La violencia de género constituye una de las problemáticas más alarmantes de salud pública de nuestro tiempo. Sus raíces profundas y entrelazadas se nutren de estructuras patriarcales que reproducen desigualdades, silencios y omisiones históricas. No se trata solo de casos aislados ni de crímenes pasionales: es un reflejo de cómo, como sociedad, aún fallamos en garantizar vidas libres de violencia a mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas.
Las manifestaciones de esta violencia son múltiples y cotidianas. Desde la brecha salarial que menoscaba la autonomía económica de las mujeres, hasta comentarios que cosifican, invisibilizan o infantilizan sus decisiones. Desde la carga desproporcionada del cuidado familiar, hasta los asesinatos por razón de género —el feminicidio— como expresión más cruda del deseo de control total sobre el cuerpo y la vida de otra persona.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia de género como “actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas debido a su género, con raíces en la desigualdad, el abuso de poder y normas sociales dañinas” (ONU Mujeres, 2021). Esta definición nos exige mirar más allá de los titulares y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo estructuralmente para transformar esta realidad?
No hay que empezar de cero, pero sí con urgencia
Durante años se han propuesto estrategias valiosas. Sin embargo, muchas de estas iniciativas han sido interrumpidas por cambios políticos, intereses partidistas o por presiones de sectores conservadores que se oponen a avances en equidad. Hoy, más que nunca, necesitamos una ruta clara, sostenida y colectiva.
Una primera acción necesaria es la creación de un comité permanente multisectorial para la evaluación continua de políticas, protocolos y recursos relacionados con la violencia de género. Este comité independiente de los vaivenes político electorales, debe integrar voces diversas: sobrevivientes, academia, organizaciones sin fines de lucro, sistema judicial, salud, educación y más. Modelos como el de España, donde el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer produce análisis periódicos e incide directamente en política pública, ofrecen una guía de referencia efectiva (Ministerio de Igualdad, 2022).
Estrategias que han demostrado impacto:
- Educación con perspectiva de género desde edades tempranas.
La educación es la herramienta más poderosa de transformación social. Países como Argentina, a través de su Ley de Educación Sexual Integral (2006), han logrado una disminución sostenida en actitudes sexistas y una mayor conciencia sobre derechos y consentimiento entre adolescentes (Ministerio de Educación de Argentina, 2020). La evidencia muestra que integrar la perspectiva de género en el currículo escolar reduce la violencia relacional y promueve relaciones basadas en el respeto mutuo.
- Incorporación de la teoría de sistemas familiares
Este enfoque reconoce que la violencia no ocurre en aislamiento. Intervenciones comunitarias en países como Nueva Zelanda integran este marco teórico para abordar las dinámicas relacionales y ofrecer apoyo simultáneo a sobrevivientes y personas que han ejercido violencia, con el fin de interrumpir ciclos intergeneracionales (Family Violence Clearinghouse, 2022).
- Modelos de justicia restaurativa en casos de violencia de género
Aunque aún controversiales, países como Noruega y Canadá han explorado mecanismos restaurativos en ciertos tipos de casos, bajo estrictos marcos éticos y con consentimiento informado, con resultados positivos en reducción de reincidencia y en la percepción de reparación por parte de las víctimas (Daly, 2017). Este modelo no sustituye el sistema penal tradicional, sino que lo complementa cuando las circunstancias lo permiten.
- Protocolos de respuesta sensible y coordinada
La revictimización institucional es una de las mayores barreras para buscar ayuda. En Escocia, el protocolo “Equally Safe” ha sido fundamental para establecer respuestas integrales entre policía, servicios de salud y organizaciones sociales, incluyendo formación obligatoria en trauma y género para todo el personal de primera respuesta (Scottish Government, 2020).
- Evaluación de Riesgo
La evaluación de riesgo constituye una estrategia basada en evidencia científica que ha demostrado ser altamente efectiva para detectar señales tempranas de peligro e implementar intervenciones preventivas oportunas (Campbell et al., 2009). Diversos estudios han validado instrumentos como el Danger Assessment (DA), el Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) y el Spousal Assault Risk Assessment (SARA), los cuales han mostrado un valor predictivo significativo en la estimación de riesgo de letalidad y reincidencia en casos de violencia de género (Messing & Campbell, 2016).
