Un reciente feminicidio en la Isla, en el cual un hombre, con expediente previo por Ley 54, violentó una orden de protección y asesinó a una joven de 30 años, su mamá y hermano en Yauco, ha conmocionado al país una vez más. Y no por la carencia de leyes que buscan prevenir los crímenes hacia la mujer, más bien por el gran problema que representa el cumplimiento de las mismas, coinciden los profesionales.  

Pese a que Puerto Rico cuenta con diferentes herramientas para mitigar la violencia de género desde la perspectiva legal, social y de salud mental, el manejo de los procesos adecuadamente hoy sigue siendo la pieza ausente en la situación; que tiene como resultado que otras tantas pierdan su vida. 

En lo que va de año ya se han reportado 4 casos de feminicidios íntimos en la Isla. 

“La ley funciona, pero cómo coordinamos los servicios y nos aseguramos de que cada quien haga lo que tiene que hacer, de manera correcta, eso es lo que debemos trabajar. Los errores pueden costarle la vida a otra víctima”, explicó la abogada Carmen Lebrón González.

En el caso de la Ley 54 de 1989 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, dijo que en muchas ocasiones se olvida que consiste en dos áreas: la atención de lo criminal, pero además la prevención. 

“Ese asunto de la prevención a veces se olvida. A modo de ejemplo, un juez o una jueza tiene ante sí un caso en el que a lo mejor es discrecional el uso de grillete en ese artículo en particular, pero como voy a determinar causa y quiero prevenir, voy a imponerlo”, planteó la licenciada.

Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar una vida. Esa es la diferencia de actuar desde la prevención”, continuó Lebrón González.

En el caso del feminicidio ocurrido en Yauco, en el que falleció Linnette Morales Vázquez (30 años), su hermano Luis Miguel Morales (28 años) y la madre de ambos, Lizette Vázquez, de 51 años, existe la interrogante de por qué se solicitó la imposición de supervisión electrónica de forma tardía. La moción detalla que ocurrió a las 4:55 p.m. del mismo día en el cual, horas después, la familia perdió su vida.

Los detalles del caso, además, revelan que el feminicida Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, de 33 años, tenía convicciones previas por delitos bajo la Ley 54  luego de que en el 2015 incendiara la casa y el carro de su expareja.

Tampoco existe la rigurosidad necesaria en cuanto a los servicios que se ofrecen a las víctimas y sobrevivientes, aseguró la abogada, pues hay lugares en los que destacan la duplicidad de estos servicios y en otros en los que brillan por su ausencia. 

¿Se debe enmendar la Ley 54?

El licenciado Manuel Rivera, de Servicios Legales Comunitarios, puntualizó que lo que se está viendo es una crisis de grandes proporciones y si no se ataja con celeridad, el escenario empeorará.

“Hay mucho tecnicismo en el camino. Si hay un interés apremiante del Estado, debe enfocarse en atenderlo”, enfatizó Rivera. 

El abogado mencionó, como ejemplo, que desde la Rama Legislativa se podría revisar la Ley 54 con la finalidad de establecer penalidades más fuertes en las etapas iniciales del proceso, para evitar tragedias como la de Yauco.

Hizo un llamado, además, a las víctimas a no perder la confianza en el sistema, pues hay profesionales, como los integrantes de los Servicios Legales Comunitarios, dispuestos a ir de la mano con las mujeres que viven a diario los estragos de la violencia machista.

En los Servicios Legales Comunitarios se ofrecen orientación y representación legal gratuita para víctimas y sobrevivientes. 

En un año nosotros atendemos sobre 80 casos y no damos abasto porque la demanda es mayor”, comentó Rivera.

Por su parte, la licenciada Ana E. García Román, señaló que la violencia doméstica se debe atajar también desde la salud mental, pues en las mismas vistas las afectadas tienen que relatar múltiples veces lo que han vivido y esto provoca que el proceso de sanar se complique.

Es un combo de conciencia social, salud mental y manejo del sistema. Hay que trabajar desde la calle, orientando a la juventud sobre lo que es el maltrato y atender la salud mental; sin pensar que es un tabú, especialmente si vienen de un hogar violento”, detalló García Román.

Precisó, también, que en ocasiones, los programas de desvío orientados al agresor, son “un chiste andante”, porque a algunos no les importa las consecuencias de sus actos.

“Ahí es donde entran los factores salud mental y machismo, que nadie atiende”, sostuvo la abogada.

“Hay mucho camino por recorrer entre las tantas agencias. Como nunca se unen para trabajar por una misma meta, no hay progreso”, concluyó García Román.