Más allá de castigos es hora de exigir las responsabilidades que tiene el Estado sobre la niñez, especialmente con la población de diversidad funcional en Puerto Rico, así coincidieron profesionales de la salud mental y los derechos humanos sobre la situación que involucra una niña de 13 años con diversidad funcional y quien dio a luz recientemente tras vivir un patrón de abuso sexual por parte de su padrastro.
De acuerdo con la doctora Ángeles J. Acosta Rodríguez, psicóloga clínica y miembro de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la situación se trata de un problema estructural, cuya solución no está en señalar y acusar al círculo familiar de la niña.
“Esto es un problema más complejo de lo que se dice por ahí. Mencionamos ‘¡Ah, qué el padrastro!’, ‘¡Ah, qué la mamá es mala!’’ y todas esas cosas que la gente empieza a decir. Pero son muchos factores que inciden sobre el caso; es la pobreza, la falta de educación, de acceso a servicios médicos, la falta de apoyo’’, afirmó Acosta Rodríguez sobre el caso de la niña que es una menor con autismo.
Hizo hincapié en que el Departamento de la Familia de Puerto Rico carece de estadísticas sobre la cantidad de niños con diversidad funcional que se encuentran entre los casos referidos por maltrato y abuso sexual.
“No hay una idea real de cuántos de esos niños y niñas son de población con diversidad funcional. Es una situación terriblemente dolorosa, pero que a la vez destapa algo que tenemos como responsabilidad social’’, sostuvo.
Aseguró que la Asociación de Psicología de Puerto Rico está en la mejor disposición de ayudar a las agencias del Estado que suponen ser responsables, como el Departamento de Familia y el Departamento de Educación, en revisar protocolos de identificación y referido de los casos, particularmente de menores con diversidad funcional.
En un comunicado de prensa, asimismo, la Asociación de Psicología de Puerto Rico y su Comité de Promoción del Desarrollo Integral de la Niñez, reclamó a las agencias gubernamentales pertinentes la investigación y adjudicación de responsabilidad a quién o a quiénes de alguna manera hayan contribuido, por omisión o negligencia, al patrón de abuso sexual.
“El Estado tiene responsabilidad social, con la mayor premura, de desarrollar un plan de orientación a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación de las señales de alertas sobre abuso sexual, tanto en la población en general, como en la diversidad funcional, y se hace imperativo capacitar al personal escolar en cómo identificar señales de abuso sexual en la población de diversidad funcional’’, puntualizan en la comunicación escrita.
Por su parte, la abogada y defensora, Mariana Iriarte Mastronardo, explicó que el Estado, el cual forma parte de la violencia a la niñez a través de la opresión sistémica, propone como solución de estos casos el castigo y no se enfoca en la reparación del daño y la transformación.
“En lugar de atender el asunto de una manera estructural o colectiva, pues lo atiende de una manera individual y lo que tú tienes entonces es un montón de padres y madres y familias bajo el ojo del Departamento de Familia, que no tiene ninguna función y visión reparadora y transformadora’’, expuso la licenciada.
Dijo también que muchas veces el Departamento de la Familia perpetúa patrones de maltrato y agresiones con amenazas constantes e investigaciones que pueden durar varios años.
“Si queremos transformar esta sociedad tan violenta debemos empezar a dejar de juzgar y de tener afán de castigo y penalizaciones, es casi como un morbo el querer ver a la gente que hizo daño sufrir’’, dijo.
Finalizó al expresar que asumir responsabilidades o exigir cuentas es un enfoque muy diferente al exigir castigo, pues la punición no es método de rendición de cuentas y no contribuye a la reparación ni la transformación de «estas circunstancias de vida que hacen posible que una niña, en condiciones de tanta vulnerabilidad, sufra lo que vivió esta niña de 13 años’’.
