Mientras se encontraba en la universidad, al hoy trabajador social y activista de derechos humanos Alejandro Santiago Calderón se le obligó a ayunar y a orar durante horas como parte de una terapia de conversión. Estos ayunos eran de hasta catorce horas incluían oraciones en cadena y aislamiento. En una ocasión, también lo exorcizaron en la plaza de un residencial público.
La presión que se experimentaba en la iglesia era tal, según narró, que ciertos padres se inclinaban a imponer a sus hijos las “terapias de conversión” para no sentirse excluidos de su congregación.
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Eran “malignas”, “abusivas” y “torturantes”, describió
El trabajador social compartió su experiencia en medio de la tensión y de la algidez que se desató el miércoles durante la primera vista pública del Proyecto del Senado 184 en la Comisión de Iniciativas Comunitarias, de Salud Mental y de Adicción en la que favorecedores y detractores de la medida debatieron, principalmente, la definición y la validez de las “terapias de conversión”.
Pese a su testimonio y los de otras víctimas de esta práctica que ha sido rechazada por las principales organizaciones de salud mental y de derechos humanos como una sin fundamento científico que genera serios daños emocionales a los menores que pasan por la experiencia, incluyendo depresión y suicidio, sectores conservadores-religiosos reiteraron su tenaz oposición a la prohibición.
La senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Vevé, dijo que a su juicio no se debe “obligar a nadie a cambiar aspecto alguno de su sexualidad contra su voluntad”, pero señaló que le preocupaba cuán amplia era la definición de “terapias de conversión” en la medida y que prohibiría incluso que adultos que quieran modificar sus expresiones o comportamiento corporal las puedan utilizar.
Según dijo, de ser aprobado el proyecto de ley prohibiría que las “terapias de conversión” puedan ser utilizadas por adultos de manera voluntaria en Puerto Rico. Incluso, que las personas puedan acudir a estas “terapias” para modificar sus expresiones o comportamiento corporal.
La Senadora retó a sus pares a que si las “terapias de conversión” son tan negativas las prohiban también para todos los adultos.
Entretanto el pastor, René Pereira Morales, argumentó que el proyecto de ley atenta contra la libertad religiosa.
“Este proyecto es uno de encargo de los activistas radicales LGBTQIA+ dirigido a perseguir y a penalizar a los que no piensan igual que ellos”, opinó.
Se preguntó por qué la medida pretende impedir ofrecer “terapias de conversión” cuando no se ha demostrado que profesionales de la salud mental las practiquen en la Isla. Sin embargo, especificó que se refería al uso de descargas eléctricas, formas de tortura o de maltrato físico para cambiar la orientación sexual.
Alegó que el proyecto de ley, amenazaría las prácticas de los cristianos y rechazaría que las personas con actitudes contrarias a la iglesia sean transformadas.
Los prejuicios homofóbicos
El psiquiatra y neurólogo, José A. Franceschini Carlo, recordó cómo durante su niñez acosó a otros compañeros homosexuales.
“Yo tengo que admitir que, de adulto, llegué a ser homofóbico”, reconoció.
“La insistencia de los que siguen apoyando ‘la terapia de conversión’ está relacionada a sus prejuicios homofóbicos, lo cual muchos niegan tener”, agregó.
El psiquiatra explicó que la homosexualidad es vista por ciertos grupos como una enfermedad o una anormalidad porque la homofobia ha sido un prejuicio milenario cuando no lo es.
Hace 34 años la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) eliminó la homosexualidad del Manual de diagnosticos de trastornos mentales (DSM), recalcó. Esto ocurrió, específicamente, el 15 de septiembre de 1973 cuando los quince miembros en el Consejo de Administración de Psiquiatría votaron a favor de esta alternativa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tomó la misma decisión el 17 de mayo de 1990.
Entre las organizaciones que han rechazado estas “terapias” y no catalogan la homosexualidad como una enfermedad se encuentran la Organización Mundial de la Salud, Asociación Médica Americana, Asociación Psiquiátrica Americana, Academia Americana de Pediatras, Asociación de Psiquiatras de Niños y Adolescentes, Asociación Psicólogos Americana y Asociación Mundial de Psiquiatría. La única organización que se encuentra a favor de ambas, acotó, es la Asociación Nacional de Investigación y de Terapias de Conversión (NARTH, por sus siglas en inglés), que no ha sido avalada por ninguna otra entidad profesional desde su fundación en 1992.
El precedente más cercano a esta medida fue el Proyecto del Senado 1000 que presentó en 2019 la senadora, Zoe Laboy Alvarado, junto a Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez y Miguel A. Pereira Castillo. Su fin también era prohibir las “terapias de conversión”. El Senado lo aprobó, pero la Cámara de Representantes no.
En caso de aprobarse, esta medida enmendaría los artículos 1.06 y 2.03 de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, al igual que los artículos 3 y 41 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. Los senadores a su cargo son José Vargas Vidot, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe Riefkohl, Javier Aponte Dalmau y Ana Irma Rivera Lassen.
Las vistas públicas acerca del proyecto continuarán el viernes, 26 de marzo, en la misma comisión.
Los deponentes serán el Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, la Unión Americana de Libertades de Puerto Rico, la Asociación de Psicología de Puerto Rico, así como Amnistía Internacional, Waves Ahead, Sage Puerto Rico, Portavoces ConCiencia y True Self Foundation. El catedrático asociado de la Universidad Carlos Albizu, Juan Nazario-Serrano, también expondrá su punto de vista acerca de esta práctica.