En Puerto Rico, durante el estado de emergencia declarado el 25 de enero de 2021 por el entonces gobernador Pedro Pierluisi, se implementaron medidas dirigidas a fortalecer la respuesta institucional ante la violencia de género. Entre ellas se incluyó la Orden Administrativa 2023-08, que incorporó de manera obligatoria la Hoja de Riesgo de Muerte, instrumento traducido al español por el Departamento de Justicia a partir del modelo desarrollado por la Dra. Jacquelyn Campbell y la Dra. Nancy Glass, profesoras de la Universidad Johns Hopkins.
Según esta orden, toda investigación relacionada con una querella por violencia de género debía integrar la evaluación de riesgo de letalidad. No obstante, tras la derogación del estado de emergencia, no conocemos sobre la continuidad de esta práctica en la actualidad.
La experiencia comparada en otras jurisdicciones ha demostrado que la evaluación de riesgo complementada con entrevistas semiestructuradas y análisis de factores contextuales es un recurso esencial en la intervención. Esta práctica permite al personal de seguridad y justicia determinar el nivel de riesgo letal al que está expuesta la víctima, establecer medidas de protección inmediatas y diseñar planes de intervención diferenciados.
Identificar tempranamente un riesgo elevado no solo puede salvar vidas, sino también facilitar intervenciones más adecuadas hacia la persona agresora aparte de la víctima. La evidencia científica ha establecido de manera consistente una serie de factores de alto riesgo de feminicidio o intento de feminicidio, entre los cuales se destacan:
- Episodios previos de estrangulación no fatal.
- Acceso del agresor a armas de fuego.
- Amenazas explícitas de muerte.
- Escalada reciente de la violencia.
- Separación o intento de separación de la pareja.
- Celos extremos y conductas de control coercitivo.
- Situaciones de embarazo o posparto.
La investigación ha demostrado que sobrevivir a un episodio de estrangulación no fatal incrementa de manera sustancial el riesgo de intento u homicidio posterior, motivo por el cual este factor se incluye sistemáticamente en los instrumentos de riesgo (Glass et al., 2008). Asimismo, estudios demuestran que leyes más estrictas que limitan el acceso a armas de fuego a agresores de violencia doméstica se asocian con una reducción significativa en los homicidios de pareja (Zeoli et al., 2018).
En el contexto puertorriqueño, el Observatorio de Equidad de Género ha documentado que en múltiples casos de feminicidios recientes los agresores poseían licencias para portar armas, lo que resalta la urgencia de revisar y reforzar los procesos de otorgamiento y fiscalización de dichas licencias.
En este marco, sostenemos que la evaluación de riesgo debe implementarse desde la presentación de la querella inicial y mantenerse activa aun cuando el caso no derive en una orden de protección o en un proceso judicial formal. El riesgo de letalidad no desaparece con la ausencia de medidas judiciales, por lo que es fundamental establecer planes de seguimiento y monitoreo continuos, incluso si la víctima decide no continuar con la querella o si el tribunal no otorga una orden de protección.
Prevención de la violencia de género requiere un enfoque integral
La prevención de muertes por violencia de género requiere de un enfoque integral, sostenido y coordinado, que combine:
- Evaluación estructurada de riesgo con instrumentos validados.
- Intervención inmediata y particular con la víctima y el agresor en escenarios aparte.
- Monitoreo y seguimiento constante, independientemente de la continuidad del proceso judicial.
Solo mediante este enfoque integral es posible garantizar la seguridad de las víctimas, reducir la letalidad y avanzar hacia un sistema de justicia y seguridad pública más efectivo y sensible a la problemática de la violencia de género.
¿Y en Puerto Rico?
Tenemos los talentos, las voces, los saberes… pero necesitamos voluntad. Apostar por estas estrategias no puede depender del próximo cuatrienio, ni del escándalo mediático más reciente. Se requiere compromiso sostenido de todos los sectores: gobierno, instituciones educativas, comunidades, sector salud, medios, organizaciones y ciudadanía en general. La erradicación de la violencia de género no es tarea exclusiva del movimiento feminista. Es un asunto colectivo, ético y urgente. Porque hablar de justicia, de bienestar y de país, exige poner en el centro el derecho de todas las personas a vivir una vida libre de violencia.
*Jessica X. Fuentes Cátala es consejera profesional licenciada y la Dra. Kalitza Baerga-Santini, es psicóloga clínica.


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