Desde marzo de 2025 se ha buscado enmendar la Ley 408-2000 de Salud Mental, mediante el Proyecto de la Cámara 1007, una medida que ha sido discutida en múltiples vistas públicas ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Sin embargo, diversos sectores coinciden en que hay lagunas en la redacción del proyecto y denuncian la falta de participación ciudadana en el proceso.
Organizaciones como la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Frente Amplio de Acción Social, la Coalición Pro-Salud Mental y la Asociación de Hospitales insisten en que la medida, presentada por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, carece de precisión y podría derivar en enfoques “punitivos y no terapéuticos”.
De acuerdo con la doctora Zayana Figueroa, quien es integrante del Comité de Psicología y Política Pública, de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, y ha participado en la vistas, preocupa que en el texto de más de 200 páginas las intervenciones en casos de salud mental no están claramente definidas y la terminología utilizada no es coherente con la práctica de salud mental.
Que en la actualidad las intervenciones recaigan principalmente sobre la Policía y que en la medida no se haya enfatizado en cambiar esto, aumenta el riesgo de intervenciones violentas y consecuencias fatales, afirmó la psicóloga.
“Se propone que, desde el inicio, que exista algún tipo de consulta con profesionales de la salud mental, que puedan guiar a la Policía o emergencias médicas, especialmente en situaciones en donde no hay un profesional y la familia llama al 911 por miedo o agresividad del paciente”, sostuvo.
“Se trata de condiciones que requieren tratamiento, no castigo. Criminalizar la conducta impide que la persona reciba la ayuda adecuada y retrasa su estabilización y recuperación”, continuó.
En el memorial de la Asociación de Psicología se discute, precisamente, que el PC1007 acelera procesos para el ingreso involuntario y el tratamiento compulsorio sin exigir de forma explícita documentación de alternativas menos restrictivas, dejando margen a prácticas coercitivas.
El uso del término ‘retención’ en el Artículo 4.03 (Evaluación Inicial; Adultos Ingresados a Instituciones Proveedoras de Servicios en Salud Mental): de ingreso involuntario introduce un encuadre punitivo incompatible con el abordaje clínico, incrementando riesgo de estigmatización y afectando la respuesta en crisis. A su vez, se amplía la intervención judicial sin garantías equivalentes de defensa especializada ni capacitación en salud mental y trauma para operadores jurídicos.
El presidente electo de la Asociación de Psicología, el doctor Gerardo M. Medina Rivera, reconoció que ciertamente el proyecto partió con buenas intenciones cuando desde un inicio (en el 2025) se dieron varias reuniones con entidades, organizaciones, profesionales, academias y aseguradoras, pero pese a lo prometedor que parecía, en el camino algó ocurrió.
Y ante lo que considera una ruptura en la comunicación, se omitió la convocatoria de ciertos grupos, por consiguiente, la Asociación activó sus comités internos (de Política Pública) y (Asuntos Profesionales) para analizar el documento, digerirlo y detectar las principales preocupaciones.
Planteó que el lenguaje que se emplea en la medida, en relación con las intervenciones, es restrictivo, punitivo y estigmatizante. Además, el proyecto no reconoce determinantes sociales de salud mental como la pobreza, desigualdades, racismo y otros problemas estructurales del país.
Al invisibilizar estos factores se refuerza una visión excesivamente patologizante de la salud mental, aseguró.
Tampoco se ve que haya un plan detallado de coordinación de alta de un paciente, ya sea por hospitalización voluntaria o involuntaria.
“Desde la práctica clínica vemos a diario cómo los hospitales llaman de una día para otro buscando especialistas para referir pacientes, sin una coordinación de servicios. Eso genera una sobrecarga en las clínicas y afecta la continuidad del tratamiento”, describió el presidente.
Por su parte, el autor de la medida, Rodríguez Aguiló, recordó que, aunque se dio fin a las vistas públicas principales, se siguen recibiendo peticiones de los grupos, de cara a que se apruebe en febrero y pase al Senado.
El representante especificó que desde las páginas 91 al 96 hay un desglose del manejo de los casos, por tanto, las decisiones tomadas deben basarse en el récord médico de un paciente y en las recomendaciones de profesionales de salud. Las aseguradoras, por ejemplo, no pueden pasar por encima de estas directrices o las de un equipo multidisciplinario.
“Cuando se leen los artículos del proyecto, queda claro que lo primero que debe mediar es un historial médico y una recomendación clínica”, dijo el legislador.
Sobre las alegaciones del Colegio de Profesionales de Terapistas Ocupacionales de que las modificaciones los excluyen, Rodríguez Aguiló sostuvo que estos forman parte del equipo multidisciplinario en salud mental y continuarán ofreciendo sus servicios como han hecho hasta el momento. No obstante, considera su reclamo como uno de naturaleza económica, pues buscarían ser reconocidos explícitamente como profesionales de la salud mental para poder facturar directamente a las aseguradoras.
“Actualmente, facturan a través de hospitales u organizaciones contratadas, y eso no se ha alterado. Los pacientes seguirán recibiendo terapias ocupacionales como parte del tratamiento”, puntualizó.
Agregó que “el mensaje es claro; hay que dejar los intereses particulares a un lado y colocar al paciente en el centro de todo. El objetivo final es fortalecer el sistema de salud mental pensando, primero, en el bienestar del paciente”, concluyó.
Pensando en las voces de los pacientes, el Frente Amplio de Acción Social llevó a cabo una vista pública comunitaria de salud mental para evaluar el impacto de este proyecto en las personas que requieren los servicios continuamente. Reiteró, asimismo, que existen inquietudes sobre la ausencia de garantías claras sobre un consentimiento informado, la falta de mecanismos efectivos para privilegiar alternativas menos restrictivas y la carencia de recursos comunitarios reales que sostengan lo que la ley propone.
Su portavoz, la doctora Alice Pérez, destacó que es notable una tensión legítima entre agilizar procesos y proteger derechos humanos, “y desde nuestra perspectiva, los derechos no pueden sacrificarse en nombre de la rapidez”, señaló.
Recordó que, la evidencia y los estándares internacionales en salud mental, hacen hincapié en que las leyes deben orientarse a reducir la coerción, fortalecer la autonomía y garantizar que cualquier intervención involuntaria sea el último recurso, claramente justificado, limitado en tiempo y sujeto a revisión. Por tanto, sin definiciones claras, el riesgo es que el manejo de casos se convierta en una cadena rápida hacia hospitalización o intervención policial, sin haber agotado alternativas comunitarias menos restrictivas.
“Además de lo ya señalado, nos preocupan seriamente los riesgos de una implementación sin los recursos necesarios. Legislar nuevas responsabilidades sin garantizar servicios comunitarios, equipos móviles de crisis, manejo de casos ambulatorios y continuidad del cuidado puede convertir la ley en una herramienta ineficaz o incluso peligrosa”, continuó.
“Desde el Frente insistimos en que una reforma real de la Ley de Salud Mental debe centrarse en prevención, atención temprana, servicios comunitarios, respeto a la dignidad humana y participación activa de las personas afectadas. Sin estos elementos, cualquier cambio legal corre el riesgo de reproducir las mismas fallas que han profundizado la crisis actual”, finalizó.
