Ante el alza en los casos de violencia infantil en Puerto Rico, la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico hizo un llamado de transparencia en la publicación de las estadísticas actuales en relación con el maltrato a niños y jóvenes y una mayor priorización a los servicios de prevención.
Con un panorama actual de 10,390 referidos de maltrato reportados este año al Departamento de la Familia (3 mil más que en el 2020) y más de un 58 por ciento de niños puertorriqueños viviendo en pobreza, según el fundador de la organización, Marcos Santana Andújar, insisten como entidad en que es hora de anteponer lo que está ocurriendo.
“Habíamos hecho una denuncia a principio de la pandemia alertando que el confinamiento iba a exacerbar los factores de riesgo de la violencia y desde luego iba aumentar la violencia, en ese momento se decía desde muchos espacios institucionales que todo estaba disminuyendo. Porque, claro, los lugares donde tradicionalmente se reportaban los casos, estaban cerrados. ¿Qué ha pasado cuando reabrió la actividad comercial y las escuelas? Se han disparado los casos que ya estaban sucediendo”, apuntó Santana Andújar.
Según el trabajador social, factores como la violencia estructural, pobreza, la ineficiente respuesta institucional, pero además, la falta de recursos dirigidos a la prevención y la protección del bienestar de los niños y jóvenes de la isla, forman parte de la raíz del problema.
“La precariedad de servicios básicos en las comunidades ha generado las condiciones para que la violencia esté incontrolable. La gente dirá, ¿que tiene que ver la falta de un hospital con el maltrato infantil? Todo. Porque todo está conectado. El panorama es muy complejo y lo más triste es que no parece haber la suficiente capacidad de respuesta’’, sostuvo.
Hizo énfasis, asimismo, en que “la receta’’ es la prevención. “La receta para esta ola de casos es la prevención. ¿Y con qué se come eso? Con que se asignen recursos suficientes para tener programas de servicios a la familia. Lo que tiene que pasar, y lo que en la Red estamos promoviendo, es la construcción de un ecosistema de servicios integrados con base en la comunidad. Y no es muy difícil”, señaló.
Por su parte, el psicólogo clínico comunitario y profesor, Eduardo Lugo, enfatizó en que los números de maltrato infantil no pueden pasar desapercibidos y que, por el contrario, deben ser motivo de acción.
“El año pasado, cuando comenzó la pandemia por COVID-19, creamos un grupo con diferentes peritajes de diferentes áreas de la conducta humana y se le dio la alerta al Gobierno de que el COVID-19 no era solo una situación de salud pública, sino una situación social bien compleja y que había que atender las necesidades, porque de lo contrario íbamos a tener un aumento significativo en violencia de género, contra la vejez y muchos indicadores sociales, ¿y qué pasó? El Gobierno no asumió ninguna de las recomendaciones ni tampoco asumió la ayuda del grupo, que lo hizo de forma voluntaria y gratuita”, detalló Lugo.
El psicólogo destacó que, si no se crean medidas para fortalecer el bienestar de las familias, la situación podría agravarse.
“Si no se toman otros tipos de medidas, desafortunadamente vamos a seguir viendo un aumento en problemas de salud mental y otros indicadores sociales que son preocupantes”, dijo.
Y el tema del deterioro de la salud emocional, precisamente, Santana Andújar lo vincula a la falta de acceso de servicios y las consecuencias de esto, como lo fue el cierre en marzo del 2020 del único centro público y especializado en la salud mental en niños y jóvenes.
“Las salas estabilizadoras pediátricas están ahora en hospitales privados y no hay suficientes espacios, y hay también una falta de acceso a la salud mental. Eso atado a un deterioro evidente de la salud mental de los niños, porque se ha limitado su socialización por la pandemia, y porque algunos sufren violencia física y sexual en sus casas, que no pueden denunciar porque ni pueden ir a las escuelas. Eso definitivamente deteriora la salud mental”, agregó.
La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico reclama moverse a modelos de prevención y no exclusivamente a “mano dura”, ya que sin un modelo de prevención, con estadísticas publicadas y categorizadas, no habrá una respuesta significativa.
“Nuestro reclamo es que se actualice el perfil de maltrato (infantil), que se comunique el informe del panel de revisión de muertes, que es un cuerpo adscrito al Departamento de Familia y que se comuniquen cuáles han sido los trabajos de la Junta Transectorial, adscrita al Departamento de la Familia. Hay una falta de transparencia en la publicación de datos que son importantes para que las organizaciones y agencias podamos abordar el tema de atención y prevención de manera más eficiente’’, concluyó.
