Las enmiendas propuestas al Proyecto del Senado 184, que busca prohibir las “terapias de conversión”, ha provocado que sectores involucrados en el tema hayan alertado que estas terapias no son lo mismo que los modelos de afirmación y las terapias hormonales de transición de género, por lo que no deben incluirse en la medida. 

La semana pasada las senadoras Gretchen Hau, Migdalia González y Elizabeth Rosa propusieron unas enmiendas al proyecto del senado buscando prohibir los modelos de afirmación y las terapias hormonales de transición de género. 

 

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Las senadoras mencionaron que las enmiendas buscan salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores ante estos procedimientos, que no se encuentran prohibidos, como la inyección de hormonas y los bloqueadores hormonales.

El senador José Vargas Vidot ha reiterado que no enmendará el proyecto, a pesar de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha insistido que sea enmendado para que sea aprobado.

El Colegio de Profesionales del Trabajo Social también se opone a las enmiendas porque entiende que no tiene relación con las “terapias de conversión”.

El psicólogo clínico y coordinador del  Comité de Diversidad de Sexo, de Género y de Orientación Sexual de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, Caleb Esteban Reyes, explicó que los modelos de afirmación no son terapias porque ser homosexual, lesbiana, transexual o transgénero no es una patología. El objetivo de estos modelos es que las personas encuentren su verdadera identidad. Por lo general, tienden a ser un refuerzo para las terapias a las personas no heterosexuales o cisgénero. 

El término cisgénero se refiere a las personas cuya identidad y expresión de género coincide con el sexo biológico que se les asignó cuando nacieron.  

Las terapias hormonales de transición tienen un objetivo parecido, explicó. La diferencia es que tienden a estar acompañadas de bloqueadores hormonales y cambios de voz, por lo que son una intervención interdisciplinaria más allá de la psicología. 

 A diferencia de los modelos de afirmación y de las terapias hormonales de transición de género, acotó, las “terapias de conversión” son prácticas dirigidas a cambiar la identidad de género o la orientación sexual de una persona que no están avaladas por la ciencia.

 “Cuando tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones bien informadas”, expresó. 

“No es que alguien se sentó, me explicó algo mal y rápido me alerté sobre algo que la persona posiblemente me explicó mal”, agregó el psicólogo clínico en entrevista con Es Mental en relación a las enmiendas. 

La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés) se ha expresado contra las terapias de conversión porque, en lugar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de quienes interviene, les  causa inclinaciones suicidas, depresión, impotencia, relaciones disfuncionales y mayores niveles de estrés y de ansiedad. La Asociación de Psicología de Puerto Rico ha asumido la misma postura al igual que el Colegio de Trabajadores y de Trabajadoras Sociales, así como el Colegio de Abogadas y de Abogadas de Puerto Rico.

El portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE), Osvaldo Burgos, mencionó que se reunió con las senadoras Hau y González para explicarles el significado de los modelos de afirmación, las terapias hormonales de transición de género y las “terapias de conversión”. 

Las dos senadoras se encontraban receptivas a las aclaraciones, mencionó.

En la reunión, el portavoz le sugirió a las senadoras que, de haber preocupación con los modelos de afirmación o las terapias hormonales de transición, se atendieran en un proyecto distinto al Proyecto del Senado 184 debido a que no guardaban similitud.

Previo a legislar los modelos de afirmación y las terapias hormonales de transición urgió a que se investigue y se corrobore cuán problemáticas estas prácticas son en realidad.

“Nos sorprenden estas enmiendas porque las senadoras estuvieron presentes en las vistas públicas”, expresó el portavoz. 

“Lo único que hubo relacionado con las terapias de hormonas fueron unas preguntas, muy mal intencionadas, de la senadora, Joanne Rodríguez Vevé”, mencionó. 

La senadora Rodríguez Veve ha sido la voz más estridente en el Senado contra  las “terapias de conversión”. Entre otros argumentos, ha mencionado que estas intervenciones son una intromisión del Estado en la crianza de los menores. Contra la iniciativa también se han posicionado la representante y el presidente de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos y César Vázquez

Impacto a las personas trans

La directora de True Self Foundation, Joanna Cifredo, mencionó que la polarización este cuatrienio en torno a la medida legislativa de Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Javier Aponte y Ana Irma Rivera Lassen le sorprende porque, cuando se trata de las personas trans, se olvida que siempre han estado presentes en Puerto Rico.

Y es que el esfuerzo de restarle derechos a las personas trans, añadió, comenzó hace años.

“Es peligroso y es ofensivo cuando tratan de legislar sobre el cuerpo de las mujeres, incluyendo las trans”, mencionó.

“Este es un país peligroso para las personas trans”, advirtió la directora.

Las enmiendas al proyecto del Senado no reconocen que las personas trans son tan puertorriqueñas como el resto de la población, acotó, aunque deban tener los mismos derechos.

 En su caso, las terapias hormonales de transición de género le salvaron la vida porque ser trans no se escoge, explicó, se nace.

Prohibir las terapias hormonales es una de las propuestas enmiendas al Proyecto del Senado 184.

 Los legisladores han intentado utilizar a las personas trans como “chivo expiatorio” para no atajar los problemas que realmente afectan a la isla como la pobreza, el hambre y la educación pobre, mencionó. Estos esfuerzos se han repetido a lo largo de Estados Unidos.

Bajo amenaza los derechos de las comunidades LGBTQIA+

De acuerdo con la Campaña de Derechos Humanos (“HRG”, por sus siglas en inglés), el 2021 es el peor año contra los derechos de las comunidades LGBTQIA+ en Estados Unidos.

Hasta la fecha, 10 legislaciones contra estas comunidades han sido aprobadas por los gobiernos estatales mientras que ocho se encuentran a la espera de ser firmadas por el Ejecutivo. Esta cantidad es superior a la del 2015, considerado el peor año contra sus derechos. 

Cerca de siete proyectos de ley adicionales están a la espera de ser aprobados por, al menos, uno de los dos cuerpos legislativos a lo largo de los 50 estados para entrar en vigor.