El sistema de protección de menores en Puerto Rico opera con un sesgo de género profundamente arraigado, aseguró el doctor Larry Alicea Rodríguez, trabajador social y catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle de la Universidad de Puerto Rico.
“Eso ya lo corroboró el Instituto de Estadísticas. La cantidad de casos que se le fundamenta a las madres es desproporcionadamente superior a la que se le fundamenta a los padres”, sostuvo.
De hecho, según las estadísticas más recientes, en 1,422 instancias el responsable del maltrato en los casos investigados por el Departamento de la Familia (DF) fue la madre, versus 671 en los que se identificó al padre como perpetrador. Los mismos datos señalan que lo más común fue la negligencia y el maltrato físico.
Según explicó el también pasado presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, ante una alegación de maltrato o negligencia, la investigación suele centrarse de inmediato en la figura materna.
En consonancia con Alicea Rodríguez, la abogada Janine Marrero Montalvo, con más de 20 años de experiencia en derecho de familia y protección de menores, opinó que la disparidad en cómo el sistema interviene con madres y padres no puede analizarse fuera de una realidad estructural.
“La mayoría de los hogares que son objeto de intervención están liderados por mujeres”, dijo.
Tal como explicó la licenciada, en Puerto Rico muchos menores viven únicamente con sus madres, ya sea porque el padre nunca reconoció al niño o porque está ausente.
“Cuando ocurre una intervención, quien está presente con los menores es la madre. Por eso, estadísticamente, el caso se lleva contra ella”, señaló.
Aunque el DF está obligado a identificar y contactar al padre, Marrero Montalvo admitió que “lamentablemente no es exitosa en esa gestión”.
Este patrón tiene consecuencias legales y sociales, subrayó la experta, quien también trabajó en el DF.
“Los casos mayormente se procesan contra la madre porque era quien tenía la custodia al momento de la intervención”, explicó sobre lo que termina reforzando una narrativa donde la maternidad se convierte en sinónimo de responsabilidad absoluta, mientras la ausencia paterna queda normalizada.
Muchas madres dejan a sus hijos solos por falta de alternativas, dijo la abogada, al tiempo que aclaró que no todo constituye abandono criminal.
“El abandono necesita unos criterios específicos. Muchas veces lo que hay es una alegación de negligencia, no un delito”, puntualizó.
En esos casos, insistió, la respuesta del Estado debería ser orientación y apoyo, no castigo.
“No hay un abordaje a los padres”, señaló Rodríguez Alicea.
Esta omisión no es neutral, sino que perpetúa el estigma hacia las mujeres como únicas responsables de la crianza y desvincula a los hombres de esas responsabilidades, sostuvo.
El profesor en trabajo social advirtió que el resultado es una investigación incompleta.
“Hay padres en esa ecuación que no se miran, no se abordan”, repitió, al reiterar que incluso cuando su ausencia, económica, emocional o física, contribuye directamente a la precariedad que se le imputa a la madre.
“Tú no ves procesando a un padre por abandono, aunque sea una tipología de maltrato. Ahí ves la doble vara”, se lamentó.
Alicea Rodríguez describió este fenómeno como un “sesgo por anclaje”, sustentado en lo que denomina el ideario maternal. Es decir, la noción de que el valor social de una mujer está atado a ser madre, cuidar y hacerlo de forma intensiva e infalible.
“Si te equivocas, no se te perdona. Se te castiga, se te humilla, se te tilda de mala madre”, afirmó.
Este enfoque, añadió, invisibiliza los contextos que rodean el maltrato.
“Toda la visión se centra en quién cometió el maltrato y quién fue la víctima, pero nadie mira el contexto social que provoca que esa conducta ocurra”, destacó.
En particular, denunció el uso de la negligencia como mecanismo punitivo contra la pobreza.
“Hay harta literatura sobre cómo la negligencia se utiliza para penalizar a personas que no pueden dar lo que no tienen”, puntualizó.
“El problema es que el Estado no tiene una política pública de prevención ni de educación en crianza responsable”, afirmó Marrero Montalvo.
A su juicio, el Gobierno actúa bajo lo que llama una “administración por crisis”. “Viene la crisis y entonces reaccionas, en lugar de evitarla”, dijo.
Marrero Montalvo reconoció que los estereotipos de género siguen influyendo en la percepción social.
La reproducción del prejuicio por género
“Existe la concepción de que las madres deben cuidar 24/7”, mencionó. Aun así, recalcó que el problema es más profundo. “Si el Estado no educa desde temprano sobre equidad de género, esos prejuicios se reproducen en todas las profesiones”, mantuvo.
En este marco, Alicea Rodríguez también dijo que el Departamento de la Familia opera casi exclusivamente de forma reactiva.
“Si analizas su presupuesto, casi todo se va en atención al maltrato. La prevención es mínima”, reiteró.
Para el académico, sin políticas públicas integrales de cuidado y sin exigir corresponsabilidad paterna, el sistema seguirá castigando a las mujeres mientras falla en proteger verdaderamente a la niñez.
Para la abogada, la clave está en invertir en prevención, educación comunitaria y recursos reales.
“Hay estudios que demuestran que invertir en prevención hoy reduce el costo de reaccionar mañana”, concluye. Sin ese cambio, advirtió que el sistema seguirá castigando a las madres por sobrevivir, en lugar de proteger a la niñez.




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