Ha sido grato y a la vez amargo conocer a través de la revista digital Es Mental las nuevas expresiones del administrador de ASSMCA, Carlos Rodríguez Mateo, sobre los trámites en curso para la reapertura del Centro de Servicios de Salud Mental para Niños y Adolescentes en Bayamón. Ya en el mes de diciembre del pasado año, el Administrador anunció la apertura -contemplada para el mes de febrero 2022- de una sala estabilizadora pediátrica en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, para la cual destacó la asignación de $600,000 en fondos federales.

Varias de sus expresiones en la entrevista publicada el 6 de junio llamaron nuestra atención. Por ejemplo, señala “un incremento postpandemia en la demanda de salud mental (sic) y el uso y abuso de sustancias”. Desde nuestra perspectiva, es importante añadir que el incremento en la demanda por dichos servicios también responde al hecho de que durante la pandemia la mayoría de los servicios de salud mental se estuvo ofreciendo de manera virtual, no presencial. Además, al estar la población pediátrica mayormente restringida a la vivienda familiar, los síntomas y signos de problemas emocionales fueron visibles, tal vez por primera vez, para sus padres o cuidadores.

Interesante también fue leer en la citada entrevista los novedosos planes de utilizar las instalaciones de Caparra (sede de ASSMCA) así como lo que fue la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de Adolescentes (UPHA) y la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica de Niños (UHPN), enfatizando que en ambas se ofrecerían procedimientos “más amplios” sobre salud mental, incluyendo el uso de sustancias. Precisamente esos eran los servicios que siempre ofreció el Centro de Salud Mental de Bayamón.  No obstante, fueron esas mismas Unidades las que cerraron “por déficit presupuestario, falta de fondos recurrentes y problemas de pago de las aseguradoras contratadas bajo el Plan de Salud del Gobierno”. Damos gracias al Todopoderoso que aparentemente esos problemas presupuestarios han sido superados.

Es excelente que se vislumbra la reapertura (sine die) de esos servicios, aunque vale la pena mencionar que también existen salas para adolescentes en los mejores hospitales psiquiátricos privados que operan en Puerto Rico.  Igualmente el abordaje clínico de las enfermedades mentales basado en evidencia ha sido, desde hace más de quince años, reconocido como el estándar de cuidado tanto por la Asociación Psiquiátrica Americana como por la Asociación Psicológica Americana.

Pero lo que resulta sorprendente a la altura del verano de 2022, es aquello que en la entrevista realizada por Perla Alessandra Hernández, periodista de Es Mental, el Administrador orgullosamente describió como un gran logro de su agencia: “Que la cubierta del Plan Vital pueda extender los días de las hospitalizaciones”; afirmando además que “La cubierta de Vital, hasta hace unos meses, de hospitalización aguda incluía solamente hasta siete días de hospitalización, eso creaba un disloque porque si el paciente necesitaba días adicionales no estaban cubiertos, ahora esa cubierta se extendió a 15 días cada 30 días”. 

Aunque no dudamos de las buenas intenciones del Administrador, las antes citadas declaraciones resultan incorrectas a la luz de la Ley 408-2000 de Salud Mental de Puerto Rico, según enmendada.  

Ésta es diáfanamente clara en su Artículo 3.06 – Derechos Específicos (24 L.P.R.A. § 6154e)  (a) Acceso a Servicios “No existirá distinción entre un trastorno mental y cualquier otra condición médica, en términos de acceso de la persona a los servicios que necesite”. “Ningún proveedor, directo o indirecto, podrá establecer distinciones en la prestación, acceso, administración o planificación de servicios de salud mental que pueda discriminar con respecto a esta población”. “La utilización de los servicios de salud mental, en todos los niveles de intensidad, la determinará el equipo multidisciplinario, a base de la necesidad clínica justificada…”.  “Ningún proveedor indirecto podrá imponer sus criterios médicos en el pago de servicios de salud mental que hayan sido determinados como necesarios por los profesionales de salud mental que estén a cargo del cuidado del paciente”.

La Ley 408 no permite que ningún plan médico, sea público o privado, establezca que la hospitalización aguda (las hospitalizaciones psiquiátricas siempre son agudas—ninguna es electiva) esté limitada hasta siete días; ni es verdad que si el paciente requiere días adicionales de hospitalización éstos no estén cubiertos. Tampoco es potestad, ni siquiera de ASSMCA, anunciar que “la cubierta se extendió a 15 días cada 30 días”.  Quien único, según la Ley, determinará la utilización -en todos los niveles de intensidad- es el equipo multidisciplinario que está a cargo del paciente. Cada persona permanecerá hospitalizada mientras exista necesidad clínica justificada (y documentada) para ese nivel de tratamiento.

Para reforzar la disposición contenida en la Ley 408-2000 de que ningún proveedor indirecto podrá imponer sus criterios médicos en el pago de servicios, que hayan sido determinados como necesarios, en el año 2014 se aprobó la Ley 5-2014 que enmienda el Código de Seguros «para prohibir a todo asegurador, organización de servicios de salud, u otro proveedor de planes de salud autorizado en Puerto Rico, negar la debida autorización para los procesos de hospitalización de un paciente, incluyendo el largo del periodo de dicha hospitalización, y los pagos por servicios facturados, tanto por el tratamiento, medicamentos, y la debida prestación de servicios de salud a dicho paciente, cuando medie recomendación médica basada en necesidad médica a estos fines”.  La Ley 5-2015 también enmienda la Ley 72-1993 conocida como la ley de la Administración de Servicios de Salud (ASES), así como la Ley 77-2013, mejor conocida como la Ley de la Oficina del Procurador del Paciente.  Esta Ley además establece como política pública de Puerto Rico que de surgir cualquier conflicto en la interpretación del Código de Seguros y cualquier otra legislación, la interpretación que prevalecerá será aquella que resulte más favorable para el paciente.

Como nota final, una mención del Artículo 14.01 – Licenciamiento (24 L.P.R.A. § 6165), que fue enmendado en el año 2012 (Ley 172-2012), y en síntesis dispone que el Administrador reglamentará los cursos de educación continuada sobre la Ley 408-2000, según enmendada, y su Reglamento, disponiendo la frecuencia y requisitos mínimos del curso, y certificará que todo profesional de salud ha tomado los cursos de educación continuada. Todo lo anterior, por supuesto, forma parte de los requisitos para la concesión y renovación de la “Licencia de Servicios de Salud Mental”.

*La autora es activista por la salud mental.