El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) adjudicó una subasta en 2018 para la adquisición y la instalación de un sistema de datos que le permitiría producir estadísticas con las que trazar tendencias sobre las muertes por drogas en Puerto Rico, lo que incluye a los opioides. Sin embargo, años más tarde no se ha concretado.

La situación fue revelada por la excomisionada interina y supervisora de análisis químico del NCF, Luz A. Silva Torres, durante la vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del senador independiente, José A. “Chaco” Vargas Vidot, donde se discutió el proyecto del Senado 71 para prevenir las muertes por opioides.  

[Esta] es una situación que se viene intentando solucionar hace tiempo”, mencionó la supervisora durante la vista pública. 

“Nuestro sistema de administración de datos actualmente no provee para tener unas estadísticas certeras”, sentenció. 

El NCF adquirió un sistema de datos conocido como Bayesian Evolutionary Analysis Sampling Trees (BEAST, por sus en inglés), el que es utilizado para analizar secuencias moleculares, según explicó Torres. 

La subasta para la adquisición y la instalación del sistema se le adjudicó a la empresa Porter Lee en 2018 por $700 mil con fondos de gastos en capital (conocidos como CAPEX) de la rama ejecutiva, explicó la oficial de prensa del NCF, Betsy Rivera. Luego se redactó un contrato que la compañía todavía revisa. 

“Cuando la doctora María Conte Miller asume la dirección del Instituto de Ciencias Forenses en octubre de 2019, los fondos estaban congelados porque el dinero no se usó en el año fiscal correspondiente”, aseguró la oficial de prensa a Es Mental. “El mes pasado, luego de múltiples trámites ante la Junta de Supervisión Fiscal, esta nos dio autorización para usar el dinero”.

El NCF cuenta con dos sistemas de datos: el Sistema de Manejo de Datos de Laboratorio (LIMS, por sus siglas en inglés) y FileMaker. La supervisora indicó que se encuentran separados.

El nuevo sistema que será instalado en el NCF contará con un módulo de estadísticas, añadió.

Sin embargo, la supervisora adjudicó la lentitud en la instalación del sistema de datos a la “burocracia gubernamental”.

En la vista pública, una de las miembros fundadoras de The Global Recovery Movement – una coalición internacional en Estados Unidos, en Portugal, en Canadá y en Puerto Rico – y madre de una víctima de los opioides, Elba J. Guzmán Faría, denunció la carencia de una manera uniforme de recoger la cantidad de muertes y de sobredosis por opioides. 

“Por el caos que atraviesa el Negociado de Ciencias Forenses, las estadísticas sobre las muertes de opioides son prácticamente inexistentes”, acotó.

Incluso, la exposición de motivos del proyecto del Senado 71 señala la ausencia de datos y de estadísticas confiables de sobredosis por opioides. Entre las posibles causas de esta carencia, está la falta de recursos y de equipo.

“La experiencia y la información que recogen las organizaciones, quienes son la primera línea de defensa ante esta crisis, lamentablemente dista mucho de los referidos datos gubernamentales”, consigna el proyecto del Senado . 

Organizaciones sin fines de lucro contra los opioides 

En caso de aprobarse el proyecto, de la autoría del también presidente de la comisión Vargas Vidot, se crearía la Ley de Prevención de Muertes por Sobredosis de Opioides de Puerto Rico. Esta ley crearía el Programa para la Prevención de Sobredosis de Opioides para autorizar a ciertas organizaciones sin fines de lucro de naturaleza salubrista o comunitaria a actuar a nombre de la ASSMCA. Lo que se buscará es facilitarles el acceso a naloxona – un antídoto que neutraliza los síntomas de las sobredosis por opioides –. Igualmente, este programa las  adiestraría para que orienten a las comunidades sobre la peligrosidad de esta sustancia.

Pese a que la ley solo cubre a organizaciones salubristas o comunitarias, Vargas Vidot anticipó que la ampliará a otras organizaciones no necesariamente bajo estas dos clasificaciones.

Las organizaciones sin fines de lucro, mencionó, son “el espíritu gerencial de un pueblo”.

“Esto de la política, a diferencia de los políticos tradicionales, debe ser de adentro hacia afuera”, puntualizó el senador. “Por lo tanto, las organizaciones sin fines de lucro con su historia, con su experiencia y con su gente que las componen son, precisamente, las más cercanas al problema”.

Facilitarán el acceso a la naloxona

El proyecto también enfocará de manera salubrista, preventiva y centralizada en los individuos y en las organizaciones la lucha contra los opioides.

Por ejemplo, entre sus disposiciones está proteger a las personas con sobredosis que soliciten asistencia médica para que no sean procesadas independientemente de dónde hayan obtenido los opioides. Las personas que intenten ayudar a las víctimas de sobredosis a través de la inyección de naloxona también estarán protegidas bajo esta ley. Igualmente, protegerá a los dispensarios para que puedan entregar la naloxona a los adultos que la necesiten sin necesidad de una receta.

El senador puntualizó sentirse esperanzado de que el recién designado a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Carlos Rodríguez Mateo, implementará la ley en caso de aprobarse.