Las estadísticas disponibles sobre violencia de género y sexual en Puerto Rico “carecen de actualización”.
Así lo dio a conocer la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género (OEG), la doctora Irma Lugo Nazario durante el conversatorio ¿Qué pasa con la violencia sexual en Puerto Rico?, ofrecido por la coalición Coordinadora Paz para las Mujeres.
Lugo Nazario lamentó de que en Puerto Rico solo se han recogido datos hasta el 2019, lo que dificulta el estudio de la magnitud de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios y el discrimen, además de que complica la evaluación de la eficacia de las medidas tomadas hasta el momento para asistir la situación e imposibilita el poder idear medidas contundentes a la realidad del País.
.jpg)
La actividad virtual de la coalición se realizó con el fin de detallar el manejo, la divulgación y la recopilación de estadísticas sobre el tema, tanto desde la perspectiva de la activista comunitaria Lugo Nazario, como la de Soe Rodríguez Álamo, quien es la epidemióloga encargada del Observatorio para la Prevención y Violencia de Género en Puerto Rico del Departamento de Salud (DS).
Lugo Nazario destacó los hallazgos del estudio realizado por el OEG titulado La persistencia de la indolencia feminicidios, en el que se detectaron alrededor de 266 casos de feminicidios durante los años 2014 al 2018.
Recalcó que han pasado dos años desde la divulgación de los datos sobre la violencia de género y la Policía aún no ha declarado veredictos ante los 26 casos que el OEG categorizó como bajo investigación.
A su vez, Lugo Nazario criticó la diferencia entre los datos reportados por la Policía y aquellos brindados por otras agencias. Se lamentó de la diferencia de 11% a un 27% entre los casos detectados por la Policía y las demás entidades.
Incluso, determinó que los datos de la Policía carecían especificidad, presentaban problemas en las definiciones de los términos ofrecidos y no incluían la clasificación de feminicidios como parte de sus estadísticas.
“Nosotros tuvimos que solicitar que nos brindarán estadísticas más actuales. Lo único que tenían era hasta los primeros tres meses del 2019. Luego de la petición, solo nos completaron el año, sin ofrecer más”, comentó con indignación.
Por su parte, Rodríguez Álamo reconoció que, a pesar de que lleva más de 20 años estudiando y recopilando estadísticas, no ha contado con suficiente personal para asistirle en sus esfuerzos.
Explicó que se deben de entender los sesgos que hay en la información, pues para llenar los formularios que se extienden para recoger la información se debe tener hogar y un número de teléfono, dos criterios con los que no todos los residentes de Puerto Rico cumplen.
Añadió que no todas las víctimas buscan ayuda profesional, razón por la que no se pueden registrar todos los casos existentes.
Además, destacó la falta de especificidad en los informes brindados por los hospitales al enviarles casos sobre los SAFE Kit, pues sostuvo que contenían poca información sobre cada caso y eran hechos manualmente. El SAFE kit es un conjunto de acciones para recopilar evidencia luego de una violencia sexual.
A su vez, Lugo Nazario denunció a la administración de Pedro Pierluisi Urrutia por no aceptar la participación de las integrantes de la OEG en esfuerzos como el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (también conocido por sus siglas PARE).
Extendió su descontento al matizar la necesidad de representación de activistas comunitarios en comités gubernamentales como este.
Reiteró la importancia de que las investigaciones de tal índole fuesen ejecutadas con perspectiva de género y mediante la modalidad más adecuada, dado a la sensibilidad del tema y la vulnerabilidad de las víctimas.
Asimismo, subrayó la preparación de las integrantes del OEG para lidiar con temas delicados y desglosó la metodología de sus investigaciones.
De manera similar, especificó que los esfuerzos de la OEG son guiados por el modelo de protocolo latinoamericano de investigaciones de muertes violentas de mujeres por razones de género, configurado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Documentó la importancia del adiestramiento de los profesionales que trabajan con temas de violencia de género y sexual.
Mientras, puntualizó la importancia de generar indagaciones con perspectiva de género. Estableció que la inserción de esta en la metodología de las investigaciones permite analizar las conexiones entre los testimonios, plantear posibles hipótesis de los casos, basados en sucesos preliminares de discrimen u odio, y obligan al estado a modificar, transformar y poner fin a la aplicación injustificada de estereotipos negativos de género.
Detalló investigaciones como Cuando tembló la tierra, donde se evidenció la existencia de múltiples violencias estructurales presentes con antelación a que ocurrieran los sismos del sur, las que posteriormente se recrudecieron y generaron mayor vulnerabilidad para las mujeres.
El deterioro en la salud mental y física, el impacto de la carencia de empleo, subempleo y altos niveles de pobreza, a pesar de poseer niveles altos de escolaridad, expectativas basadas en roles de género tradicionales y la falta de un plan estratégico multisectorial de respuesta ante un evento sísmico figuraron entre los efectos principales para las féminas.
Igualmente, expuso que hubo múltiples actos que involucraron violencia de género en los refugios provistos para las personas que quedaron sin hogar, tanto luego de los huracanes Irma y María como a partir de los temblores.
Recordó la ausencia del Gobierno en estos esfuerzos ante la importancia de proteger a la comunidad de actos lascivos por género.
Incluso, explicó las recomendaciones ofrecidas por las víctimas basadas en los hallazgos de sus indagaciones y la ayuda que ofrecen. Dentro de ellas, mencionó la planificación para la reducción de riesgo, la evaluación previa de refugios oficiales y campamentos comunitarios, adiestramiento al personal, desarrollo e implementación de protocolos, entre otros.
“En los mismos campamentos las mujeres creaban grupos. Se protegían las unas a las otras yendo a los baños en conjunto, ya que en adición al trauma por haber perdido la residencia, también tenían que lidiar con la falta de supervisión que facilitó robos, agresiones sexuales y violencias de género”, articuló en indignación.
