El proyecto cameral titulado “Ley del Latido Cardíaco del no Nacido” busca prohibir por completo la práctica del aborto en Puerto Rico al establecer un parámetro de tiempo de gestación que es previo al momento en que la mayoría de las mujeres descubren que están embarazadas.

Así lo explicaron a Es Mental la licenciada con experiencia en investigaciones de embarazos de alto riesgo y estudiante de psicología, Frances Collazo Cáceres, y la encargada de la clínica de aborto, el Centro Ginecológico Darlington, Yari Vale Moreno.

A juicio de Collazo Cáceres, el Proyecto de la Cámara 1084 (PC 1084), radicado por la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz, el pasado 8 de noviembre, es “inconstitucional”. 

Por su parte, Vale Moreno dijo que este proyecto, que busca prohibir el aborto una vez es detectado el latido cardíaco del no nacido, no tiene validez científica.

La legislación actual en Puerto Rico permite los abortos en todas las etapas de la gestación, derecho con el que ninguna medida legal puede interferir. Sin embargo, mientras más tiempo pase en el embarazo, mayor es la posibilidad de que el Gobierno intervenga con el asunto, a menos de que se esté realizando el procedimiento con el fin de proteger la vida o salud de la persona gestante, argumentó Collazo Cáceres.

Mientras, Vale Moreno indicó que, a partir de la aprobación de esta medida, se le estuviese proveyendo a la gestante como máximo dos semanas para tomar la decisión de abortar, si descubre estar en cinta en la cuarta semana del embarazo. 

Recordó que en la cuarta semana de gestación es que se pueden apreciar microscópica y molecularmente cambios que indiquen la existencia del corazón del feto. Entonces, en la sexta semana, se identifica el latido cardíaco.

Sin embargo, especificó que, según su experiencia clínica, tanto con menstruación irregular como regular, las mujeres se suelen dar cuenta de que están embarazadas entre la sexta y séptima semana de gestación. 

De acuerdo a la Asociación Americana de Embarazos, las mujeres, en su mayoría, descubren estar embarazadas entre la cuarta y séptima semana luego de la concepción del feto. 

Además, según estudios del director de la División de Medicina Materno Fetal en la Universidad Thomas Jefferson en Philadelphia, Vincenzo Berghella, el latido cardíaco del bebé se registra entre las primeras cinco y seis semanas. 

La también codirectora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña ProBienestar de las Familias, Collazo Cáceres, sostuvo que este proyecto busca prohibir el aborto en su totalidad, pero no lo puede establecer de esa manera porque hay jurisprudencia tanto federal como local, que protege el derecho a las mujeres a decidir sobre sus embarazos.

Agregó que la esencia del proyecto está fijada en intentar reproducir una medida semejante al Proyecto del Senado 8 en Texas, que busca ofrecerle a los ciudadanos privados recompensas por denunciar a cualquiera que ayude a una gestante a hacerse un aborto después de seis semanas de embarazo. 

Por su parte, Vale Moreno, dijo que están “estirando demasiado el chicle”, pues cuando hay un latido fetal sí hay una viabilidad de que este se desarrolle en vida, pero falta aún demasiado para el desarrollo fetal y embrionario como para asegurar que haya vida. 

La también directora de Planificación Familiar en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico criticó el que no se está considerando si el feto viene con malformaciones que son incompatibles con la vida o que le dan gran morbilidad, entre otros asuntos que pudiesen afectar a la gestante.

Por otro lado, explicó que la aprobación de esta ley “dejaría en un vacío” a todas las pruebas antenatales para saber si un embarazo se está desarrollando de manera bien y saludable. 

“¿Para qué hacerlas si no podemos hacer nada al respecto?, se preguntó.

Indicó que prohibir el aborto no quita ni elimina el deseo de una mujer por abortar, por ende, lo que facilitaría son los abortos inseguros y hechos por personas sin preparacíon profesional.

Precedentes jurídicos de las medidas legislativas anti-aborto

Mientras, Collazo Cáceres comentó que obligar o crear las situaciones legales que le impongan a las mujeres tener que llevar a término embarazos no deseados, a nivel internacional, se ha reconocido como tortura.

La licenciada recordó que los precedentes del Tribunal Supremo federal, incluso a partir del caso Roe vs. Wade 410 U.S., apuntan a que, aunque el Estado tiene un interés legítimo en proteger esa vida potencial y al feto, tiene la facultad e interés apremiante a proteger el derecho a la salud y la vida de la mujer, al igual que su derecho a la intimidad. Por esto, no puede hacer legislaciones para imponerle obstáculos a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y tener el acceso de tomar esa decisión. 

Apuntó a que estas legislaciones, que buscan prohibir el aborto sin decir que es totalmente, pero que en su aplicación básicamente es lo que estaría llevando a cabo, se reconoce como una estrategia llamada “trigger laws”. Es decir, legislaciones que, en caso de que Rode versus Wade se revoque, entran en vigor, subrayó. 

La realidad de la práctica del aborto en Puerto Rico

En todo el año 2020 y del 2021, el 98% de los abortos realizados en la Clínica IELLA corresponden a personas de 18 años o más, estableció Collazo Cáceres. 

Además, detalló que las estadísticas del Departamento de Salud para el año 2020 indican que las edades típicas en personas que reciben el servicio médico de terminación de embarazo en Puerto Rico son entre 20 a 34 años, representando el 70% de los abortos realizados. 

Indicó que la cantidad de mujeres que aborta en Puerto Rico no es más de .25% de las mujeres en el País y que, según las estadísticas, los abortos en Puerto Rico, en su mayoría se realizan antes de la décima semana de gestación.

Específicamente en el año 2020, aseguró que el 95% de los abortos se hicieron dentro del primer trimestre de gestación, es decir, a las primeras 12 semanas. 

Indicó que la práctica de la terminación de embarazo está regulada y que las clínicas pasan por constantes inspecciones para controlar la calidad del servicio. En el caso de las clínicas metropolitanas, determinó que no hay ninguna situación, querella ni experiencia que indique que se deben de multar o cerrar las mismas. 

La semana pasada, Burgos Muñiz no estuvo disponible para una entrevista con Es Mental, alegando agenda llena. Sin embargo, tampoco contestó sobre su disponibilidad para una entrevista durante este mes.