Un incremento significativo en las muertes de confinados, negligencia en el tratamiento médico, abuso sexual, físico y emocional, son algunos de los hallazgos de un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) sobre las condiciones en las que viven las personas en las cárceles de Puerto Rico.

Tras años de investigación, la ACLU denunció las violaciones los derechos humanos y civiles que experimenta diariamente la población confinada en la Isla a través del reporte Persistent Unconstitutional Conditions and Human Rights Violations: Voices of Puerto Rico’s Prisoners Post Morales Feliciano Class Action Lawsuit.

En el informe se detalla cómo la ausencia de acción e indiferencia por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) ha provocado que las muertes de los confinados sigan en aumento y que otros tantos vean sus enfermedades empeorar (tanto físicas como de salud mental) por la negligencia en el tratamiento médico y la falta de personal. 

Como es el caso de un confinado que solicitaba atención médica por la aparición de un tumor en el cuello y tras denegarle la asistencia por parte del personal de DCR en diversas ocasiones, la masa creció y resultó en una obstrucción pulmonar, que posteriormente ocasionó un ingreso de emergencia en el hospital y el diagnóstico de metástasis en los pulmones, según la investigación. 

No obstante, pese a que las muertes en las cárceles de la Isla han ido en aumento desde hace unos años, no fue hasta enero del 2023 que se dio a conocer los resultados de 356 autopsias que continuaban sin causas determinadas, algunas, inclusive desde el 2012.

Es Mental intentó obtener una entrevista con el DCR, pero la misma no fue provista.

Nosotros asumimos que todo está bien porque no se ve. Pero esta es otra evidencia de la fallida política que establece que todos los problemas sociales se resuelven encarcelando personas”, comentó el abogado abolicionista Diego Alcalá Laboy, quien además aseguró que esta situación viene agudizándose por décadas.  

“Le creamos un trauma no solo a la persona encarcelada por los niveles de dejadez de parte del gobierno en cumplir su función de salvaguardar el derecho a la vida de la persona, también le hacemos daño a los familiares de esa persona”, sostuvo Alcalá.

La doctora Kalitza Baerga Santini, psicóloga clínica y pasada presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, subrayó que negar los servicios de urgencia y no atender las necesidades no es rehabilitación alguna, sino reproducir la violencia. 

Mucha gente piensa que mientras más años esté una persona confinada, privada de su libertad y más castigos inhumanos reciba, se producirá una sociedad segura; nada más lejos de la verdad. Es una seguridad ilusoria. No es rehabilitación, se castiga a toda una familia y prolongamos ciclos que afectan a todos y todas”, señaló la psicóloga. 

La situación del COVID-19 reveló, además, cómo esta población fue de las más vulnerables. El informe COVID-19 en Puerto Rico y su impacto sobre Personas Privadas de Libertad, de la autoría de Alcalá Laboy, precisa cómo el DCR brilló por su ausencia a la hora de poner en práctica medidas específicas para prevenir los contagios en las poblaciones en alto riesgo. 

En pacientes con condiciones crónicas, envejecientes y quimioterapia, por ejemplo, se mitigó la situación exclusivamente con una orientación dirigida a que se mantuvieran en sus áreas, con el menor contacto posible, expone el documento.

Sobre el resto de casos de alto riesgo, como mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades respiratorias, afecciones pulmonares, diabetes y otros, ni siquiera fueron mencionados en los protocolos hechos por la Physician Correctional, la empresa que contrata el DCR para ofrecer los servicios de salud a la población de confinados.

El 11 de septiembre del año pasado y tras la situación que involucraba la muerte en extrañas circunstancias de la confinada Shannel Colón, en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón, el senador independiente José Vargas Vidot presentó hallazgos del Cuarto Informe Parcial de la Resolución del Senado 77, en el que se destaparon irregularidades e incumplimientos contractuales entre Physician Correctional y DCR, y por lo que se exigió que no se renovara el contrato a la empresa.

“Un hallazgo y recomendación directa de nuestra Comisión fue que no se renovara el contrato (a Physician) e incluso hicimos un referido al Inspector General y la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Esta Comisión no ha cerrado sus trabajos, y está abierta a convertir este nuevo estudio en un punto de partida para analizar estos nuevos ángulos sobre esta problemática”, denunció Vargas Vidot.

Muertes por sobredosis en las cárceles

En el documento de la ACLU también se detalla cómo el problema de las muertes por sobredosis (la causa principal de fallecimiento entre la comunidad confinada) tiene raíz en la ausencia de tratamientos para quienes batallan con la adicción.

Un testimonio entrevistado por ACLU detalló que en una ocasión había más de 80 confinados experimentando los síntomas de abstinencia y en vez de ofrecer ayuda inmediata, fueron forzados a limpiar su propio excremento y vómito. 

“El no facilitar el medicamento de prevención para su adicción en la manera correcta, o no dárselo, es una forma indirecta de aumentar el nivel de castigo y provocar una tensión adicional, que es indebida”, reiteró el doctor Vargas Vidot.

Dijo que Physician Correctional “es un desastre y no tiene una concentración de sus servicios en el área de salud mental, aún cuando el 85 por ciento de las personas que están en la cárcel están por crímenes no violentos relacionados con conducta”.

“Physician Correctional ha declarado que la manera de ellos solventar su austeridad es eliminando servicios en el área precisamente de salud mental, y por lo tanto, la posibilidad de que puedan anticipar una crisis o el uso de drogas por la ansiedad, depresión o trastornos previos, no existe”, concluyó el senador independiente.