La falta de profesionales de trabajo social en el Departamento de la Familia (DF) imposibilita prestar servicios y atender una investigación de manera adecuada, lamentó el presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Larry Alicea Rodríguez, al establecer que hace falta que el ente gubernamental revise sus presupuestos.

El también exsupervisor de una unidad de investigación del DF mencionó que desde la declaración del estado de emergencia fiscal, a través de la Ley 7, el DF perdió supervisores, secretarias, chóferes, entre otros recursos que formaban parte del equipo de trabajo que manejaba la instrucción de estas querellas y los referidos. 

Entonces, las labores de una investigación que antes se dividían entre los trabajadores sociales, los asistentes de servicios, técnicos de servicios a la familia, secretaría, chóferes, entre otros, ahora pasó a ser responsabilidad de una sola persona, precisó.

Aunque aclaró que no han aumentado la cantidad de casos examinados por un profesional en la agencia, apuntó a que la reducción del personal es un impedimento para poder hacer las investigaciones con la responsabilidad que se requiere.

“Te pueden llegar 25 referidos en un mismo turno, ya teniendo ocho o nueve referidos sobre el escritorio y tener solo 10 personas con quienes trabajar”, ejemplificó.

Indicó que la protección a la niñez se debe de abstener como un servicio esencial donde se le den los recursos necesarios a sus empleados para elaborar una investigación, se disminuya la cantidad de casos asignados por persona, se recluten más profesionales de trabajo social y se trabaje para mejorar las condiciones de trabajo.

A pesar de afirmar que un solo trabajador social puede estar encargado de 30 a 35 referidos o querellas simultáneamente, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, rechazó que se pueda establecer una relación entre la calidad del servicio y la cantidad de empleados. 

Añadió que actualmente el DF está reclutando profesionales de trabajo social y que, hasta el momento, disponen de aproximadamente 890.

Por su parte, la subadministradora de la Administración de Familia y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, comentó que, según su experiencia, los problemas principales en la agencia son que no se pueda localizar la familia o que los integrantes de la misma evadan participar o cooperar con la investigación de un caso o referido. 

¿Cómo funciona la realización de querellas y referidos de maltrato?

Según Gerena Ríos, en Puerto Rico la mayoría de los referidos vienen de parte de instituciones escolares, el tipo de maltrato más común es la negligencia y los niños más vulnerables son aquellos menores de siete años, por ende, son a la población que se le da mayor énfasis e inmediatez en la agencia.

Expuso que el Departamento de la Familia cuenta con trabajadores sociales y técnicos de servicios que atienden a todas las querellas y a las familias de manera registrada, o con nombre, o anónima.

De manera similar, Alicea Rodríguez agregó que el trabajador social se convierte en la persona que investiga el maltrato y desarrolla un modelo de intervención, según un protocolo de seguridad. Evalúa si hay peligro y el nivel de severidad de ese peligro.

Asimismo, González Magaz exhortó a que, ante toda situación, indicio y/o señal de maltrato, se usen todas las herramientas disponibles para atender el asunto o alertar sobre el mismo. Recordó la existencia de la línea de referido de maltrato del DF disponible a través del número (787)749-1333, donde se puede comunicar directamente con un profesional de trabajo social. 

A través de esta llamada se registra la información del menor, de lo sucedido o de la sospecha y se procede a una evaluación con un supervisor para determinar la respuesta, según la gravedad del asunto, resumió.

En el caso de las querellas, especificó que hay diversos tipos de peligro. Mencionó al “peligro presente”, donde el DF tiene hasta dos horas para intervenir, de “tipo inminente”, que implica de 24 a 48 horas para mediar, y “alegación de maltrato”, que implica una sospecha que autoriza la investigación para después categorizar como con o sin fundamento para convertirlo en caso. El ente tiene 4 días para empezar la investigación.

Mientras, en el caso de los referidos son 30 días para investigar sobre el asunto y decidir cómo actuar.

Alicea Rodríguez comentó que las implicaciones de una querella o referido pueden consistir en que el niño se remueva del lugar o que, aunque se fundamente un maltrato, permanezca con su familia bajo supervisión del Departamento de la Familia, con un plan de seguridad.

Dijo que, si el tipo de maltrato no implica un peligro presente para la vida o la salud inmediata del niño, el mismo puede permanecer en la casa. 

Sin embargo, estableció que en la mayoría de los casos en Puerto Rico, los niños, aunque se registre maltrato, permanecen con sus padres.

De hecho, presentó que hay una ley que va a entrar en vigor a través de la legislación Family First Prevention Services Act que le exige a las agencias de intervención en todos los estados evitar las remociones y permitir que el niño se quede en la casa. Sin embargo, para que esto sea posible y efectivo en Puerto Rico, sin poner en mayor peligro al menor, el sistema del Departamento de la Familia necesita un ecosistema de prestación de servicios sociales, comunitarios, psicológicos, entre otros.