En lo que va del 2025, 35 mujeres han sido víctimas de feminicidios en Puerto Rico. Esta cifra, aunque menor que la del año pasado para esta misma fecha, encierra una realidad profundamente alarmante: el Estado sigue fallando sistemáticamente en su responsabilidad de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
Del total de feminicidios reportados este año, 13 han sido clasificados como íntimos, es decir, perpetrados por parejas o exparejas; 3 como no íntimos, cometidos por personas sin vínculo cercano con la víctima; y 14 aún están bajo investigación. A esto se suman 5 feminicidios indirectos relacionados con el crimen organizado.
Durante el mes de junio (solamente en un mes) hubo 12 feminicidios, de acuerdo con Stephanie Figueroa, del Observatorio de Equidad de Género.
Existe un alza, además, en los intentos de feminicidio. Según datos del Observatorio, hasta el 30 de junio se han documentado 71 tentativas de feminicidios, la mayoría con armas de fuego o por estrangulamiento. Esta organización es la única que al momento recopila datos confiables ante la ausencia de estadísticas oficiales detalladas por parte del gobierno.
“El asunto es uno serio y que nos preocupa de gran manera, particularmente porque vemos un incremento en todas las tipologías de violencia de género que experimentamos en Puerto Rico, y a la vez una disminución en los fondos para las organizaciones que atienden la demanda de servicios. Sabemos que, a partir de diciembre, muchas no tendrán cómo seguir con sus programas, poniendo en riesgo a una mayor cantidad de mujeres”, afirmó Figueroa a Es Mental.
En 2019, el 33 por ciento de los feminicidios íntimos fueron cometidos con armas; en 2025, esta cifra se acerca al 85 por ciento.
Mientras los casos siguen en incremento, los fondos para organizaciones que brindan apoyo a las víctimas y las víctimas secundarias (como los hijos) disminuyen, dejando a niños huérfanos, familia y sobrevivientes de la violencia machista sin acceso a servicios legales, psicológicos y de protección, así lo denuncia el Frente Amplio de Acción Social, un grupo multisectorial comunitario e interdisciplinario compuesto, precisamente por Figueroa, Janice Solivan y la doctora Ángeles Acosta de la Casa Juana Colón, Ivonne Lozada, abogada y activista de derechos humanos y la doctora Alice Pérez, psicóloga.
“Para que tengan una idea, en junio nada más, nuestra organización recibió 20 mujeres buscando apoyo psicológico y legal. Para una organización como nosotras, 20 sobrevivientes es una cifra muy alta, comparada con otros años de servicios. Y no solo llegan ellas, también sus hijos e hijas, las llamadas víctimas secundarias, un sector que queda muy invisibilizado no solo por el Estado, sino también por las entidades, porque hay pocos recursos”, señaló Solivan.
La falta de atención a estos menores es particularmente preocupante. Quedan huérfanos no solo de madre, pues también, en muchas ocasiones, del padre agresor, quien se suicida tras el crimen.
“La violencia que presencian o sufren impacta directamente su desarrollo emocional, afectivo y cerebral. Sin una intervención adecuada, pueden convertirse en futuros agresores o vivir con traumas severos”, advirtió Acosta.
“Me parece que una de las preguntas que nos hemos hecho todas, en nuestras reuniones, es cómo el Estado está manejando el dar el seguimiento al servicio psicológico a estos menores. Un servicio que debe ser a largo plazo, porque va a incidir en todas las etapas del desarrollo”, opinó Pérez, también especialista en salud mental.
Barreras institucionales: revictimización y la falta de voluntad política
Otra de las grandes barreras que enfrentan las sobrevivientes es la revictimización institucional. Desde cuarteles hasta tribunales, muchas experimentan burlas o son ignoradas por agentes que carecen de la preparación adecuada.
“Todavía hoy vamos a una comandancia con una víctima y nos topamos con un policía que la revictimiza. Si no tiene a nadie que la acompañe, se va. Y no regresa”, denunció Solivan, quien, además, es educadora.
Uno de los señalamientos más contundentes fue hacia el gobierno actual y su falta de compromiso real con el tema. “Este no es un tema prioritario para esta administración. No hay voluntad política. Las leyes existen, como la Ley 54, pero no se implementan. Y la reacción de la gobernadora ha sido culpar a las propias mujeres”, lamentó la licenciada Lozada.
De igual forma, aseguró que algunas legisladoras que se identifican como feministas han asumido un rol pasivo en todo el estado de emergencia. Sin presentar propuestas de ley o fiscalizar el incumplimiento de las ya existentes. “No hay una sola voz fuerte en la legislatura que represente a las mujeres en esta crisis. El activismo ha tenido que llenar ese vacío, pero estamos sobrecargadas”, añadió.
A todo esto se suma una cultura mediática que ha normalizado la violencia. Desde memes hasta titulares sensacionalistas, los feminicidios son tratados como un espectáculo. “Los medios deberían educar, pero lo convierten en morbo. Esto insensibiliza a la población y trivializa el dolor de las víctimas”, enfatizó Pérez.
El llamado es claro: ninguna niña ni niño debe presenciar la muerte de su madre a manos de un agresor, según Pérez. Sostuvo que Puerto Rico necesita políticas públicas fundamentadas en datos, voluntad política real y una inversión urgente en prevención, educación y servicios para víctimas. De lo contrario, la violencia de género seguirá siendo la otra pandemia que el país ignora.
Violencia contra las mujeres: ¿cómo se debe atener esta emergencia?
Las representantes del Frente Amplio de Acción Social coincidieron en que es hora de hacer lo siguiente:
- Fortalecer organizaciones de apoyo
– Aumentar los fondos para organizaciones que brindan servicios legales, psicológicos y de protección a sobrevivientes.
– Garantizar continuidad de programas que están en riesgo por falta de recursos.
– Atender también a las víctimas secundarias (niños y niñas huérfanos por feminicidios).
- Establecer un registro oficial de menores sobrevivientes de feminicidio
-Crear un sistema estatal que documente cuántos niños quedan huérfanos para garantizar atención a corto, mediano y largo plazo.
- Políticas públicas basadas en datos y evidencia científica
– Legislar con base en estadísticas reales (como las del Observatorio de Equidad de Género).
-No legislar bajo supuestos o presiones ideológicas.
– Revisar y enmendar leyes existentes que no se están cumpliendo.
- Educación con perspectiva de género desde la niñez
– Implementar programas educativos que enseñen sobre equidad, respeto y prevención de violencia desde temprana edad.
– Restaurar la educación sexual integral y libre de estigmas en las escuelas.
– Resistir presiones de grupos conservadores que han desmantelado estos esfuerzos.
- Crear voluntad política real
– Hacer del feminicidio y la violencia de género una prioridad del gobierno.
– Exigir a legisladoras y legisladores feministas que asuman un rol activo: legislen, fiscalicen y propongan.
-Desarrollar un plan nacional de prevención con enfoque interseccional y comunitario.
- Atención psicológica sostenida y accesible
– Ofrecer servicios de salud mental de calidad para mujeres y niños víctimas de violencia.
– Establecer intervenciones terapéuticas a largo plazo, especialmente para menores en desarrollo.
