Hace varias semanas la quinta masacre del año le arrebató la vida a cinco personas en el residencial Ramos Antonini, en Río Piedras. También, una mujer fue asesinada mientras transitaba junto a sus dos hijas por la carretera PR-177, a plena hora del día. Y así, sucesivamente, observamos que cada día son más los crímenes que ocurren ante la vista de todos y a cualquier hora. 

¿Qué pasa por la mente de esa persona que saca un arma larga, aprieta el gatillo, dispara, escucha las detonaciones y ve frente a sí caer a otra persona mortalmente herida? ¿Tiene sentimientos? ¿Le importa? ¿Le es indiferente? ¿Qué lo motiva a actuar de esa forma? 

“Cuando uno ve el perfil de los confinados, la mayoría de ellos apenas completó una escuela superior. En el caso de los varones un por ciento significativo padecía de déficit de atención e hiperactividad y esto es relevante porque muchas conductas criminales están relacionadas a impulsividad y al manejo inadecuado del coraje. A esto se suma que muchas de las personas que están confinadas fueron víctimas de maltrato físico, abuso psicológico y sexual y vivieron en un ambiente de violencia doméstica. Muchas fueron criadas solamente por la madre, vienen de hogares con historial criminal, abuso de sustancias y alcohol”, explicó el psicólogo forense, Fernando Medina Martínez. 

Cuando se conjugan los elementos descritos hay una mayor posibilidad de que ese individuo también se convierta en un desertor escolar y arrastre en su temprana adultez problemas de aprendizaje, por lo que “terminan en la calle reuniéndose y asociándose con otras personas que en ese momento comparten también esas características y es cuando se forman los grupos y las gangas. Y en ese ambiente se aprende a sobrevivir con la violencia. La mayoría de los confinados o de los que terminan en una cárcel son personas que no tuvieron la dirección adecuada y el ambiente positivo para hacer lo que socialmente es aceptable”, dijo. 

A los factores que trae el sujeto por su trasfondo individual se añade el elemento de la territorialidad de los puntos de drogas en el que un bando manda a matar a alguien del otro por intentar robarle espacio de operación de venta y distribución del producto ilegal, lo que, según Medina, se ha agudizado ante la ausencia de oficiales del orden público en lugares de riesgo. 

“Sabemos que hay una cantidad mínima de la fuerza policíaca disponible para trabajar y los que están es por pocas horas. Por eso, los criminales se dan el lujo de matar a plena luz del día de forma indiscriminada, contrario a lo que pasaba hace 40 años atrás, había un código entre los criminales de que uno nunca tocaba niños y mujeres y el que lo hacía iba a ser sancionado brutalmente. Eso cambió”, sostuvo. 

Para el 2018, una resolución de la Comisión cameral de Seguridad Pública reveló que en siete años la cantidad de policías bajó de 22 mil a 12 mil.

¿Por qué matan? 

Asesinar les da sentido de pertenencia a un grupo y se sienten empoderados de que lo pueden hacer. Matan como forma de descargar un coraje, una frustración o la impotencia que vienen arrastrando desde temprano en su vida, según los expertos entrevistados por la mente criminal. 

“Con excepción de los psicópatas, que son los criminales sin sentimientos, que no sienten o padecen y que constituyen el 5 por ciento de la población penal, la mayoría de los asesinos lo que hacen es desplegar ese coraje que traen hacia la víctima. Ese coraje les impide pensar en quién están matando y al apretar el gatillo sienten un alivio temporero. Luego de que cometen el primer asesinato ya no tienen nada que perder, ya es simplemente en piloto automático, no sienten ni padecen. Saben que van a ir presos o los van a matar antes de pisar la cárcel, no piensan en el futuro”, explicó el psicólogo forense.

En una ocasión, Medina Martínez acudió a trabajar un caso en la Unidad Hospitalaria de Adolescentes de Bayamón de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Se trataba de un joven de 12 años que le dijo directamente que no iba a estudiar porque se quería ganar mucho dinero, que sus planes eran montar un punto, tener un arma de fuego y volverse rico. 

Casos como el de este joven se pueden trabajar con la intervención de un experto, pero resulta muy difícil pues en Puerto Rico no hay rehabilitación para el confinado, aseguró el experto en salud mental. 

