Siendo el suicidio la tercera causa de muerte violenta en la Isla y las condiciones de salud mental un gran problema de salud pública, diversas organizaciones que agrupan a profesionales, la academia y la ciudadanía formarán parte de una histórica coalición.

Llamada la Coalición por la Salud Mental, la iniciativa nació tras múltiples reuniones desde noviembre de 2023, en las que se analizaron los datos, y los salubristas presentaron un plan a corto, mediano y largo plazo. Esta se compromete con la promoción de políticas públicas y prácticas basadas en evidencia, la fiscalización de servicios, la educación preventiva y la publicación de informes periódicos con los datos más actualizados.

Esta acción constituye un hito en la historia de la salud pública de Puerto Rico, en momentos en que la demanda de servicios se ha disparado a una tasa mínima de 1 en cada 4 adultos puertorriqueños con trastorno de salud mental.

Para atender dicha demanda, existe una escasez de proveedores al punto de tener 75 designaciones de «Health Professional Shortage Areas», en las cuales 53 son municipios. Estas designaciones significan que no existe al menos un proveedor de salud mental por cada 6,000 habitantes, se vive bajo niveles federales de pobreza y/o el tiempo de viaje requerido no permite acceso a dichos servicios.

De manera similar, solo existe 1 psiquiatra por cada 3,500 personas con trastorno de salud mental, y 32 municipios no cuentan ni tan siquiera con 1 psiquiatra.

¿Quiénes componen la Coalición por Salud Mental?

La Coalición está compuesta por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), la Asociación de Psiquiatría en Niños y Adolescentes, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR); la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional, los programas de psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM) y de la Universidad Central del Caribe (UCC), la Universidad Albizu, la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales (SBBS) de la Ponce Health Sciences University (PHSU).

También el Área Clínica del Programa Graduado de Psicología de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP), el programa doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle (EGTSBL) de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras (UPR-RP) y la organización cívica de cambio social Somos Más.

Buscan fiscalizar y que se rindan cuentas

La voluntad inmediata de la Coalición es liderar y monitorear la crisis de salud mental en Puerto Rico, por lo que insta al Departamento de Salud a respaldar esta iniciativa mediante su reconocimiento como entidad legítima. Además, la coalición exige que se hagan disponibles los informes que han sido requeridos a las compañías subcontratadas por ASES para evaluar y fiscalizar los servicios de salud mental. Estos informes deben ser accesibles al público para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. El grupo multisectorial hizo un segundo llamado exigiendo la aprobación de varios Proyectos del Senado, como el P. del S. 893 y el P. del S. 894, presentados desde el 2022 por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social. Estos proyectos fueron radicados con la necesidad de asegurar los derechos y las condiciones laborales apropiadas de estos profesionales en Puerto Rico.

Para abordar la actual escasez de psiquiatras ante la gran demanda en servicios, la Coalición anunció la radicación de una Resolución Conjunta en el Senado. Dicha resolución solicitará la revisión de asignación de fondos para residencias psiquiátricas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas (UPR-RCM), con el fin de crear 2 plazas nuevas de residencias psiquiátricas ya aprobadas por la Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME). Esto permitirá la retención de más psiquiatras en la isla y, por ende, augura un sistema de atención de salud mental accesible y productivo.

Por otro lado, el Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico (CPTOPR) acompaña estas exigencias con relación a la radicación de las medidas legislativas que intentan reconocer a los terapeutas ocupacionales y los asistentes de terapia ocupacional como profesionales de la salud mental y, por consiguiente, garantizar el acceso de sus servicios a la comunidad.

Mientras que para la actual escasez de plazas para internados en psicología en Puerto Rico, y la poca competitividad de sus salarios en comparación con internados en los Estados Unidos, la Coalición se propone crear unas guías para la creación de dichos internados para que estas sean dirigidas a la atención de poblaciones vulnerables. Con dicha estructura de internados creada, se posibilitará la creación de una segunda resolución conjunta solicitando la revisión y asignación de fondos para el financiamiento de dichos internados.

A largo plazo, la Coalición contempla promover la centralización de datos para proyectar la información sobre las necesidades, tendencias y servicios de salud mental en la isla. El monitoreo de estos datos y su proyección accesible a la comunidad permitirá una planificación estratégica efectiva y actualizada. 

Finalmente, se estará estableciendo un plan para aumentar las plazas de internados en psicología clínica y otros asuntos que la Coalición identifique para que sean atendidos diligentemente. Para maximizar estas acciones, es imprescindible que se establezcan más alianzas multisectoriales y que la red de apoyo sea interdisciplinaria y consistente.