La muerte asistida médicamente vuelve a generar debate en Puerto Rico tras la presentación del Proyecto del Senado 1273 o la «Ley de Dignidad y Autonomía al Final de la Vida», que propone establecer un procedimiento legal, voluntario y estrictamente regulado para pacientes con enfermedades terminales.
Presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú, la medida tiene como fin que adultos diagnosticados con enfermedades terminales incurables e irreversibles, con una expectativa de vida de seis meses o menos, puedan solicitar ayuda médica para morir mediante la autoadministración de medicamentos prescritos.
De acuerdo con Soto Aguilú, debe tratarse de una condición irreversible y no se trata de suicidio, como algunos sectores han querido plantear.
“Yo no estoy hablando ni de suicio o eutanasia activa, sino de una muerte compasiva. Siempre me he enfocado en el paciente, porque he tenido 3 casos de personas que he visto morir de cáncer terminal: inflamados, totalmente desnutridos, la morfina no funciona. La persona solo quiere cesar el dolor”, afirmó durante una intervención televisiva.
“Holanda desde el 2002 lo tiene autorizado. Estados Unidos continentales tiene 13 estados que lo tienen legislado y lo que quiero es que Puerto Rico se inmersa en tiempo actual en una discusión profunda y seria”, continuó.
La misma conversación, aseguró, que desde el año pasado ha sido ignorada por la Comisión de Salud.
La Ley de Dignidad y Autonomía al Final de la Vida detalla que la decisión tendría que ser voluntaria e informada, libre de coerción o presión externa. De hecho, el paciente debe realizar varias solicitudes y cumplir con períodos de espera establecidos por ley.
Asimismo, dos médicos tendrían que confirmar el diagnóstico, el pronóstico y la capacidad del paciente para tomar la decisión.
El medicamento tiene que ser autoadministrado por el propio paciente, ya que la ley no autoriza que un médico u otra persona provoque directamente la muerte.
De existir dudas sobre la capacidad mental de la persona o la presencia de condiciones como depresión u otros trastornos que puedan afectar su juicio, se requeriría una evaluación de salud mental.
La aportación de la psicología al debate sobre muerte asistida
Precisamente, sobre salud mental, el presidente de la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR), a través de su presidente, el doctor Gerardo Medina Rivera, recordó que la entidad suele enmarcar estos temas desde una postura ética, científica y centrada en la dignidad humana.
Para la entidad, los debates sobre la muerte asistida requieren espacios de diálogo respetuoso y multisectorial que integren las voces de profesionales de la salud, juristas, académicos, pacientes y comunidades.
Mencionó, por ejemplo, que existen principios éticos de la psicología relevantes al hablar del tema.
Entre ellos el respeto por la dignidad y los derechos de las personas; reconocer la autonomía, pero también sus límites en contextos de vulnerabilidad.
Beneficencia y no maleficencia, que busca velar por el bienestar y evitar daños, incluyendo sufrimiento psicológico no atendido.
También, asegurar que decisiones no estén condicionadas por desigualdades sociales o falta de acceso a servicios y que se promuevan las decisiones basadas en evidencia, sin sesgos ni presiones externas.
La psicología entra en este tema de discusión, ya que es esencial en la evaluación del estado mental y capacidad de decisión de las personas, en la investigación científica sobre sufrimiento, calidad de vida, depresión y deseo de morir.
Así como el acompañamiento emocional a pacientes, familias y profesionales de la salud.
“Los profesionales de la salud mental ayudan a diferenciar entre un deseo autónomo y uno influenciado por depresión, dolor o desesperanza. Contribuyen, además, a procesos éticos de toma de decisiones y apoyan en el manejo del sufrimiento emocional y existencial. En este sentido, la APPR resaltaría la importancia de una participación activa, ética y basada en evidencia de la psicología en políticas públicas”, aseguró.
Por su parte, la doctora Joyce González Domínguez, psicóloga y también de la portavoz APPR, desde la psicología se pueden aportar herramientas de análisis, diálogo y reflexión y, sobre todo, dar voz a las personas.
“Muchas veces, cuando una persona está enferma o ya no se considera productiva dentro de la sociedad, se le quita capacidad de decisión. Entonces, son los cuidadores, familiares, profesionales o figuras de autoridad quienes terminan tomando decisiones por ella. Parte de nuestra aportación al debate debe ser precisamente devolverle la voz a la persona involucrada”, sostuvo.
Cuando se revisan investigaciones sobre la muerte, por ejemplo, se entiende el porqué para muchas personas sigue siendo un tema tabú.
Las distintas ramas de la psicología “permiten investigar qué estamos entendiendo por muerte asistida, cuáles son los principales retos asociados al tema y en qué circunstancias las personas podrían verla como una alternativa”, aseguró.
La investigación es una de las aportaciones más importantes en esto, dijo.
“Por un lado, podemos traer al debate los hallazgos que ya existen en otros países y contextos. Por otro, podemos comenzar a investigarlo con mayor fuerza en Puerto Rico para comprender mejor cómo nuestra sociedad entiende la muerte, la autonomía, el bienestar y la toma de decisiones al final de la vida”, puntualizó la doctora.
La abogada Sheylee Ann Flores recordó que la situación legal vigente en Puerto Rico no permite la eutanasia activa. Sin embargo, existe la Ley Núm. 160 de 2001 o la “Ley de Declaración Previa de Voluntad sobre Tratamiento Médico”, que da derecho a toda persona mayor de edad a emitir una declaración de previa voluntad aceptar o rechazar algún tratamiento, y que se designe a otra persona para tomar decisiones médicas en determinadas circunstancias.
El artículo 12 de dicho proyecto hace énfasis en que no autoriza la práctica de la eutanasia o “provocación de muerte por piedad”.
Explicó que desde el 2014 se han presentado varios proyectos alineados a lo que es la muerte asistida, pero ninguno ha llegado a una conversación mayor. Este último (el Proyecto del Senado 1273) tampoco busca legalizar la eutanasia activa, como se piensa.
“Hay un interés legislativo en discutir alternativas para pacientes con enfermedades terminales, que enfrentan sufrimiento severo, pero no buscan legalizar la eutanasia activa. Lo que se propone es permitir que, bajo circunstancias excepcionales, una modalidad de ayuda médica para morir”, señaló la licenciada Flores.
Concluyó enfatizando en la importancia que, ante una medida de esta naturaleza, sea indispensable que se celebren vistas públicas, y sin trámites tan acelerados.
