puerto Rico mueren a diario personas por opioides, muchos de ellos jóvenes, porque lo que se está vendiendo en la calle es una mezcla de heroína y fentalino, que es cien veces más potente que la heroína y, al poder ser sintetizado en laboratorios clandestinos, es mucho más económico y su efecto es más potente. Y es muy peligroso, porque puede entrar en sobredosis y morir por fallo respiratorio”, describió el doctor a Es Mental.