El experto subraya que la rehabilitación es importante para que los confinados puedan reinsertarse a la comunidad y tener la oportunidad de ser productivos luego de cumplir su condena.   

Sobre este particular, el Departamento de Corrección y Rehabilitación se sostuvo en el Perfil del Confinado de 2019, que reveló que un 3 por ciento de los confinados en el sistema correccional ingresan con reincidencia en sus sentencias, mientras que el 39 por ciento ha cometido algún delito previo. Dicho perfil apunta a que más del 60 por ciento de los confinados que se reinsertan a la libre comunidad y no regresa al sistema por haber hecho «los ajustes inculcados a su conducta como parte de los servicios y tratamientos ofrecidos», según las expresiones escritas referidas a Es Mental

Estos números se basan en los servicios que cada reo recibe como parte de su Plan Institucional, se informó. Dicho plan se dirige a identificar sus necesidades individuales y atenderlas mientras esté encarcelado. El diseño de este plan conlleva evaluaciones periódicas relacionadas a su salud física, emocional y mental, su historial delictivo, capacidades y destrezas «a los fines de clasificarlos y determinar los servicios en armonía con los principios de tratamiento individualizado y seguridad pública». 

Los servicios con base psicosocial dirigidos a la modificación de conducta incluyen: evaluación, tratamiento grupal e individual, asesoramiento, evaluaciones psicológicas, terapias grupales e individuales, terapias grupales e individuales, entre otros. Además los miembros de la población penal pueden participar de programas educativos, vocacionales, de desvíos y comunitarios, residenciales, entre otros. 

La criminalidad es un grave problema de salud mental 

El abogado criminalista, Leo Aldridge, coincidió con Medina al decir que la mayoría de las personas que enfrentan una acusación en los tribunales del país tienen una alta prevalencia de enfermedades mentales cuyo detonante son experiencias traumáticas relacionadas a la pobreza, al hambre, al maltrato y a la necesidad. 

“La actividad delictiva no se percibe ni se atiende como un asunto de salud mental. El sistema lo que hace es reaccionar y almacenar a la persona que cometió el crimen en un presidio donde no hay ningún programa beneficioso de salud mental.  Se separa de la sociedad a la persona almacenada y luego se saca y ese tiempo almacenado fue como un limbo en el que no pasó nada”, explicó. 

En su práctica, Aldridge admitió que como abogado criminalista tiene que asumir una actitud paciente y sensible para poder comunicarse con su cliente, que generalmente tiene alguna condición de salud mental no atendida y se le dificulta expresarse con claridad.  

De acuerdo con Aldridge, la criminalidad está rampante en gran medida porque no hay disuasivo suficiente para no cometer el crimen. Dijo que estudios del Departamento de Justicia Federal establecen que el disuasivo mayor es que ese potencial criminal sepa o sienta la presión de que lo van a atrapar por la comisión del delito. 

“Pero, entonces, vas a las estadísticas y ves que el porcentaje de esclarecimiento es ínfimo, lo que quiere decir que las personas que se dedican al bajo mundo muchas veces no son arrestadas”, precisó. 

“El sistema justicia como disuasivo está enviando un mal mensaje porque muchas veces uno ve disparidad en las sentencias en los casos que se ven en corte y así el país pierde la fe en las instituciones oficiales. Aquí la prevención es importante, no hay programas de prevención y esa es la clave de los males así como mantener los muchachos en las escuelas. Ciertamente, la violencia está prácticamente institucionalizada en nuestro país y se debe a la incapacidad del estado para trabajarlo desde política pública”, declaró por su parte, la socióloga Bennyliz González Báez, quien cuenta con un bachillerato y maestría en justicia criminal y un doctorado en filosofía, letras y jurisprudencia de la Universidad de León, en España. 

González recomienda al gobierno a dirigir sus esfuerzos a los puertos y reforzar la vigilancia de la entrada de armas y sustancias por dicha vía y también abandonar las políticas punitivas que no dan espacio a la prevención. 

“Hasta que el estado no asuma una conducta proactiva, no haya plan anticrimen seguiremos viendo como gatilleros en nuestras calles a los hijos de la Mano Dura de Pedro Rosselló y del Golpe al Punto de Alejandro García Padilla. Son hijos del enfoque punitivo, de la represión”, concluyó.