En momentos en que en Puerto Rico los casos de feminicidios a la fecha ya superan los del año pasado, los procesos de órdenes de protección para mujeres han sido transformados para ser más ágiles y efectivos, asegura la oficial de cumplimiento designada por el gobierno para fiscalizar el cumplimiento de la orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia por la violencia de género en el País.
El más reciente informe del Observatorio de Equidad de Género señala que hasta la fecha más de 14 mujeres han muerto por causa de feminicidios íntimos y otros asesinatos violentos contra mujeres, que sobrepasan los 30, continúan bajo investigación.
La oficial, la fiscal Ileana Espada, dijo en entrevista con Es Mental que entre los resultados concretados figura la creación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP), el cual sirve como herramienta de prevención integral y que durante este año registra sobre 7,900 órdenes. El COPOP ofrece servicios a las víctimas de violencia de género que incluyen el tema de la seguridad y apoyo social en colaboración con entidades no gubernamentales.
“Desde que el COPOP abrió, puedo todos los días saber cuántas órdenes de protección están pendientes de diligenciamiento, y estamos trabajándolo con un sistema que no está interconectado con tribunales. Quiero recalcar que nos embarcamos en este proyecto y recibimos todas esas órdenes de protección por correo electrónico”, sostuvo.
COPOP comenzó en octubre de 2021 como un proyecto colaborativo con el municipio de Bayamón.
De igual manera, mencionó que las estadísticas indican que hay un aumento en arrestos, en comparación con el año pasado, “así que vemos una relación de que se está arrestando mucho más y consultándose los casos en fiscalía”, indicó.
“Ahí ya también hay un acceso al Programa de Asistencia de Víctimas y Testigos del Departamento de Justicia que, en ese sistema, si no radicaran cargos por el fiscal, hay un contacto con una técnica de asistencia a víctimas, etcétera”, puntualizó.
No obstante, las organizaciones que trabajan el tema a diario aseguran que los retos en relación con la solicitud, diligenciamiento y respuesta de la Policía en las órdenes de protección siguen siendo los mismos que existían mucho antes de la declaración del estado de emergencia.
De acuerdo con la directora ejecutiva de Casa Protegida Julia de Burgos, Coraly León Morales, las sobrevivientes siguen enfrentando los mismos retos y los procesos siguen siendo tardíos y abrumadores para muchas.
“Las sobrevivientes pueden estar 5 a 6 horas en el proceso de solicitar una orden de protección, sobrevivientes que están huyendo de la violencia y que se encuentran en un estado de vulnerabilidad emocional”, dijo.
“A eso se le suman los mitos que se siguen reproduciendo desde los oficiales de Policía y que responden los casos. Hemos tenido experiencia con oficiales que no entienden la gravedad del asunto y no responden de forma adecuada”, apuntó.
León Morales mencionó, además, que otro reto es la falta de fondos para la continuidad de los servicios, lo que demuestra que “no hay recursos”, ni siquiera para contar con las intercesoras legales en los tribunales y “eso representa un obstáculo en el acceso a la justicia de la sobreviviente”.
“En un contexto de estado de emergencia no se entendió prioritario garantizar que hubiera suficientes intercesoras legales en los tribunales de Puerto Rico para apoyar a las sobrevivientes y eso puede hacer el cambio entre la vida y la muerte”, expuso.
De igual manera, las líderes del Proyecto Matria se expresaron recientemente para que haya un rendimiento de cuentas gubernamental sobre la situación y los proyectos que suponen mitigar y prevenir la situación.
“A nosotras nos parece importante que esa discusión pública incluya una evaluación del trabajo del gobierno para dar seguimiento a los trabajos del Comité PARE y que se pueda hacer público un informe del estado de las gestiones que se quedaron pendientes en agosto pasado”, señaló en un comunicado de prensa la directora de MATRIA, la licenciada Amárilis Pagán Jiménez.
Recalcó, asimismo, que “hay que saber trazar una frontera entre lo que hicimos y seguimos haciendo las organizaciones para prevenir la violencia de género y lo que el gobierno hace o debería hacer’’, y que sin un trabajo de seguimiento se podría continuar viendo incremento en la violencia de género.
Sobre los recientes feminicidios, especialmente el de Iraida Hornedo Camacho, asesinada a manos del presidente del Frente Unido de Policías Organizados (FUPO), Diego Figueroa Torres, la doctora Irma Lugo, del Observatorio de Equidad de Género, trae a la mesa la reflexión de la cantidad de casos de asesinatos de mujeres que son cometidos por integrantes de la policía o vinculados a fuerzas armadas.
“El primer caso de este año fue precisamente el de una mujer policía y fue un compañero, que era policía también”, afirmó.
“De los 14 casos este año, 9 fueron con armas de fuego, 6 tenían portación de arma y en el perfil de ellos hay un agente de la Policía, veterano de guerra, guardia de seguridad y ahora, el de este sábado, un líder policial. Ha sido parte de la reflexión que hemos tenido en estos días”, apuntó la doctora.
Fue en el 2021, y ante la visible alza en los casos de feminicidios, que el gobierno de Puerto Rico estableció el Boletín Administrativo OE-2021-013 para declarar un estado de emergencia y crear, a su vez, el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), con el objetivo de “combatir la violencia de género”, asignar fondos a entidades, revisar los protocolos existentes -en aquel momento- sobre las órdenes de protección, brindar capacitación a los agentes del orden público, entre otros, señala el documento.
En el caso del Comité PARE, este ya “cesó en funciones’’, pero continúa monitoreando la ejecución de las iniciativas y proyectos recomendados y sigue auditando el cumplimiento de la Ley 40-2021 y el protocolo del manejo de casos e investigación de las muertes por violencia de género, aseguró Espada.
“Ya el Comité PARE cesó en funciones, pero no es que esto se acabó, seguimos dando seguimiento y monitoreando que los proyectos recomendados se logren iniciar. Parte del rol que yo tengo es continuar esa comunicación activa, sobre todo, con el sector no gubernamental’’, señaló la licenciada en entrevista con este medio.
