Pese a que el Departamento de la Familia (DF) alega estar preparado para implementar la nueva Ley para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, la agencia no cuenta con el personal necesario para atender los casos de menores ágil y adecuadamente.

El estatuto, Ley 537 que reforma todo el sistema de protección de menores para cumplir con la ley federal, fue aprobado el pasado 17 de marzo y está a la espera de la firma del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. 

“Sin el recurso humano esta ley se va a quedar en el aire”, estableció la presidenta del  la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado  Rosamar Trujillo Plumey al resaltar que a pesar que desde el primer día el DF alega estar preparado para la implementación del nuevo estatuto el ente gubernamental no ha atendido su carencia de personal y recursos humanos. 

Explicó que, a pesar de que la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, la dijo a la Junta de Supervisión Fiscal que cuenta con los fondos necesarios para atender el problema, solo ha contratado 22 de los 200 trabajadores sociales que tiene que reclutar. Destacó la necesidad de hacer una campaña agresiva para agilizar la contratación de personal. 

Enfatizó en que a la Asamblea Legislativa le preocupa la implementación de la Ley 537, que a su vez busca la implementación de la legislación federal denominada como Family First Prevention Services Act y que sustituye la Ley de Bienestar, Seguridad y Protección de Menores (Ley 246). 

Por su parte, la directora ejecutiva de Escape Centro de Fortalecimiento Familiar, Yadira Pizarro Quiles, concordó con la senadora al establecer que la medida legislativa no va a tener el impacto deseado sin un ecosistema equitativo de servicios multidisciplinarios de apoyo social. 

Apuntó que para que esto funcione los 78 municipios de Puerto Rico tienen que tener servicios equitativos que apoyen a que la ley se desarrolle como está diseñada. No obstante, criticó que no todos los municipios tienen el mismo acceso a los recursos necesarios para cumplir con lo que la ley pretende. 

Asimismo, añadió que como el DF tiene poco personal, manejan demasiados casos cada persona lo que provoca que no puedan ofrecer los servicios con la calidad que requiere. 

“¿Todos los pueblos de la Isla van a tener psicólogos y trabajadores sociales que van a atender el asunto inmediatamente, de ser necesario? No. ¿Qué pasa al final? Que los menores van a correr peligro si el sistema no implementa esta ley como se debe”, subrayó al destacar que hay referidos que tardan de 3 a 4 meses en atenderse. 

Por esto, propuso que al DF le hacía falta más tiempo para fortalecer los servicios antes de poder implantar esta ley. 

¿Qué establece la ley?

Esta ley viene a desarrollarse por los fondos federales que implica, pues para recibirlos la ley local tiene que estar a la par de la de Estados Unidos, que en este caso es la ley Family First, aclaró Pizarro Quiles.

A su vez, la senadora Trujillo Plumey, añadió que la legislación federal fue implementada en el 2018, pero hay estados, como en el caso de Puerto Rico, que acogieron una prórroga para tener tiempo para implementarla, confirmó.

Explicó que como esta prórroga tenía una fecha de caducidad, era la responsabilidad de Puerto Rico presentar esta ley antes de una fecha específica, que llegó tanto a la Cámara de Representantes como al Senado. Por esto, el Gobierno Federal no está sancionando ni ha penalizado la demora en la implementación de esta ley, comentó.

La ley coloca a la remoción del menor como la última alternativa. Establece que cuando el Estado tenga que asumir custodia des menores, porque corren peligro, si la familia recibe los servicios y cumple con lo pedido, la reunificación se haría lo más rápido posible. 

La legisladora sostuvo que la legislación reforma el sistema de cuidado y bienestar de apoyo a menores, pues va más enfocado a prevenir que los menores acaben en el sistema de cuidado sustituto. 

“Abrazamos esta legislación porque es lo que entendemos que todos quieren, queremos familias fortalecidas porque esto contribuye a una mejor sociedad”, afirmó.

Asimismo, destacó que, a partir de esta ley, todos los recursos del DF tienen que estar enfocados en la prevención. 

“Hay que entrar a las comunidades, entrar a la calle y, así, se trabaja la prevención y las conductas erróneas que tenemos en la crianza. No solo el DF sino que todos los entes gubernamentales tienen que trabajar juntos y estar en la misma página”, detalló.

Mientras, Pizarro Quiles recordó que se debe hablar para mejorar el sistema y empujar al DF a que de respuestas.

A esto, Trujillo Plumey respondió que, hasta el momento, quedan atentos a que el gobernador irme la medidapara empezar el tracto de petición de información, saber dónde están parados los entes gubernamentales y cómo va su implementación. 

“Es nuestra responsabilidad como país unirnos más y llevar el mensaje de la prevención”, concluyó.